SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, agosto 29.- El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, Carol Antonio Altamirano, anunció que los legisladores del partido del sol azteca analizan con detalle las reformas con que se tipifica el feminicidio y otras formas de agresión.

Dijo que se trata de “una propuesta concreta para frenar la violencia contra las mujeres, que debemos reconocer como uno de los problemas sociales y una violación a los derechos humanos que demandan una atención urgente”.

El Diputado consideró positiva la intención de reformar el Código Penal y el Código de Procedimientos, así como para superar deficiencias de la Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Son propuestas que generan una intervención pública para que la perspectiva de género y la equidad sean asumidas como principios del conjunto de la sociedad; vamos a revisarlas con cuidado y de ser necesario haremos algunas adecuaciones, pero en lo general, son planteamientos con los que la izquierda siempre ha coincidido”, manifestó.

De acuerdo con el legislador perredista, los beneficios que deben establecerse con las reformas tienen que ver con establecer el delito de feminicidio con características que permitan a los jueces sancionarlo con penas de 30 a 40 años y sin ningún tipo de beneficio penal, lo que pondría a Oaxaca entre los primeros estados en tipificar esa conducta y dar respuesta a obligaciones internacionales.

También consideró importante tipificar la violencia en el noviazgo y en las relaciones de convivencia, de forma equiparada a la violencia que se presenta en las familias en términos psicológicos, patrimoniales, económicos y sexuales.

Aseguró que se debe establecer el tipo penal de violencia obstétrica, para enfrentar abusos del personal médico en la atención a las mujeres, como por ejemplo la inducción de cesáreas que no son necesarias, o la realización de episiotomías sin la autorización de la mujer.

Sostuvo que es vital reforzar las obligaciones de los servidores públicos para la atención a las víctimas de violencia así como para que se les otorguen medidas de protección, además de establecer una “Declaratoria de alerta” que pueda ser solicitada al Gobierno Federal por parte de los poderes del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos, los organismos de la sociedad civil o los organismos internacionales, cuando existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres en la entidad o se presuma una inadecuada investigación de esos delitos.

Carol Antonio sostuvo que la violencia contra las mujeres no sólo es una agresión a su salud física y mental, sino que expresa la desigualdad que vive nuestra entidad, ante lo cual, “los legisladores tenemos que poner nuestro esfuerzo y entender que un paso importante es cambiar las leyes para dar empezar a cambiar la vida cotidiana de las mujeres”.