SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, octubre 5.- Con una hora 20 minutos de retraso, el secretario de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado, Marco Tulio López Escamilla, acudió este miércoles a su comparecencia ante las comisiones de Derechos Humanos y de Vialidad y Transporte del Congreso del Estado.

Ahí advirtió que en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo “castigará las conductas inadecuadas y la ilegalidad no será tolerada”.

En lo que fue su segunda comparecencia formal ante diputados de la sexagésima primera Legislatura estatal, el titular de la SSP, de estar sentado en el banquillo de los acusados pasó a ser reconocido por sus cocimientos generales, sobre todo de carácter jurídico y hasta en el debate parlamentario.

Ante las críticas de los diputados Pavel López Gómez y Aleida Serrano, del PRD; Marlene Aldeco Reyes, del PAN; Flavio Sosa, del PT, y Elías Cortés López, del PRI, el funcionario estatal defendió los operativos de la Policía Estatal para detener a prestadores de servicio ilegales (choferes de taxis piratas), con base en el artículo 240Bis.

Dijo que han documentado que los prestadores de servicios no han cumplido con los requisitos de ley para obtener una concesión, lo que ha derivado en un caos en el servicio de transporte público.

Acusó que la actual Legislatura (LXI) no expidió el artículo 240Bis, y aclaró que esta norma tuvo el propósito de resolver un problema de antaño.

López Escamilla sostuvo que el problema del transporte público ha sido motivado por presiones políticas, sociales u otras más inconfesables que motivan desorden, piratería y acciones que afectan al mismo sector, a concesionarios y a la sociedad, que no tiene garantía alguna, al no contar con seguro en caso de siniestros, además de que afectan al Gobierno porque alteran el orden y la paz pública.

Atribuyó la convulsión a que en el pasado se otorgaron concesiones de manera indiscriminada.

“No sé si se cumplieron los requisitos, pero eso es lo que está afectando a la ciudadanía y la pacífica convivencia y el derecho de los concesionarios con muchos años establecidos”, señaló.

Frente a ello, aclaró que a la policía no le queda otra más que velar porque se respete la ley, que se aplique la norma, “que no digo que es la mejor, no hago juicios de las normas que aplica el Congreso, pero si no se aplica la otra opción es incurrir en los mismos vicios del pasado”.

Fue más allá al señalar que sus acciones de legalidad implicarían críticas, señalamientos, pero dijo que estos serán bienvenidos en virtud de que “vine con las responsabilidades del cargo porque ante el pueblo de Oaxaca al rendir protesta juré cumplir y hacer cumplir las leyes que emanen de la Constitución del Estado, sin excepción y sin reserva de conciencia y ni un doble propósito, con toda la honestidad del profesionalismo de este cargo que represento”.

López Escamilla concedió que aplicar la fuerza probablemente no es la mejor solución, pero subrayó que la SSP actúa antes de que el problema se desborde.

Del tema de transporte pasó a las la profesionalización de la policía, la cual, admitió, es una asignatura pendiente.

Resaltó, no obstante, que en el año 2010 las quejas contra los elementos del orden por violaciones a los derechos humanos fueron 74, y en lo que va de este 2011 son 45.

“Trabajamos para erradicar este mal, pugnando por una profesionalización, porque la policía está trabajando para proteger, servir y hacer cumplir la ley en todos los casos”, atajó.

Planteó que la SSP trabaja para ser un órgano técnico y no político, sin colores, que no distingue entre partidos, sino que simplemente a quien viole la ley se le aplica, “porque no hay persecuciones facciosas, no son perseguidos porque la actuación transparente que tenemos es justa y apegada a derecho”.

OAXACA NECESITA DE TODOS

La presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, Rosalinda Domínguez Flores, del PRD, pasó inadvertida, ya que se limitó a pedir a sus homólogos “no dejar la comparecencia en una reunión, porque Oaxaca necesita de todos y tenemos que hacerlo juntos”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pavel López Gómez, también del PRD, mostró un video donde elementos de Seguridad Pública se jalonearon con mototaxistas de San Pedro Comitancillo, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Cuestionó al titular de la SSP al señalar que “gobernar con seguridad no significa ejercer represión; por el contrario, debe actuarse en un marco de respeto a los derechos humanos, nunca más la fuerza pública para reprimir”.

Tras parafrasear al gobernador Gabino Cué Monteagudo, el Legislador del partido del sol azteca insistió en que la solución al problema del transporte público en la entidad no involucra la intervención policiaca de la SSP, pues se trata de un asunto que compete a la Coordinación de Transporte (Cotran) y a Tránsito del Estado.

Pidió explicaciones de quién ha ordenado el uso irracional de la fuerza pública para detener vehículos, y en el caso de San Pedro Comitancillo quién tomó esa decisión ante las agresiones que sufrieron y si existió una orden de aprehensión o de un Juez competente.

A su vez, el diputado Perfecto Mecinas Quero, del Movimiento Ciudadano (MC), critico que desde hace un año Tránsito del Estado viaja a la deriva en los operativos para la regularización de unidades de motor. “Tal parece que no quisieran poner orden”, cuestionó.

Pidió, no obstante, que en la problemática del transporte no se permitan más chantajes y situaciones que ponen en entredicho la “buena gobernabilidad” que se pretende.

“Eso se hacía en el pasado. Estamos en una nueva dinámica. La invitación es a todos los sectores, a las organizaciones, a exhortarlos a reconstruir los procesos de trabajo y negociación, pero sobre todo dejemos ya que la policía siga siendo enemigo del pueblo”, soltó.

En su oportunidad, la diputada Marlene Aldeco Reyes Retana, del PAN, pidió al titular de la SSP realizar sus actos apegos al marco legal, pues aseguró que “hay represión como la que vivió el pueblo de Oaxaca en el 2006 y no hay una coordinación con las distintas áreas del gobierno.

“Que la policía esté siempre en talleres de capacitación y nunca más volvamos a tener una queja de derechos humanos”, demandó.

El diputado Elías Cortés López, del PRI, consideró que el titular de la SSP está obligado a preservar la paz y el orden público.

Asimismo, criticó que en poco más de diez meses del nuevo gobierno, “todavía le siguen echando la culpa al gobierno anterior y eso no es justo.

“O se la van a pasar los seis años echándole la culpa al gobierno anterior y no atreverse a aplicar la ley o preservar la paz y el orden público”, espetó el priista y citó como “ejemplos de la injusticia e ilegalidad” los más de 50 muertos entre asesinatos postelectorales y sociales.

En tanto, el panista Joel Isidro Inocente pidió revisar si el titular de la Cotran, Pedro Marcelino Silva Salazar, tiene las aptitudes.

“Que diga o renuncie al cargo porque no podemos seguir con estos problemas. Día tras día en las regiones o municipios este problema se pone más grave”, dijo.

QUE RENUNCIE CÉSAR ALFARO

El diputado del PT, Flavio Sosa Villavicencio, enfiló sus baterías en contra del comisionado de la Policía Estatal, Roberto César Alfaro Cruz, y demandó al titular de la SSP la destitución de éste por su participación en los crímenes cometidos por el Gobierno estatal durante la represión del movimiento social en el año 2006.

En respuesta, el Secretario de Seguridad Pública dijo que “Alfaro Cruz ha dado muestras de profesionalismo y que tiene totalmente mi apoyo”.

López Escamilla aprovechó entonces para dar una respuesta contundente al tema de la comparecencia y, con ello, mostró sus conocimientos jurídico-legales y culturales.

El funcionario estatal exigió hacer “uso responsable del término represión”, que significa “contención y moderación”.

Dijo que puede haber represión legal, si se hace conforme a la Constitución e ilegal si se hace contrario a la ley.

“El uso indiscriminado de los lenguajes y vocablos nos lleva a darle un lenguaje. Quien meta a la cárcel, quien vendió concesiones o mató a alguien no podemos decir que lo estamos reprimiendo. Cuándo se vuelve ilegal e indeseable la represión es cuando se hace forma de las normas constitucionales”, asentó.

Sostuvo que “si se persiguen ideas como la libre manifestación, el derecho y las ideas, es plena y total represión”.

Recordó que en el pasado “por la razón de la fuerza se imponían conductas y pensamientos. Hoy impera la fuerza de la razón por eso privilegiamos el diálogo”.

Apeló a la responsabilidad de los legisladores priistas, panistas, perredistas y de todos los signos que tienen y no partido político a “asumir su responsabilidad social para dar paso a un cambio”.

Afirmó que el problema de la seguridad pública no se circunscribe a la política de los gobiernos, y para refutar a los diputados locales citó al extinto escritor Carlos Monsiváis: “los políticos piensan en elecciones; los estadistas en las futuras generaciones”.

López Escamilla aseguró que él no tiene partido político y no se le verá luchando por una concesión o puesto de elección popular, “sino en la seguridad, por mis capacidades, pocas o muchas, porque ese ha sido mi trabajo.

“A todas las organizaciones les he dicho que tienen derecho a protestar, pero si violan la ley voy a proceder contra ustedes”, advirtió.

Además de citar artículos y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Escamilla lanzó ante los diputados términos jurídicos en Latín.

Estos argumentos le valieron el reconocimiento de los representantes populares, por sus vastos términos cognoscitivos, y ya no tuvieron cómo rebatir el trabajo de López Escamilla al frente de la SSP.