El año próximo el ejercicio de gobierno en Oaxaca no será normal. El reloj de las elecciones del 2012 va en cuenta regresiva y, quiérase o no, el primer gobierno de alternancia está ubicado en la arena de las próximas batallas electorales.

Los indicios del cambio deben observarse ya, de lo contrario las equivocaciones y los divisionismos serán capitalizados al máximo por los opositores electorales. Se ha dicho mucho que el gobierno actual llegó al poder con una alta legitimidad otorgada por los ciudadanos en las urnas, y efectivamente esto no se discute.

También se ha dicho que el actual gobierno está contra la pared, cercado por una red de intereses que reclaman el reparto de posiciones de poder y las presiones por mantener el status quo.

Esto se refleja en que no hay un sólo detenido por los agravios cometidos durante el conflicto 2006, a pesar de que se dispone de un sinnúmero de investigaciones e Informes sobre la situación, de asociaciones civiles, locales, nacionales e internacionales, así como de diversos organismos estatales entre los que destaca el Informe del caso Oaxaca de la SCJN.

Cinco años después, y a un año del gobierno del cambio, las heridas siguen abiertas, las movilizaciones continúan. En las manifestaciones de estos días concurren viejos y nuevos actores, salen a las calles los agraviados por los conflictos políticos, pero también quienes estaban del otro lado, algunas demandas pueden considerarse legítimas y otras no tanto; unas responden a reclamos históricos de sectores excluidos, otras a grupos que se ven afectados en sus intereses personales.

La sociedad se polariza entre la irritación ante los constantes bloqueos de vialidades, unos dicen que están hartos de protestas y otros dicen que están hartos de impunidad, que hay cansancio de injusticia.

También es claro que los agravios no se solucionan únicamente con dinero y que el mal uso de éste solamente provoca divisiones como la observada hace unos días entre agrupaciones de afectados.

Seguramente, así como hay algunos oaxaqueños que recuerdan con esperanza la frase del gobernador Gabino Cué, justamente el año pasado, en el sentido de que “ningún oaxaqueño estará tranquilo hasta que haya justicia” (Noticias, 23/11/10), hay otros más que lo recuerdan con escepticismo.

Los saldos del conflicto político del 2006 se asoman constantemente para recordarnos que hay memoria, que existen asuntos pendientes que se sintetizan en la expresión de la Secretaría General de Amnistía Internacional, Irene Khan, quien en su visita a Oaxaca en el 2007 (hace cuatro años), cuando afirmo que “no puede existir democracia en donde no hay justicia”.

Además de las secuelas del conflicto del 2006, se registran los saldos por desvíos de recursos millonarios en el pasado gobierno, se insiste en que se trata de “presunta corrupción”.

Precisamente hace algunos días, la Contralora General del Gobierno del Estado, Perla Woorlich Fernández, dijo a la prensa local que “no se ha dado aún la respuesta que la ciudadanía exige”, “la gente está decepcionada porque ningún ex funcionario ha pisado la cárcel” y que ella misma “está irritada” (Noticias, 22/11/11).

De acuerdo con la misma fuente, la Contralora reconoció que incluso en aquellos lugares donde existe verdadera corrupción, la dependencia a su cargo “no puede hacer nada más que revelar que existen situaciones irregulares”.

Esta situación resulta sumamente preocupante porque el compromiso del gobierno del cambio debería orientarse a no defraudar la naciente confianza de los ciudadanos, confianza en las leyes, confianza en las autoridades.

Las explicaciones técnicas del por qué no se han solucionado los problemas resultan insuficientes.

Lo que se haya realizado en Oaxaca en este primer año, es determinante para mandar el mensaje al país de que las coaliciones de partidos sirven para hacer buenos gobiernos y no solamente para desplazar al PRI, para ganar elecciones y pagar cuotas de poder, como dicen los denostadores.

El margen de maniobra del Gobierno estatal no es necesariamente sexenal, puede reducirse a dos años, dependiendo de los resultados electorales del próximo año y el consiguiente ajuste de cuentas de los adversarios, o bien, del respaldo de los afines.

No se trata ya de buenas intenciones sino de realismo político.

(*)Investigador del IISUABJO

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