OAXACA, OAX., octubre 7.- El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Barca) exigió este viernes a los gobiernos estatal y federal el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 135 habitantes de San Juan Copala, justicia para las viudas y huérfanos de ese municipio, y el retorno de las y los desplazados del pueblo triqui.
“Nos preocupa y alarma que a un año del otorgamiento exista desinterés e incumplimiento” de las medidas cautelares, expresó el organismo, mediante un comunicado emitido con motivo del cumplimiento del primer año de que la instancia interamericana ordenó al Estado mexicano acciones para garantizar la vida y la integridad de los triquis, el 7 de octubre de 2010.
La organización civil reconoció que una vez otorgadas las medidas cautelares disminuyeron la situación de violencia y las agresiones a integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, y las causas judiciales empezaron a avanzar, pero el proceso no ha terminado y “nos solidarizamos con la exigencia de justicia de los desplazados de San Juan Copala.
“El gobierno de Oaxaca, como parte del Estado mexicano, sabe que tiene una responsabilidad y compromiso para resolver la situación de impunidad que existe en la región, el desplazamiento de personas y la pacificación en la zona triqui; además es urgente y prioritario que el caso sea atendido de forma integral y de fondo”, expuso el Centro de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, pidió al municipio autónomo de San Juan Copala “que sean ellos quienes determinen el camino que los lleve a unificar su nación triqui, pues bien saben que hay muchos intereses políticos, económicos y de control que no los dejan unirse; existen muchos grupos que están con ellos y lejos de acercarlos a una solución, la complican”.
Recordó que BarcaDH y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, desde las primeras reuniones entregaron a las instancias responsables de la ejecución una propuesta integral para atender los temas de justicia, seguridad, salud, educación y retorno de los desplazados.
“Asimismo, solicitamos que instancias internacionales de derechos humanos, como la Oficina para México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ACNUR, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y Brigadas de Paz, acompañaran y estuvieran en las reuniones de implementación”, dijo.
En abril de 2011, “BarcaDH y Cedhapi renunciamos al seguimiento de la implementación de las medidas cautelares, en virtud de que los beneficiarios decidieron seguir con el acompañamiento del Foro Permanente por la Verdad, a cargo de David Sicilia, organización que también fue peticionaria y tiene la representación de los desplazados que se encuentran en la Ciudad de México”.
