SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, noviembre 9.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó este miércoles, por unanimidad, crear una “Comisión especial” para dar seguimiento al conflicto limítrofe entre habitantes de Oaxaca y del vecino estado de Chiapas, en la selva de los Chimalapas.

A propuesta de la diputada Marlene Aldeco Reyes Retana, del PAN, los legisladores aprobaron también hacer un “acompañamiento jurídico y político” a la controversia constitucional que el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, ha anunciado presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser un tema en defensa de la soberanía y el territorio de Oaxaca.

En apoyo a la propuesta de la panista, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del PT, demandó la solución definitiva del conflicto agrario, político y ambiental en los Chimalapas, derivado de las resoluciones presidenciales tomadas durante la era del priismo.

Además, respeto a los derechos humanos de los indígenas zoques, previstos en los instrumentos internacionales de garantías individuales signados por el Estado Mexicano, así como la cancelación de los permisos de explotación de recursos forestales.

El líder moral de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exigió igualmente el retiro inmediato de la policía chiapaneca del territorio comunal de los Chimalapas, que es oaxaqueño.

CHIMALAPAS DEBE ESCUCHAR QUE SU GOBERNADOR ESTÁ CON ELLOS

Y al gobernador Gabino Cué Monteagudo le requirió “que defienda con energía la soberanía del Estado de Oaxaca, porque los hermanos de Chimalapas deben escuchar claramente que su Gobernador está con ellos, en sus causas justas; no debe de haber ninguna duda en ello”.

A los chiapanecos, el diputado oaxaqueño del PT les pidió “no caer en el engaño porque no se trata de un conflicto entre pueblos hermanos”.

Al gobernador del estado vecino, Juan Sabines Gutiérrez, lo invitó a “no traicionar al pueblo chiapaneco y al pueblo de México, que defiende a éstos de los intereses madereros y ganaderos perversos”.

CONFLICTO DE MÁS DE 40 AÑOS

Al argumentar su propuesta, la diputada Aldeco Reyes Retana señaló que el conflicto limítrofe en los Chimalapas data de hace más de 40 años, y actualmente son dos mil familias, pertenecientes a medio centenar de comunidades, las que se encuentran afectadas por la disputa de tierras entre Chiapas y Oaxaca.

Refirió que este conflicto se agravó cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 1999, publicó mapas con los nuevos límites territoriales bajo el título de condensado estatal.

Dichas publicaciones realizaron modificaciones a los límites territoriales de Oaxaca, en los cuales el gobierno de Chiapas se adjudicó alrededor de 160 mil hectáreas de la zona oriente de los Chimalapas.

Precisó que para realizar la delimitación no hubo más que la indicación del entonces gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, en virtud de que no hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la nueva línea divisoria fue publicada silenciosamente desde 1999, en unos mapas que presentan límites mutuos distintos a los que históricamente son reconocidos y que datan del 14 de septiembre de 1824, cuando Chiapas se anexó a la República Mexicana.

Para rebatir la invasión de los chiapanecos, la Diputada panista argumentó que la legislación oaxaqueña señala que los límites entre Oaxaca y Chiapas eran en línea casi recta con dirección al norte, partiendo del Cerro de La Jineta al Cerro los Martínez, ubicado al pie de la presa de Malpaso, “pero con las modificaciones el lindero presenta ahora un trazo equivocado al interior del Estado de Oaxaca”.

En 1995 las Constituciones de ambos estados, en sus artículos 28 la de Oaxaca y tercero la de Chiapas, coincidían en sus colindancias.

Así, las 160 mil hectáreas que se adjudica el gobierno de Chiapas y que avala el INEGI, forman parte del decreto presidencial expedido en 1967 por el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Gustavo Díaz Ordaz, quien reconoció y tituló 594 mil hectáreas de tierras comunales a San Miguel y Santa María Chimalapa, con base en los títulos virreinales expedidos por la Corona española en 1687 y ratificados posteriormente en 1850 por el gobierno independiente.

A Santa María Chimalapa le correspondieron 460 mil hectáreas y 134 mil a San Miguel Chimalapa.

Sin embargo, antes y después de la resolución presidencial, 160 mil hectáreas de tierras han estado en litigio entre indígenas zoques de los Chimalapas con supuestos ejidatarios y ganaderos del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en las que han proliferado denuncias de invasiones armadas y enfrentamientos.

A propósito del anuncio de Martínez Álvarez sobre la presentación de la controversia constitucional por la alteración de los límites entre ambos estados a partir de 1995, “se ha originado la violación a la soberanía estatal con la ejecución de acciones del gobierno de Chiapas, especialmente la incursión de policías en territorio oaxaqueño”, condenó la Legisladora oaxaqueña.

Y ante las órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial de Chiapas en contra de algunos comuneros de Oaxaca, los diputados del PRI, PAN, PRD, MC y PT avalaron la creación de una “Comisión especial de legisladores” que se avoque a darle seguimiento al conflicto que se vive con habitantes del vecino estado de Chiapas, para salvaguardar la soberanía de la entidad y evitar la agudización del conflicto en los Chimalapas.

El punto de acuerdo, avalado también por los diputados Elías Cortés López, del PRI, y Perfecto Mecinas Quero, del MC, exhorta al gobernador Cué Monteagudo a “mantener informada a la LXI Legislatura de los acuerdos que se tengan con su homólogo de Chiapas, y que actúe como garante de la soberanía de Oaxaca”.

Además, que se pronuncie por la defensa de los recursos naturales en esa zona de Estado, ante los intereses perversos de las empresas madereras.