OAXACA, OAX., enero 02.- Consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (EEPC), dijeron que los 84 millones de pesos que le fueron aprobados a instituto para este 2012, por el congreso del estaso a propuesta del ejecutivo, vulneran la operatividad del órgano electoral, pone en riesgo la estabilidad política municipal del estado y mutilan ilegalmente las prerrogativas a los partidos políticos, ante esto, Juan Pablo Morales García y Víctor Leonel Juan Martínez, anunciaron que interpondrán una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Amparados en el artículo 14 constitucional, aprobado en la reforma constitucional del pasado 6 de abril del 2010, el cual establece que los organismos autónomos “gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones”, lamentaron que el ejecutivo contraviniera esa norma.

Morales García recordo que el consejo general del IEEPC aprobó un proyecto de presupuesto de 212 millones de pesos, pero hubo un error de interpretación del ejecutivo del estado, en virtud de que el ejecutivo mando un proyecto de 84 millones, realizado con base en el presupuesto 2011 y sin analizarse, aun cuando hubo petición de los consejeros, fue aprobado por el congreso del estado.

De esta menera, Morales García, afirmó que el interponer la controversia constitucional, la razon no es e dinero, si no la autonomía vulnerada del IEEPC, “Lo que esta de fondo, que a raíz de la reforma constitucional del pasado 6 de abril, los diputados otorgan al IEEPC plena autonomía financiera y jurídica.

Es por ello, que en un ejercicio de congruencia el ejecutivo debió haber aprobado el acuerdo aprobado por el pleno del IEEPC y los diputados haber valorado íntegramente la propuesta del IEEPC y no modificar el presupuesto de 212 millones”, aseguró.

Y  reitero, que si se quiere respetar la ley,  el ejecutivo no tiene la facultad de modificar ese presupuesto, más que los tribunales.“Hay una violación a la autonomía, por eso vamos a emprender una controversia constitucional , que no es de los consejeros contra el gobernador, Gabino Cué Monteagudo, es una diferencia ante una interpretación que hizo este a una determinación de un órgano autónomo y el ejecutivo impuso el suyo en 84 millones de pesos”, reprochó.Morales García, afirmó que el ejecutivo del estado, no considero la distribución correcta a los partidos políticos, que en el proyecto del IEEPC representa un 35 por ciento.

Además desestimó, en el presupuesto planteado por el IEEPC, la organización del proceso electoral local de noviembre del 2012, en donde se elegirán 152 alcaldes y 42 diputados locales.

En contra parte, admitió que en México y en buena parte de América Latina el costo de la democracia es muy alto y ofensivo para un estado tan pobre, como es Oaxaca, “pero es cara porque la desconfianza y la corrupción en estas naciones, es altísima”, defendió.

Por su parte, Juan Martínez, detalló que van a la controversia constitucional en base al artículo 14 constitucional el cual establece que los órganos autónomos del Estado son entes públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones”, anotó. Completó: “Tienen el derecho a iniciar leyes en las materias de su competencia, presentar el proyecto de presupuesto que requieran para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, así como promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su competencia”.

Por ello, dijo, el modificar sustancialmente y omitir el presupuesto acordado por el órgano autónomo electoral, constituye una violación que debe dirimirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues existe una conculcación constitucional de incluir de forma exacta lo acordado por el Instituto.

Los consejeros también fundamentaran la controversia en base al artículo 105, el cual dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, de las controversias constitucionales entre dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.Juan Martínez, criticó que el ejecutivo, “ni si quiera tomó en cuenta el proyecto de presupuesto del IEEPC, que incluía, en base a la ley, el aumento a las prerrogativas de los partidos políticos”.

“No tomó en cuenta nuestro proyecto y por lo tanto esta violentando la misma reforma constitucional, porque hay una visión técnica-burocrática de un sector del ejecutivo”, sostuvó.

Advirtió entonces que con el presupuesto de 84 millones, aprobado por el congreso del estado, a propuesta del Ejecutivo del Estado, se pone en riesgo la operatividad del IEEPC, particularmente el inicio de operaciones del año electoral 2013, además de que, ante el aumento de la conflictividad municipal en las elecciones por usos y costumbres, se pone en estado de vulnerabilidad en la intervención de conflictos postelectorales.“Se pone en riesgo la estabilidad política municipal y con ello la estabilidad del estado, además de que se mutilan los recursos a los partidos”, alertó.

Puntualizó que el presentar la controversia, los consejeros buscan dejar un precedente y ponen en práctica la reforma constitucional, para que esta tenga valides y no sea mero discurso o texto sin sentido.

“Al margen de lo que dicten los tribunales si nos interesa dejar un precedente de la autonomía del IEEPC y que se deben respetar sus resoluciones y no se repitan este tipo de hechos por parte de otros poderes hacia el órgano electoral”, subrayó.Morales García, concedió que el resolutivo de los tribunales, puede ser en el sentido de que el presupuesto de egresos del ejecutivo, es ya un acto consumado, pero al dejar un precedente, el siguiente año el congreso y el ejecutivo analizaran verdaderamente el proyecto del IEEPC.

Desestimó una voracidad de los consejeros en materia recursos, y a contra pelo, pidió que se auditen todos los recursos en 5 tiempos e igual numero de instancias especializadas: una privada, transparencia internacional, la ASE, entre otras.“Vamos por una institución a la altura del momento democrático que estamos viviendo. Vamos un nuevo equilibrio de poderes y una real autonomía de los órganos autónomos, no es el dinero”, aseveró.

Juan Martínez, recalcó que uno de los fundamentos del presupuesto de 212 millones que busca el IEEPC, deriva de la reforma constitucional, en virtud de que el órgano electoral ya tiene la facultad de realizar ejercicio de democracia directa, el plebiscito, referéndum y eventualmente la revocación del mandato.

Para ello se debe crear un área especifica, pero con el presupuesto que se da no se contempla esa posibilidad. Además de que no se tomó en cuenta que ninguno de los trabajadores del IEEPC no tienen seguridad social, acotó.El presupuesto del IEEPC fue aprobado el pasado 22 de diciembre, por el congreso del estado, a propuesta del Ejecutivo del Estado. Inicialmente el órgano electoral pidió 212 millones de pesos, pero al final le autorizaron 84 millones de pesos.