OAXACA, OAX., noviembre 24.- El Gobierno del Estado fijó su postura en torno a la “indemnización simbólica” que entregó a un grupo de víctimas del conflicto sociopolítico del 2006, luego del enfrentamiento en la víspera entre miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) y el representante legal de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh-Oaxaca), Isaac Torres Carmona.
Es que Porfirio Domínguez Muñozcano, dirigente de la Cofadappo, denunció que 20 personas de los 60 afectados quedaron fuera de este “apoyo” otorgado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo el 14 de noviembre pasado por un monto de 160 mil pesos a cada uno.
En medio de un enfrentamiento verbal que llegó a los jaloneos, durante una conferencia de prensa citada en el auditorio Jacobo Herrera Salazar de la Sección 22 del SNTE, la presa política del 2006, Socorro Soriano, denunció a gritos que “todos somos víctimas; pareciera que esto es lo que quería el Gobierno: dividir al movimiento, fragmentarlo y acabar con nuestras demandas”.
A continuación el texto íntegro del Gobierno del Estado, enviado por la Coordinación de Comunicación Social:
“Con pleno respeto a la legalidad, el Gobierno del Estado de Oaxaca ha llevado a cabo el cumplimiento de naturaleza judicial de indemnizaciones a las víctimas y afectados del periodo de inestabilidad y violencia ocurrido en la entidad en 2006, atendiendo las demandas interpuestas en siete expedientes judiciales promovidos en el trienio 2007-2010, por ciudadanos afectados ante diversas instancias jurisdiccionales y con base en recomendaciones dictadas por organismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos.
“Con esta acción se busca resarcir los daños del que fueron objeto ciudadanos oaxaqueños que resultaron agraviados por los hechos de violencia tan lamentables, lo que constituye un rotundo precedente nacional para la atención integral de víctimas.
“Con ello, el Gobierno del Estado de Oaxaca reafirma su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho, así como su voluntad para tutelar la defensa y la promoción de los derechos fundamentales de la sociedad oaxaqueña para que este tipo de violaciones no se repitan”.
