A RESERVA.- En Oaxaca se ha implementado una nueva política de comunicación social bien desgastada en el quehacer público de este país. Implica el endiosamiento de personalidades y la divinidad de actuaciones gubernamentales que carecen de relevancia y se autocalifican de vanguardistas, insólitas, nunca vistas, excelentes, innovadoras, y en el peor de los casos, resultan verdaderas ocurrencias irreverentes, muchas de ellas fuera de la ley.
Por supuesto esta estrategia mediática requiere la certeza cínica de quienes gobiernan, de “informar” a un pueblo que carece en términos generales de mediana educación, que permita y tolere eso de “pan y circo”.
La incidencia abusiva de procurar vendernos mesiánicamente bondades inexistentes, que de tanto repetirlas pretenden se vuelvan verdades, considerando que las y los gobernados carecemos de la mínima inteligencia y selectividad de criterio; lo que se traduce en una franca afrenta a nuestra inteligencia.
Tarde o temprano el encanto de la alternancia se convertirá en frustración, al comprobar que la anunciada transición democrática se va quedando en espasmos populistas que solo reditúan ganancias a los muy cercanos nuevos viejos políticos y ahora a sus vástagos que se acomodan en puestos claves, como “promesas” de una nueva clase política de élite; hijos e hijas que recién egresan de universidades propias de la aristocracia mexicana o del extranjero, la mayoría de estos jóvenes, criados entre algodones e incongruentes discursos familiares sobre las misericordias revolucionarias y las indulgencias canónicas; las caridades al prójimo y la lucha de clases.
Retoños con conciencia social, que bajan de costosos vehículos seguramente blindados, con chofer y guarura, convencidos de que su hora será el tiempo de Oaxaca, que su inglés aprendido en Europa o al norte de América, modernizará –por fin- esta tierra indígena que les es simpática, en un espacio del mercado globalizado donde puedan practicar sus “estudios” y evangelizar pueblos.
Lo que sí es inaudito y ha asentado un pésimo precedente en la administración municipal a nivel nacional es la ilegalidad en la que se ha desenvuelto el gobierno de Oaxaca de Juárez, también de “la paz y progreso”, desde el primer día de su gestión y al parecer hasta terminar el primer año de gobierno, según lo anunciado por el propio cabildo que aprobó recientemente el “Bando de policía y gobierno municipal”, que sustituirá las Ordenanzas Municipales vigentes hasta el 31 de diciembre próximo.
El Ordenamiento jurídico municipal, cualquiera que sea su nombre –ordenanzas o bando- tiende a establecer los principios generales sobre el territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipal. Es el instrumento legal que permite actuar al Ayuntamiento en lo orgánico y administrativo, describiendo y acotando las funciones y actuaciones del funcionariato y servidores públicos municipales.
Sin entrar, por ahora, en el contenido jurídico de dicho bando, es claro que este regulará la función municipal a partir de su iniciación de vigencia, – el 1 de enero del 2012.
El actual Ayuntamiento encabezado por Luis Ugartechea tendría que haberse regido, sin excusa ni pretexto, gustándoles o no, de acuerdo o no, por las Ordenanzas Municipales vigentes al día de hoy, -y de acuerdo a lo aprobado por su cabildo hasta el 31 de Diciembre- en todas y cada una de sus expresiones regulatorias, orgánica y administrativamente.
La actuación pública municipal -para que se entienda- la de todos y todas los funcionarios de gobierno, el poder ejecutivo, que en el caso del municipio es el Ayuntamiento, lo que coloquialmente se conoce como la presidencia municipal y de manera errónea como “el municipio”, se constriñe en el principio de legalidad supremo que rige la función pública, conforme al cual, la autoridad sólo y únicamente puede hacer lo que la ley le permite -a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe-.
Dicho principio, aplicado a contrario sensu de manera particular, significa que la autoridad municipal de la capital de Oaxaca ha actuado desde el primer día de su gestión fuera de la ley, violentando el fundamental derecho humano de toda su población relativo a la certeza y seguridad jurídica, que debe garantizar precisamente éste gobierno municipal.
No ajustarse al marco jurídico municipal vigente, aún argumentando su desacuerdo en el propio cabildo, violentando de inicio la estructura organizacional del ayuntamiento y modificando estándares legales en su administración, es actuar ilegalmente, lo que implica responsabilidad del cuerpo de concejales. Tal vez su eminente consejero recién aplaudido por el cabildo no le informó al primer concejal municipal que un acuerdo político que ignore las leyes como forma de legitimarse despreciando de forma banal lo que hizo su predecesor, no lo absuelve de su responsabilidad de violentar tajantemente el estado de derecho.
Guardar silencio por ignorancia o tácita complicidad no exime de responsabilidad, incluso a la oposición, que pasan sin pena ni gloria, son siete bocas cerradas, siempre con el temor de ser cuestionados por su pasado reciente y al parecer por un sentimiento de vergüenza a su filiación política. Tal vez tendrían que redimirse poniéndose a estudiar y alzar la voz.
En fin, en algún otro lugar de mundo e incluso de México, la afrenta impúdica de una autoridad que actúa en la ilegalidad, cuyo gobierno está viciado de inconstitucionalidad por la violación sistemática al derecho humano fundamental de certeza jurídica, tendría que ser motivo de acciones legales y políticas que frenaran y revirtieran el cinismo que resulta más grotesco, cuando mediáticamente realzan la supremacía del tema de los derechos humanos y su insuperable majestuosidad, suscrito en el prócer quehacer de Ugartechea.
¡Qué desfachatez!
Por otro lado, como necesidad fundamental debo expresar mi profunda indignación por la cada vez más imponente violencia que salpica de sangre las conciencias y exacerba el espíritu. Por supuesto que no podemos quedarnos con el luto nada más, hay responsables, los intereses de la derecha; un responsable: Felipe Calderón.
