SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, marzo 21.- El Congreso del Estado hizo este miércoles un llamado al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que ordene realizar una investigación exhaustiva y completa sobre los crímenes de 90 luchadores sociales cometidos en los 14 meses de su administración por conflictos postelectorales, municipales y agrarios, entre otros.

Durante la sesión ordinaria, los legisladores de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC), aprobaron también llamar a comparecer en los próximos días al procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López, para que explique los hechos violentos registrados en los últimos meses donde han perdido la vida dirigentes de diversas organizaciones sociales.

En tribuna, inicialmente, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Hita Beatriz Ortiz Silva, solicitó a los representantes populares pronunciarse en contra del artero asesinato registrado en días pasados de Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

A esa demanda se sumaron los diputados Margarita García García, del MC; Ivonne Gallegos Carreño, del PAN; Flavio Sosa Villavicencio, del PT; Elías Cortés López, del PRI, y Emmanuel Alejandro López Jarquín, del PRD.

En su intervención, el diputado Cortés López dio a conocer que en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano se registraron 87 homicidios de luchadores sociales, en el de José Murat Casab hubo 85 y en el de Ulises Ruiz Ortiz se produjeron 108, pero en los 14 meses que lleva Cué Monteagudo ya van 90 asesinatos.

Señaló que esta última cifra está reflejada en las estadísticas. “Yo no lo digo, así lo estoy repitiendo, eso es lo que tenemos, lo real, lo duro, lo auténtico, lo que está pasando”, subrayó Cortés López.

A su vez, el diputado petista Flavio Sosa Villavicencio demandó revocar los permisos con los que opera la empresa minera Cuzcatlán en San José del Progreso, por no cumplir con los requisitos legales, lo cual hace ilegal el trabajo de extracción de oro y plata.

Explicó que la concesión fue otorgada de manera ilegal y en contravención de lo dispuesto por los artículos séptimo y decimoquinto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales.

Citó datos de la empresa según los cuales durante 2011 la mina produjo 490 mil 555 onzas de plata y cuatro mil 622 onzas de oro, y para este 2012 esperan 1.7 millones de onzas de plata y 15 mil onzas de oro, pero una vez terminada la ampliación generará anualmente 3.2 millones de onzas de plata y 25 mil onzas de oro.

Sobre el mismo tema, la legisladora panista Ivonne Gallegos Carreño indicó que desde la apertura y puesta en marcha de los trabajos de la mina Cuzcatlán, en el Municipio de San José del Progreso, en enero del 2008, se han registrado diversos actos criminales y reiteradas violaciones a los derechos humanos y sociales en contra de los habitantes de esa población.

“Se ha atentado contra la integridad física de la ciudadanía y la pérdida de vidas han desencadenado una desestabilidad social en la comunidad, donde prevalecen los usos y costumbres, y que ahora se encuentra al borde de la violencia porque ya no cuentan con ninguna garantía de paz ni de sana convivencia”, afirmó Gallegos Carreño.

Por su parte, los diputados Margarita García García, del MC; Emmanuel Alejandro López Jarquín, del PRD, y Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN, coincidieron con sus homólogos en hacer un llamado al Gobierno del Estado y al titular de la PGJE para que realice una investigación a fondo respecto a los hechos violentos donde han perdido vidas de luchadores sociales.