A RESERVA.- El origen de la violencia institucional, ejercida desde los gobiernos que se califican de democráticos, es precisamente el ejercicio tramposo y simulado de una disfrazada democracia representativa que cuando mucho es una “democracia” delegativa en un régimen patrimonialista.
Weber define a los regímenes patrimonialistas, señalando situaciones en las que los gobiernos transforman a los estados en el gobierno privado de quienes poseen el poder necesario para el ejercicio de la dominación.
Son formas de democracia delegativa las que se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente, sólo restringida por los intereses de las relaciones existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato (lo que implica modificar a modo la Ley Suprema).
La ciudadanía delega al gobernante el derecho de decidir a nombre de ella y el deber de administrar los recursos y políticas a su parecer siempre que sea por “el bien de la nación”.
Las democracias representativas, por el contrario, basan su existencia en la creación y fortalecimiento de instituciones políticas democráticas cuyo elemento fundamental es la representación que implica la responsabilidad del representante por sus acciones, ante quienes lo autorizaron a hablar en su nombre, dimensión republicana de la democracia: la existencia y la vigencia de una clara distinción entre los intereses públicos y privados de los funcionarios.
La violencia institucional es la violación a los derechos humanos desde las instituciones. Es decir, los abusos u omisiones en las atribuciones y responsabilidades de las instituciones y/o servidores públicos.
Sin duda, la violencia desde la estructura del Estado tiende a la disgregación y exclusión social y prácticas ajenas a la ley que son perpetradas precisamente por quienes tienen la responsabilidad social y legal de proteger a la ciudadanía, de mantener el orden en su territorio, de preservar la estabilidad y certidumbre de sus vidas constituyendo, una forma de violencia institucional que afecta a la sociedad en su conjunto.
La corrupción es una de las maneras más obvias de violencia institucional, que se reconoce en acciones como tráfico de influencias, manipulación de licitaciones, malversación de fondos y otras más. En un país con escasa tradición republicana, se produce la supeditación servil de los legisladores al oficialismo de turno y la complicidad del ejecutivo con la justicia.
La corrupción es un problema de inseguridad jurídica que necesariamente va acompañada de la impunidad (es decir, la ausencia de expectativas ciertas sobre un castigo), un tema institucional que atañe a la inexistencia de una verdadera división de poderes republicanos que permita el juego de los controles y de los contrapesos.
La impunidad requiere la primacía de la ley sobre las personas y la administración pública es decir dominio del Estado de Derecho.
De lo que se trata es que nuestras instituciones cumplan un papel protector. Cuando esto no ocurre, cuando las instituciones que deben proteger causan daño, lo hacen de una manera tal que, la violencia y el daño quedan mistificados y justificados, llegando incluso a desfigurar el Estado de Derecho.
Oscar Oszlak refiere que existe violencia de Estado cuando el propio estado impone desde el orden público una modalidad de funcionamiento excluyente, en la que diferentes sectores y organismos resultan marginados o discriminados.
Situación que se asocia a regímenes patrimonialistas en los que el gobernante ocupa el centro de la escena política y desde donde ejerce un poder omnímodo fundado en relaciones personales y obligaciones recíprocas con carácter de complicidad (designaciones, reemplazos, traslado o remoción de funcionarios)
En su obra Transparencia de la Armonía, José Tesoro afirma que “Las herramientas de transparencia del Estado son instrumentos que cumplen un rol meramente ritual, dado que la opacidad es sólo un síntoma de una problemática de anomia que se manifiesta a través de: 1)la violación del Estado de Derecho por parte de las coaliciones en el poder, 2) la impunidad con que dichas coaliciones ejercen y promueven la ilegalidad y 3) las artimañas y pugnas en que incurren dichas coaliciones para bloquear o desvirtuar eventuales resistencias a sus designios”.
Estos supuestos justifican la afirmación contundente y evidente de que en México, hoy por hoy, la cacaraqueada democracia representativa no es tal; los intereses, libertades, y derechos humanos de hombres, y aún más, de mujeres no están garantizados.
Los gobiernos, el federal, estatales y municipales ejercen violencia institucional en diferentes formas y grados. Oaxaca no es la excepción, día a día se reafirman hechos que lo demuestran. Referiré algunos recientes:
En relación al conflicto limítrofe de los Chimalapas, que ha sido ineficazmente atendido y violentado arteramente por Sabines, el gobernador chiapaneco; hace unos días, el congreso local aprobó irresponsablemente las modificaciones legales que permitan a la propia Cámara de Diputados dispensar el requisito del número de habitantes, a los centros de población o comunidades indígenas de los municipios cuyo territorio colinde con el de otras entidades federativas, argumentando que esta es una oportunidad histórica para que se reconozca y dé legalidad al pueblo zoque, ubicado en el territorio invadido por el gobierno de Chiapas.
Esta aberración jurídica hace oscura y discrecional la actuación del legislativo que lejos de resolver le pone pólvora al problema, al que seguramente no meterán las manos cuando estalle.
Mientras eso sucede, concejales de San Miguel Chimalapas se instalaron en huelga de hambre en los corredores de Palacio de Gobierno, por malversaciones de los recursos públicos, valiéndose del conflicto con Chiapas.
Días atrás trabajadores sindicalizados del área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, iniciaron un paro de labores para exigir demandas internas.
La respuesta institucional fue la represión con abuso de fuerza policiaca y el consecuente llamado al paro laboral y la movilización general; si bien pedía la remoción del Secretario de Seguridad, Marco Tulio López Escamilla, de manera sorprendente fue exonerado de toda responsabilidad, separando “temporalmente” a varios funcionarios menores, lo que implica violencia para la ciudadanía y para los propios trabajadores, e incluso, incerteza hacia los funcionarios que utilizaron como marionetas en el teatro que se montó.
La criminalización de la lucha social y la judicialización de las y los defensores de derechos humanos es una de las más aberrantes formas de violencia, tal es el caso de la detención por agentes federales de Lucila Bettina Cruz Velásquez, integrante del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas, acusada por los delitos federales de privación ilegal de la libertad de personal de la CFE, así como de supuesta “oposición a la explotación de las riquezas nacionales”.
El señalamiento permanente, de la falta de obras y la poca transparencia para la licitación, así como el poco consenso en la definición de las pocas obras en Oaxaca que se explican con espectaculares sobre el distribuidor vial, en lugar de promover el diálogo entre los ciudadanos y la secretaría en cuestión.
Esta semana se desbordó la violencia en la Cámara de Diputados, por la ineficacia y el incumplimiento del Estado, cuando habitantes de Santiago Amoltepec exigían solución al conflicto que se vive en esa comunidad de la Sierra Sur.
Militantes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, demandaron la desaparición de poderes en San José del Progreso, Ocotlán, luego de la violencia en inmediaciones de la mina Cuzcatlán
Absuelto impunemente de cargos en la instancia de la policía municipal, Zenen Bravo Castellanos, ex funcionario del gobierno de Gabino Cué, fue detenido infraganti por ejercer violencia familiar y simplemente lo vimos días después levantando los brazos en evento político al lado de López Obrador.
La libertad inexplicable del comandante de la PGJE, Joaquín Jiménez Ogarrio, detenido por cometer en perjuicio de su esposa e hijos violencia familiar, delito grave sin posibilidad legal de perdón, quien levantó la denuncia y, evidentemente, fue coaccionada por el policía para retirar los cargos y sin duda ahora se encuentra en grave riesgo.
Esto es violencia institucional, violencia de Estado.
