SAN RAYMUNDO Jalpan, enero 28.- Diputados de la LXI Legislatura estatal aprobaron la mañana de este sábado una nueva Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, enviada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, con lo que se abroga la Ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en 1958.

Asimismo, con el voto de todos los diputados presentes del PAN, PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) se aprobó un punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental contrate los servicios de un despacho externo para auditar la Oficina de Pensiones durante los años 2008, 2009, 2010,2011 y 2012.

La nueva Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca deja sin efectos la promulgada hace 54 años, misma que había quedado fuera de vigencia por los cambios en los escenarios político, social, demográfico y económico que se han vivido y aún se viven, lo que ha repercutido en la descapitalización del Fondo de Pensiones.

Ante la inminente descapitalización del Fondo de Pensiones los representantes populares consideraron necesario aprobar esta nueva Ley que ajusta a la realidad socioeconómica la situación financiera del fondo y ajusta la seguridad social a la realidad demográfica y socioeconómica de la población afiliada.

En la exposición de motivos de la Ley aprobada se indica que el Gobierno del Estado, cumpliendo con sus funciones de empleador, proporciona a los servidores públicos parte de su seguridad social a través del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, cuyo objetivo es proporcionar oportunamente las prestaciones de seguridad social estipuladas en la misma.

El dictamen que fue aprobado en lo general con 33 votos a favor y uno en contra, y en lo particular con 23 a favor y 10 en contra, señala que el Plan de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 contempla el fortalecimiento de las finanzas y la eficacia del gasto público, y que para lograrlo de una manera sana y fuerte es prioritario que el Estado cuente con un sistema de Pensiones que garantice el financiamiento futuro de la seguridad social.

Cabe señalar que la seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez, vejez y muerte.

Entre los principales preceptos de la Ley aprobada por los diputados se encuentran la obligatoriedad que tiene ahora la Oficina de Pensiones de publicar reportes trimestrales y presentar anualmente sus resultados financieros, auditados por un despacho externo.

El Consejo directivo del Fondo de Pensiones estará integrado por seis miembros, tres de ellos propuestos por los poderes del Estado, dos por el sindicato, y uno por los jubilados y pensionados. Además, quien ocupe un cargo no cobrará, pues es “honorario”.

Otro punto sobresaliente es la aportación al Fondo de Pensiones por parte del Gobierno del Estado, ya que se incrementa de nueve por ciento a 18.5 por ciento.

El análisis de la reforma estuvo a cargo de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, Administración de Justicia y Presupuesto y Programación, que presiden los diputados Germán Rojas Walls, del PRI; Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN, y Francisco Martínez Neri, del PRD, respectivamente.

La sesión extraordinaria comenzó a las 05:10 horas y concluyó a las 07:05 horas de este sábado 28 de enero de 2012.