MÉXICO, D.F., septiembre 23.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso al Congreso de la Unión un nuevo sistema de justicia penal que instaura el juicio oral público y videograbado, derechos de las víctimas, detenciones urgentes sin orden de un juez, y facultades a policías para ejercer funciones del Ministerio Público.

La iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados señala disposiciones para el aseguramiento de bienes.

Incluye la figura de recompensa, medidas cautelares en favor de las víctimas y actualiza funciones del Ministerio Público, que son componentes de un modelo que persigue eficacia en la justicia.

Los particulares inconformes con una inacción del Ministerio Público podrán abrir acción penal, una capacidad que estaba reservada al fiscal, y además plantea un esquema para resolver procesos mediante acuerdos entre las partes, con opción de abreviar pleitos.

El proyecto que cambia desde los cimientos la investigación de delitos y la forma de llevar los juicios penales llegó a San Lázaro junto con una propuesta de impacto presupuestal, en el que tan sólo la Procuraduría General de la República (PGR) da cuenta de que requerirá de una ampliación de dos mil 24 millones de pesos y el Poder Judicial de la Federación estima que en los próximos cinco gastos anuales necesitará incrementos de 18 por ciento a 42por ciento, respecto del gasto programado en 2010.

Calderón afirma que ese rediseño de los procedimientos de la justicia penal incluyen las reflexiones de los Diálogos por la Seguridad, en los que las víctimas plantearon requerimientos que garantizan sus derechos como parte ofendida, y facilitan y aseguran la reparación del daño sufrido.

Hay una actualización tecnológica en los procedimientos, que toman en cuenta las formas digitales de documentación e información, así como los recursos multimedia, para, por ejemplo, registrar escenas en las que se cometieron delitos, y que tengan validez en los juicios.

El cambio en la legislación, asegura el titular del Poder Ejecutivo federal, modificará el ánimo de la sociedad, “porque en la medida en que se reestructuren las instituciones, mejorará el desempeño” de las autoridades que intervienen en un caso penal.

Sostiene que disminuirán los márgenes de arbitrariedad y que es posible con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, un sistema de justicia “eficaz, que satisfaga la necesidad social de resolver los conflictos jurídicos penales con certeza, transparencia y con respeto a los derechos humanos”.

Desde luego, crea los juicios orales, con jueces especializados en esta modalidad de impartir justicia y los provee de disposiciones a seguir para actuar con equidad y transparencia.

Quienes no hablan español, y en particular tienen lengua madre indígena, contarán con traductores en su defensa.

Una de las partes más detalladas contiene los derechos de las víctimas, un compendio de más de 40 puntos.

Resalta: el ser iguales ante la ley, el respeto a la dignidad de su persona, a su intimidad, a ser escuchados. Una víctima menor de edad debe gozar de la protección de los derechos constitucionales.

Se reconocen sus derechos a la reparación del daño sufrido, a que se le proporcionen atención médica, sicológica, y a identificar al victimario (imputado) sin riesgo para quien fue ofendido, y deberá ser protegido de riesgos de ataques en su contra.