MÉXICO, D.F., enero 19.- Este jueves, titulares de los Tres Poderes del Estado Libre y Soberano de Oaxaca acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para interponer una Controversia Constitucional contra actos del Congreso local y gobierno del estado de Chiapas por la creación del pretendido municipio de Belisario Domínguez, en una zona territorial que pertenece legalmente a Santa María y San Miguel Chimalapas.

El gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado, Juan Mendoza Reyes, entregaron en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte dicho documento para su trámite respectivo.

Los titulares de los Tres Poderes del Estado y el Consejero Jurídico del gobierno estatal, Víctor Hugo Alejo Torres, señalaron que la Controversia Constitucional se basa en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demandando principalmente la invalidez de los siguientes actos:

a) El decreto 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas, mediante la cual se crean los ayuntamientos de Mezcalapa, el Parral, Emiliano Zapata y el pretendido municipio Belisario Domínguez.

b) La publicación, por parte del Gobierno de Chiapas del decreto antes señalado, realizado en la segunda sección del número 337 del Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa, el 23 de noviembre de 2011.

Esta es la tercera controversia constitucional que se presenta como respuesta jurídica a la ilegal acción del gobierno de Chiapas de otorgarles calidad de municipio a la localidad de Belisario Domínguez, ubicado en territorio oaxaqueño.

Cabe recordar que el pasado día miércoles, autoridades municipales y de bienes comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa presentaron dos impugnaciones ante el máximo tribunal de justicia de la Nación

Los representantes del Estado oaxaqueño indican que los mandamientos emitidos por el Gobierno de Chiapas son tendientes a materializar el decreto para erigir el supuesto municipio Belisario Domínguez, así como el establecimiento de la Policía Preventiva de Chiapas dentro de territorio estatal, además de actos preparatorios para establecer autoridades municipales en la localidad denominada “Rodulfo Figueroa”, y como actos de preparación y estudios técnicos para la construcción de obra pública.

La Controversia se apoya en antecedentes de tipo histórico y jurídico, cuya validez reclaman los tres poderes oaxaqueños, entre ellos, las resoluciones presidenciales de titulación de Bienes Comunales a favor de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, del año de 1941, además de que las Constituciones de ambas entidades federativas son coincidentes en sus límites territoriales.

Los representantes de los Tres Poderes del Estado solicitan a la Suprema Corte de Justicia que se decrete la suspensión de los actos impugnados en términos del artículo 14 de la ley reglamentaria antes indicada, a efecto de que no se sigan materializando los efectos de los mismos.

Igualmente, que se dicte resolución en la que se declare la inconstitucionalidad del decreto impugnado y de los actos que del mismo derivan, en virtud de ser contrarios a lo consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Gobierno del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso con la lucha de los pueblos Chimalapas y actuar con toda firmeza en la defensa de su territorio para tutelar los intereses y aspiraciones de las comunidades zoques y de la propia entidad.

Con este propósito, el Gobierno de Oaxaca ha sostenido una serie de reuniones con la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Estado de Chiapas, las comunidades de los Chimalapas y las instancias federales y estatales involucradas en esta problemática.

También se ha creado una Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas, con el objetivo de coordinar y apoyar con asesoría jurídica a los legítimos poseedores de la tierra, así como distender el conflicto, procurando preservar el patrimonio tangible e intangible de las comunidades indígenas zoques de la región.

Cabe señalar que con esta acción legal se expresa de manera nítida el compromiso del gobernador Gabino Cué de acompañar la lucha y las aspiraciones de las comunidades indígenas, como corresponde a un gobierno democrático que procura por sobre todas las cosas el bienestar de la sociedad oaxaqueña.