OAXACA, OAX., octubre 24.- Miles de indígenas triquis, principalmente mujeres, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) marcharon la mañana de este lunes del mercado zonal de Santa Rosa al centro de la Ciudad de Oaxaca para exigir al Gobierno del Estado aclare el asesinato de su líder, Heriberto Pazos Ortiz, y castigue a los responsables.
En la marcha-protestaron participaron más de dos mil militantes y simpatizantes del MULT y de su brazo político, el Partido Unidad Popular (PUP), también creado por Pazos Ortiz, su líder histórico.
En el Zócalo de la ciudad celebraron un mitin, donde el representante de la dirección política de su movimiento, Santiago García Sandoval, reiteró que el crimen de Heriberto “es uno de los tantos que cometió el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz en contra de líderes sociales oaxaqueños”, sin que hasta la fecha tenga castigo.
García Sandoval recordó que Pazos Ortiz sufrió en 1991 el primer atentado que lo dejó postrado en silla de ruedas, pero el 23 de octubre de 2010 no pudo escapar a dos sicarios que lo seguían en motocicleta y lo balearon en inmediaciones del puente de El Rosario, límites de la Ciudad de Oaxaca.
Dijo que el MULT-PUP está en espera de que el Gobierno del Estado ejerza justicia, como lo prometió el gobernador Gabino Cué Monteagudo, y demandó “no fabricar chivos expiatorios”.
En un comunicado de prensa emitido con anterioridad, el MULT señaló que el asesinato de su dirigente histórico “fue un crimen de Estado cometido por las mafias del poder político”.
Señalaron que el gobierno de Ulises Ruiz provocó una serie de desapariciones y asesinatos en contra de dirigentes sociales, quedando marcado en la historia como uno de los gobiernos que a través de la represión pretendía exterminar el movimiento social y revolucionario.
“Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los pueblos se organicen, para que las comunidades indígenas luchen por mejorar sus condiciones de vida y poder cambiar este estado de cosas”.
Otra de las demandas fijadas en su “pliego petitorio” es la aparición con vida de las indígenas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, y los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes “nunca supieron de medidas cautelares y tampoco tuvieron el derecho a un juicio”.
También demandaron justicia para Lauro Juárez, indígena chatino, perteneciente a la organización Frente Popular Revolucionario (FPR).
Recriminaron igualmente que las investigaciones del atentado contra Uriel Díaz Caballero, líder del PUP, se encuentren estancadas.