SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, noviembre 15.- La sexagésima primera Legislatura del Congreso del Estado incumplió y no aprobó en el plazo establecido las leyes secundarias y reglamentos de la reforma constitucional que avaló el 6 de abril pasado, a propuesta del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Y es que el 12 de octubre pasado, la Cámara de Diputados prorrogó por 30 días la entrada en vigor de la reforma constitucional para poder analizar y en su caso aprobar las leyes secundarias y reglamentarias de los organismos autónomos y de los poderes Ejecutivo y Judicial.

La nueva fecha que fijaron los legisladores fue antes del 15 de noviembre, pero no cumplieron.

Fue en un sexto periodo extraordinario de sesiones, el 12 de octubre, cuando los diputados del PRI, PAN, PRD, PT, MC y PUP, aplazaron la entrada en vigor de la modificación, a 72 horas de cumplirse el plazo, que inicialmente era el 15 de octubre.

La reforma constitucional fue aprobada el 6 de abril, a propuesta del gobernador Cué Monteagudo, y se publicó hasta el 15 de abril en el Periódico Oficial del Estado.

A partir de esa fecha se establecieron 180 días para la elaboración de las leyes reglamentarias y secundarias, a fin de que una vez analizadas y aprobadas entrara en vigor la reforma constitucional.

Pero ante la falta de leyes secundarias y reglamentarias y el escaso trabajo legislativo de la Comisión de Estudios Constitucionales, 36 de 42 diputados aprobaron reformar el segundo transitorio constitucional, por el cual se estableció una prórroga hasta el 15 de noviembre, para la entrada en vigor de la modificación constitucional.

En ese entonces, al razonar su voto, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del PT, pidió no legislar al vapor ante los errores graves de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado.

El Gobernador envió 19 iniciativas de leyes reglamentarias y secundarias, a fin de armonizar la Constitución estatal; no obstante, el Poder Legislativo le regresó cuatro.

El Poder Judicial es el que ha cumplido con la entrega de sus respectivas leyes reglamentarias y secundarias, no así los organismos autónomos, como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).

En el eje de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Poder Ejecutivo hace la propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca.

En cuanto a los Mecanismos de democracia directa se envió la iniciativa de Reforma a las Leyes de Participación Ciudadana y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, así como también se hizo llegar la iniciativa de Ley para la creación de Consejo Consultivo del Estado de Oaxaca y la Ley que se encargue de regir su operación.

En gestión pública, el documento incluye las reformas a las leyes del Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad; de Planeación del Estado de Oaxaca; de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y Orgánica Municipal.

En el eje de Órganos Constitucionales Autónomos, el Mandatario estatal propuso reformar el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO), así como la propuesta de modificación al título y estructura de la Ley de la Comisión para defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos.

También se envío una reforma a las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como a la de Archivos del Estado de Oaxaca.

En el quinto y último eje que tiene que ver con el Poder Judicial, se envío para su análisis estudio y dictamen la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Oaxaca.

En esta glosa de dos tomos, el gobernador Gabino Cué también propuso abrogar la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y la creación de las leyes de Medios de Control Constitucional y del Juicio de Protección de los Derechos Humanos.