SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, enero 9.- Las reformas a la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca aprobadas por la LXI Legislatura, cuya iniciativa fue enviada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, contribuirán a simplificar los trámites relacionados con la práctica de los avalúos inmobiliarios que se habían vuelto ineficaces.

El documento que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado señala que los ciudadanos, en su carácter de propietarios y poseedores de bienes inmuebles ubicados en el territorio, se ven directamente vinculados por el ejercicio de las atribuciones y facultades de las autoridades catastrales, las cuales se implementan precisamente con fundamento en la Ley correspondiente.

Las reformas de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca contemplan todo lo relacionado con las tablas de valores inmobiliarios, la determinación de los valores de la misma, así como la práctica del evalúo que se había vuelto obsoleto.

Así, se mantendrá actualizado el marco normativo regulador de la actividad catastral para salvaguardar las garantías de propiedad y seguridad jurídica en favor de los gobernados.

Con la entrada en vigor de las reformas aprobadas se simplifican los trámites catastrales a efecto de que las manifestaciones, avisos, solicitudes y escritos relacionados con las funciones y atribuciones propias del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca sean atendidos o contestados sin que exista un pronunciamiento previo.

Igualmente, se incrementa el plazo para que el Instituto pueda atender y resolver con mucha mayor eficiencia las consultas planteadas por los contribuyentes.

De igual manera, delimita que los escritos presentados ante el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca puedan ser objeto de improcedencia, brindando con ello seguridad jurídica al gobernado.

Indica también que ese ente público tiene la facultad para determinar no solamente la procedencia, sino también la improcedencia de los avisos, manifestaciones o escritos presentados.

La Ley Catastral reformada establece la figura de coordinadores, notificadores y verificadores adscritos al Instituto, lo que brinda certeza jurídica a los ciudadanos.