A RESERVA.- El 30 de mayo del 2009 se publicó en el Periódico Oficial el Código de Ética para los Servidores Públicos de la Institución del Ministerio Público del Estado de Oaxaca, que no es más que una tabla de doce mandamientos de carácter enunciativo y para quien no la cumpla, da una sanción moral. ¿Qué es eso?
Es una tomadura de pelo, una ocurrencia de esas que solía tener el malvado URO. ¿Quién de los Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado sabría siquiera qué es la ética?
Incluso, afirmo que el mismísimo creador de este singular y chocarrero código, el doctor Evencio Nicolás Martínez Ramírez, se retorcía de risa comentando su puntada con sus secuaces de la calaña de Manuel Segundo de la Fuente Varela, fiscal de Combate a la Delincuencia Organizada.
Sin embargo, Evencio Nicolás no ha sido el peor o el más cínico; ha habido otros y otras.
Su sucesora, por ejemplo, María de la Luz Candelaria Chiñas, oscura y sin talento, con algunas puntadas irresponsables en su muy breve paso, como acusar veladamente a un ministro de la iglesia católica de Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez (Padre UVI), de encubrir a líderes triquis involucrados en hechos delictivos.
Cuando renunció fue severamente criticada por legisladores que la calificaron como falta de probidad, sin ética y promotora de la impunidad. Lo indudable es que no fue, ni con mucho, peor que don Evencio, promotor de la moral y la ética.
A unos meses del triunfo de la coalición de la paz y el progreso, la procuradora Chiñas renunció “por motivos familiares” y fue nombrado un nuevo personaje en los andamiajes de la política en materia de justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, importado desde la Secretaría de Gobernación federal.
López López, al protestar el cargo, se comprometió a seguir cuatro lineamientos generales para contrarrestar el fenómeno delictivo: modernización estructural y funcional de la Procuraduría; combate integral al crimen; combate a la impunidad y a la corrupción, y garantizar la transparencia.
La mayoría de Ministerios Públicos y agentes ministeriales siguen siendo los mismos que estaban en ese tiempo en que se supone fueron regulados por el laudable Código de Ética, impuesto por Evencio Nicolás Martínez Ramírez, esbirro de Ruiz Ortiz.
Por otro lado, no hay la mínima certeza de que los agentes del Ministerio Público siquiera sean abogados de profesión, titulados y certificados.
¿Cómo entonces pueden ser profesionalizados? Tampoco han aprobado los controles de confianza formalmente y, por supuesto, no justifican de ninguna manera estar debidamente capacitados.
Una buena parte de este personal se relaciona por algún parentesco, o por recomendaciones familiares y muchas veces de carácter político. Esta situación dificulta toda posibilidad de autonomía, como prevé la reforma constitucional en esta materia.
Las contradicciones resultan mayúsculas, se reforman las estructuras orgánicas cuando aún no es vigente la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado; el discurso sigue aludiendo a las inmejorables condiciones del cambio en la procuración de justicia, a pesar de declaraciones sobre cómo la institución está infiltrada y corrompida por el crimen organizado y la corrupción institucional.
El organigrama se abultó sustancialmente de facto, generando gastos mayores en algunas áreas, descuidando evidentemente otras.
Ahora existen –y no precisamente implica que funcionen–, dos subprocuradurías: Norte y Sur; cuatro subprocuradurías regionales; cuatro subprocuradurías temáticas: Subprocuraduría de Justicia para Adolescentes, Subprocuraduría de Atención a Víctimas, Justicia Restaurativa y Servicios a la Comunidad, Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Alto Impacto y, por supuesto, la que parece menos importante, Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Genero.
Además, tres fiscalías: de Atención a Delitos Electorales, de Control Interno y Evaluación, y Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales.
En el organigrama que presenta el directorio de la página web de la Procuraduría General del Estado, no aparece la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, que creó el gobernador Gabino Cué Monteagudo en marzo pasado para reabrir e investigar los expedientes del conflicto 2006, relacionados con los asesinatos de líderes sociales, miembros de la APPO, ejecuciones de ex jefes policíacos y la desaparición de dos integrantes de EPR.
Igualmente, el Poder Ejecutivo estatal integró, además, una Comisión ciudadana que se encargará de vigilar y acompañar las acciones de esta Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Dónde quedó?
Creó por decreto la Fiscalía Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales y la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.
Si la constante de los “decretos” fueran producto de simples ocurrencias, resultado de presiones y acuerdos con grupos de la tan aludida sociedad civil, el riesgo sería correr la misma suerte a capricho o desinterés del Gobernador.
Si no fuera de esa forma, la falta de formalidad legal hace estas instancias tan vulnerables como la otra, sin estructura normativa que implica competencias, funciones especificas con validez jurídica y la asignación de un presupuesto serio que obligue a planear, proyectar y ejecutar políticas y acciones públicas que revistan al personal y, fundamentalmente, a la o el titular de eficacia y legalidad.
Si no es así, son sólo parapetos, producto de la simulación y el engaño.
Cómo podría la procuraduría de Justicia del Estado hacer frente a las políticas federales y el requerimiento específico de trabajar en estrategias nacionales para abatir la inseguridad mediante actualización e información de datos, y acciones para combatir el delito de feminicidios y la trata de personas, entre otras.
Remembrando a Flavio Sosa Villavicencio en su salmo “déjeme decirle señor Procurador: aquí vamos a estar las diputadas y los diputados de esta LXI Legislatura para recriminarle si usted no hace bien las cosas”, cuando le otorgó su voto de confianza al entonces recién nombrado López López. ¿Se habrá construido una nueva Procuraduría de Justicia en la cual la gente tenga confianza?
Esta semana comparecerá ante el Legislativo estatal el Procurador General de Justicia en el marco del primer informe de gobierno, ¿Qué puede decir sobre la impunidad, la corrupción y la ineficacia obvia de ministerios públicos y agentes ministeriales? ¿Cómo justificará los más de 90 feminicidios ocurridos en los últimos once meses y la creciente y ofensiva violencia generalizada contra las mujeres? ¿Quién creerá que la delincuencia que aterra a la ciudadanía ha disminuido? ¿Habrá confianza en los orangutanes enmascarados que circulan por nuestras calles con armas largas y miradas lascivas? ¿Quién podrá asegurar que una denuncia penal es el principio de la justicia?
