OAXACA, OAX., noviembre 12.- En lo que va del año un total de 86 mujeres han sido asesinadas en Oaxaca, cifra que es por mucho la más alta de la última década, por lo que integrantes de organizaciones sociales, urgieron al Congreso del Estado a aprobar en este periodo extraordinario de sesiones las reformas presentadas en agosto pasado, en materia de violencia de género.
Las activistas, integrantes del Colectivo Huaxyacac, Consorcio para el diálogo Parlamentario y la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, se manifestaron este viernes sobre el andador turístico de Santo Domingo de Guzmán.
Las mujeres colocaron una enorme cruz morada en el piso con 86 mariposas, representando en cada una de ellas a cada mujer asesinada en este 2011.
Ana María Hernández, integrante de Consorcio, indicó que únicamente de la fecha en que fue presentada al Congreso del Estado el paquete de iniciativas, a la fecha, han sido asesinadas 29 mujeres.
“La exigencia a los diputados es que de una vez por todas y luego de tres meses que han tenido tiempo y que nos consta que nos hemos sentado con ellos a discutir las reformas y hacer las adecuaciones necesarias, queremos que cumplan con su palabra de aprobar este paquete de reformas antes que inicie el periodo ordinario, porque sabemos que después va a ser mucho muy complicado”, señaló.
Para las organizaciones, agregó, esta realidad tan seria y grave que existe en Oaxaca no puede pasar a la ligera por la mente de los diputados; incluso, consideró, debería quitarles el sueño.
El paquete de iniciativas entregadas a la LXI Legislatura el 9 de agosto de 2011, por parte del Ejecutivo, contiene principalmente la tipificación del feminicidio como un tipo penal autónomo con elementos de accesible acreditación.
Otro punto es considerar como delito grave la violencia familiar e incrementar la penalidad para los agresores.
Asimismo, incorpora la facultad a los jueces y Ministerios Públicos para dictar las medidas de protección a las mujeres que viven con violencia, y en caso de no emitirlas se establece responsabilidad contra los servidores públicos.
Igualmente, tipifica la violencia obstétrica y se hacen reformas a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de hacerla más efectiva y aplicable.