OAXACA, OAX., enero 27.- El Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López reveló que hay cerca de 20 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en la región Triqui por venganzas, disputas mortales y conductas antisociales entre indígenas de esa zona de la entidad.

Entrevistado durante la décimo tercera Audiencia Pública celebrada en el palacio de gobierno, el abogado del estado, aseguró que las órdenes de aprehensión son para integrantes de todas las organizaciones sociales que ahí confluyen, MULT, MULTI, Ubisort y ajenos a estas.

“Nosotros no vemos colores, siglas o militancia, la ley se aplica para todos y sin permitir impunidad para nadie”, atajó el titular de la PGJE.

López López, refirió que en el 2010 se documentaron 53 homicidios dolosos en la región Triqui, y el año pasado, las cifras bajaron a 25 casos aproximadamente, situación que no es fortuita, admitió.

Reiteró que en lo que va de la presente administración han ejecutado cerca de 10 órdenes de aprehensión, sin importar militancia en las diversas organizaciones sociales con presencia en la zona.

“Tenemos más de 20 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en toda la región Triqui por diversos delitos, no hemos dado carpetazo a ningún caso y las vamos a complementar en breve”, reveló.

López López, anotó que dentro de las 20 ordenes pendientes, están 8, originadas de las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el tema de los desplazados de San Juan Copala.

“Se acabó la impunidad, la ley se va a aplicar y atrás quedó el chantaje o la negociación para evitar el peso de la ley en Oaxaca”, dijo el procurador al tiempo que recordó que el pasado mes de diciembre se detuvo a Miguel Velasco del MULTI, por el delito de desaparición, aun cuando gozaba de medidas cautelares de la CIDH.

Apuntó que la problemática en la región Triqui del estado es multifactorial, dado que intervienen casos de violencia étnica, disputas agrarias o sociales.

Refirió que para amainar las acciones mortales, se ha trabajado en un programa de despistolización en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dicha región del estado.

No obstante, aclaró que la autoridad ejecutora es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien ha desplegado operativos de detección y aseguramiento de armas y turnado los casos al Ministerio Público Federal (MPF).

El funcionario público, manifestó que el aseguramiento de armamento tanto en la región Triqui como en algunas otras ha rebasado lo logrado en años anteriores y por consecuencia en administraciones pasadas.