OAXACA, OAX., enero 27.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández, reveló que de la auditoria práctica al Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Gobierno del Estado, se detectaron irregularidades por 11 millones de pesos.

Desveladas las irregularidades, esa dependencia, realiza una investigación jurídica y administrativa para deslindar responsabilidades penales.

De acuerdo a la ex diputad local del PAN, se encontraron diversas irregularidades, entre estas, que no se observaron lineamientos para el gasto, no hubo comprobación del gasto que se efectuó, hubo préstamos que se hicieron sin cumplir la normatividad.

Además de que no había garantías en muchos de los préstamos para que estos se pudieran otorgar.

Woolrich Fernández, evitó revelar los nombres de los responsables, argumentando que sigue en curso la investigación penal y administrativa ante la unidad jurídica de la Contraloría.

Y es que dijo aún se esta conociendo del asunto por la vía penal y administrativa, porque han causado disgusto las anomalías en el fondo de pensiones, más cuando ya se habla de una reforma a la ley de fondo de pensiones.

En tanto, la contralora dijo que la ley del fondo de pensiones no puede permanecer estática, en virtud de que es obsoleta, porque tiene su origen en 1958.

“El retraso de reforma ha causado serios problemas para los trabajadores, aun cuando no se den cuenta, por ello, la cámara de diputados tiene que analizar la reforma porque es perfectible”, anotó.

En tanto, burócratas al servicio de los tres podres del estado, urgieron Woolrich Fernández y al Procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, a realizar una minuciosa auditoria e investigación sobre presuntos saqueos a las cuentas de la oficina de Pensiones del Gobierno Estatal.

Puesto que el grupo de opositores a las reforma a la Ley de Pensiones, aseguran que presuntamente hubo entrega de bonos y pagos mediante cheques a diversos funcionarios, delegados sindicales y políticos de manera indebida en la pasada administración.

Incluso los inconformes hicieron circular una serie de documentos en los cuales señalan nombres de los beneficiarios, número de cheque, monto y fecha de entrega, entre los que destacan, Josefina Silvia Leyva Castellanos y Juan de Jesús Vázquez Urdiales.