¿Qué tanto de consulta ciudadana es necesaria? ¿Hasta dónde llevar las opiniones de la gente? Los “expertos” seguramente pensarían en poner límites a la opinión y a la participación de la gente, puesto que suponen que las mayorías no saben lo que les conviene.

Así, el anterior gobierno estatal se impuso con el levantamiento de una lona, identificada de manera elegante como velaría sobre el auditorio Guelaguetza. La manta tuvo un costo superior a los cien millones de pesos.

Los “expertos” proyectaron una vida útil del tinglado de treinta años; sin embargo, un año después se tiene como respuesta que la lona quedó postrada con los primeros vientos de marzo.

Quizás la mejor solución sería cortar la manta en cachitos y repartirla entre los múltiples manifestantes que recorren todos los días las calles de Oaxaca para evitar insolaciones, total en la entidad siempre existen motivos para la protesta o para la escenificación de la protesta. Haría falta más lona.

La autoridad apunta que otros expertos iniciaran un peritaje “para saber con precisión que es lo que pasó”, aunque el hecho es que el monumento en recuerdo al gobierno anterior quedó por los suelos.

En alguna ocasión, un bolero del zócalo comentaba que había que tener precaución con la lona “por aquello de los vientos”, mientras una expendedora de frutas en el mercado expresaba asustada “ojalá que cuando esa cosa se caiga no mate a nadie”. Afortunadamente, cuando la lona se cayó no hubo víctimas que lamentar.

En esta ocasión tenemos a un gobierno que sí escucha a la gente, aunque lo hace al revés, primero empieza una obra y después, ante las reacciones en contra, decide poner la reversa, como es el caso del distribuidor vial de Cinco Señores.

Las millonarias inversiones en publicidad y los anticipos del contrato tendrán el mismo destino de la famosa velaría heredada por el gobierno pasado; sin embargo, los gastos en publicidad tampoco tendrán dividendos electorales en la próxima jornada de julio. Nada de nada, el dinero público se fue con el viento y dejó ganancias para unos cuantos.

Sirvan estos ejemplos para poner en cuestión el saber de los “expertos” y la necesidad de escuchar las opiniones de la gente común y corriente.

Que las percepciones y la participación de los ciudadanos si son necesarias en la construcción de buenos gobiernos y para hacer mejores programas; la consulta y la participación no sólo sirven para adornar los discursos de candidatos de todos los partidos y de funcionarios de los tres niveles de gobierno que se sienten “comprometidos con la gente”.

No basta con ponerle el apellido de “participación ciudadana” al Instituto Estatal Electoral, ni para promover foros de consulta y de participación que ya muy pocos recuerdan, ni para crear más burocracia en las oficinas gubernamentales como recurso de colocación de nuevos jefes de las áreas de participación ciudadana.

El saldo ha sido una camada de burócratas que no tiene la mínima idea de los significados y alcances de la consulta y la participación y por tanto, se encuentran desconectados de las necesidades reales y de las exigencias de la población a la que se deben.

Sin embargo, la manipulación de los términos de “consulta” y de “participación” si han servido de algo. Han arrojado ganancias en el ejercicio de fondos de los múltiples programas de gobierno que las registran como requisitos en sus reglas de operación.

Así ha sido desde el momento en que estos términos se pusieron de moda para hacer gobiernos democráticos que “escuchan a la gente”, a finales de la primera fase del priato y el inicio de los gobiernos de alternancia, primero en los municipios hace aproximadamente 30 años y en el gobierno federal hace más de diez.

Se han creado instancias intersecretariales, acuerdos de coordinación, convenios y se ha integrado una variedad de consejos de participación ciudadana por todos lados; los datos seguramente se registran en los archivos gubernamentales y en las notas periodísticas.

De igual manera, se trata de formalidades para el cumplimiento de las instrucciones de las instancias de regulación internacional.

La euforia con los términos “consulta” y de la “participación ciudadana” como recursos para construir gobiernos cercanos a la gente, distintos al modelo centralizado y autoritario que dominó la vida política del país durante el siglo pasado, permitía que los analistas políticos hablaran mucho sobre la “transición y la consolidación de la democracia”, de la “calidad de la misma”. En pleno paroxismo, los transitólogos anticiparon que “el PRI, se democratiza o se muere”.

En la realidad no ocurrió ni una cosa ni otra. Las prácticas centralizadas y autoritarias del viejo partido no sólo se extinguieron sino que se distribuyeron y se multiplicaron en sus opositores electorales.

La colonización de los partidos opositores no sólo ocurrió en términos culturales sino por la misma gente; ahora son los priístas quienes están a la cabeza de los otros partidos que combatieron con anterioridad.

Al mismo tiempo, la protesta social y la conflictividad política se han incrementado. Las denuncias por corrupción corren por todas las arterias del sistema, los abusos de poder y las suspicacias de los encubrimientos entre unos y otros están a la orden del día.

A pesar de ello, gobernantes federales, estatales y municipales de todos los partidos, han encontrado en el neoliberalismo las condiciones perfectas para seguir haciendo negocios, para construir obras de relumbrón, para contratar “expertos”, mucho mejor si son importados, pues suponen “que saben más”.

De esta manera, los mismos de siempre, sobrevivientes y beneficiarios de las alternancias y de la “transición democrática”, seguirán hablando ad infinitum de las causas de las mayorías, de los compromisos sociales, de la sustentabilidad de las obras públicas, como la velaría y el distribuidor trunco, de la “consulta”, de “muchísíma participación ciudadana”, y de más cuentos que escucharemos en las próximas campañas electorales con cargo a nuestros impuestos.

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