SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, marzo 28.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Mendoza Reyes, sostuvo que afectar la libertad de expresión es una forma de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país, porque toda agresión a los periodistas es también a la democracia y a los principios que conforman la nación mexicana.

Por ello, hizo un reconocimiento a la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso federal por adicionar el párrafo segundo de la fracción vigésima primera del Artículo 73 constitucional para atraer e investigar los delitos contra los comunicadores en el país.

Durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Estado efectuada este miércoles, el pleno aprobó con 35 votos a favor el dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales para sumarse a esa adición.

Ello permitirá que las autoridades federales conozcan de los delitos del fuero común cuando éstos se cometan contraperiodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.

En tribuna, el diputado Mendoza Reyes sostuvo que no se puede permitir que los periodistas sigan siendo víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados o desapariciones forzadas por el hecho de ejercer su actividad con objetividad y crítica.

Señaló que la libre manifestación de ideas, en todas sus posibilidades y alternativas, permite a las sociedades avanzar en la construcción del diálogo y el respeto a la pluralidad de pensamiento.

Por su parte, el diputado Elías Cortés López, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que en el actual Congreso de Estado es fundamental proteger el derecho que tienen aquellos que día tras día ejercen la libertad de expresión.

Al referirse a la adición del párrafo segundo de la fracción vigésima primera del Artículo 73 constitucional, dijo que ésta es una deuda pendiente que tiene en general el sistema democrático mexicano.

Expresó a sus homólogos que ante las diferencias políticas e ideologías deben coincidir en proteger el derecho a la información,porque el ejercicio del periodismo es de alto riego y en el afán de mantener informada a la ciudadanía quienes lo ejercen arriesgan no sólo su integridad física, sino incluso su vida.

“Por ello, lo menos que podemos hacer como legisladores es garantizar que las agresiones que sufran en el ejercicio de su profesión no sigan quedando impunes”, subrayó.

Indicó que la adición que se hace de un segundo párrafo a la fracción XXI del Artículo 73 Constitucional no privilegia a un grupo especial de la sociedad, sino que la protege porque salvaguarda su derecho a ser informada.

El diputado Cortés López dijo que NO se puede permitir que se sigan cometiendo ataques, violaciones, acosos, directos o indirectas, encaminados a silenciar la labor informativa de los periodistas, quienes hacen efectiva la libertad de expresión.

El también Presidente de la Comisión Permanente de Gobernación comentó que el periodista realiza tres funciones básicas en el quehacer diario de la sociedad: informar, expresar sobre asuntos públicos, vigilar y denunciar los abusos de autoridad.

Por su parte, el diputado Emmanuel Alejandro López Jarquín, nuevo coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la violencia contra los periodistas se ha intensificado en México y lo más lamentable es que estas violaciones han quedado en la total impunidad, lo que representa una ofensa para el ejercicio de la libertad de expresión y para el estado de derecho.

Calificó como “alarmante” que México ocupe el primer lugar como el más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, después de Irak en la ocupación de Estados Unidos en el 2003, según la organización Campaña Emblema de Prensa.

Esto representa una alerta para la renovación del marco normativo que permita a las autoridades competentes en los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos contra la libertad de expresión, indicó.

Puntualizó que es necesario incorporar expresamente en la legislación figuras que regulen la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que las autoridades actúen debidamente para proteger contra los atentados a la libertad de expresión.