OAXACA, OAX., octubre 4.- Directo, sin ambages, el secretario de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado, Marco Tulio López Escamilla, señala enfático:

“El desorden y la anarquía que privan en el transporte público de la entidad tiene un sólo remedio y ese es aplicar la ley sin distingos y sin visiones partidistas; es decir, poner orden al caos”.

La víspera de su comparecencia ante las comisiones Permanentes de Derechos Humanos y de Transporte de la LXI Legislatura del Estado, este miércoles 5 de octubre, el funcionario puntualizó que “esa es la solución y no otra”.

Antes, en su cuenta de twitter, López Escamilla respondió a las críticas en su contra por los operativos que realizan elementos de la SSP a su cargo en contra de los militantes de las organizaciones políticas y sociales que manejan “taxis piratas”, sin concesiones ni permisos para circular por parte de la Coordinación de Transporte (Cotran).

En medio del caos que generó el Frente Popular Revolucionario (FPR), que retó al Gobierno del Estado al poner en circulación 18 taxis sin permiso oficial, el funcionario pidió a la ciudadanía “no usar los taxis irregulares”.

A la Cotran, que dirige Pedro Silva Salazar, le solicitó “regularizar el servicio”, y a los concesionarios “cumplir los requisitos que la ley establece”.

En sus mensajes abiertos, sostuvo que a la SSP le corresponde aplicar la Ley y vigilar su exacto cumplimiento, respetando los derechos humanos.

Y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, les demandó “no confundirse”.

Hizo suyos mensajes respecto a que “el mayor problema, y no sólo del transporte, sino en general, es que se politizan temas que son de aplicación de la ley”, según retwiteó.

Pidió a sus detractores conocer el artículo 240 bis del Código Penal del Estado, el cual establece que quien preste servicio público de transporte en todas sus modalidades, sin contar con la concesión que otorga el Poder Ejecutivo, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 100 a 500 salarios mínimos de multa.

Igualmente, cuestionó a los infractores, sobre toda a quienes al detenerlos la policía, bajo el “derecho humano”, agreden al agente de la Ley.

También a “aquéllos que pretenden disfrazar la impunidad bajo el manto protector de los derechos humanos que fueron concebidos para otro fin”.

En su cuenta de Twitter insistió: “el infractor tiene el derecho humano de agredir al policía u oponerse a la Ley”.

A los abogados les preguntó si una concesión para el transporte público puede considerarse “propiedad” del concesionario, en virtud de que éste es una permiso que otorga el Gobierno Estado.

Sostuvo que el otorgamiento de una concesión debe ser sobre un principio tripartita de necesidad de la población para que se le preste el servicio, y del Gobierno para satisfacer una demanda pública, mientras que en el particular que tiene un vehículo para prestar el servicio, hay una necesidad de subsistencia.

Reprobó que “cuando la concesión se otorga por otras razones que no sea la necesidad, se pervierte el tema, pues se otorgan por razones políticas o de dinero.

“Las concesiones de taxi sólo deben otorgarse a trabajadores del volante, cuya única fuente de subsistencia sea ese servicio. No?”, cuestionó.

López Escamilla lanzó una serie de cuestionamientos: “¿Dónde y cuándo se descompuso el servicio de transporte público? ¿Quiénes fueron y quiénes son los responsables? ¿Quienes hoy tienen una concesión siguieron el proceso legal para obtenerla?”:

En defensa de las acciones que realiza la SSP, preguntó: “¿A quién conviene que subsista el actual caos en el transporte público. No creo que a la sociedad”?, devolvió.

Reiteró que “Oaxaca necesita orden en todos sus ámbitos de desarrollo y el transporte público no puede quedar exento de ello”.