PALABRA DE ANTÍGONA.- Cientos de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y decenas de escenas de violencia callejera, en la que participan delincuentes, miembros del Ejército y distintas policías, son reportadas a diario en nuestros medios de comunicación; las cifras de muertes evitables por cánceres femeninos, embarazos y tortura a manos de sus maridos, también son el pan de cada día.

Todos estos hechos que nos debieran dejar impávidas, rodean  las campañas políticas que a los opinadores les parecen aburridas y sin fondo. En este contexto, en el Distrito Federal el 24 de abril es, a pesar de esta sociedad puritana  y paralizada, un día memorable y emblemático, recordaremos cuando en 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas desde la concepción, y desde entonces las fuerzas reaccionarias y misóginas han conseguido incluir en 18 constituciones estatales el  reconocimiento de  la vida legal del feto desde la concepción.

Las consecuencias de estos hechos, con la complicidad de legisladores y legisladoras locales de todos los partidos políticos -lo que es lamentable-, van desde la restricción para distribuir anticonceptivos, limitar la legal anticoncepción de emergencia hasta el encarcelamiento de muchas mujeres acusadas incluso de homicidio, lo que ha generado una respuesta organizada de militantes feministas.

La persecución, no obstante continúa, las cifras y circunstancias resultan hasta ahora inasibles. Puede decirse que las mexicanas vivimos restringidas en nuestros derechos sistemáticamente, encima se nos reprime y  persigue. En cambio el crimen verdadero, la violencia contra las mujeres, la ilegalidad de los partidos políticos al no respetar ni sus leyes internas ni las que se mandatan y obligan por ley, hace de la impunidad una circunstancia mayúscula.

A cuenta gotas sabemos de apresamientos por aborto, injustificados y mañosos que dan la vuelta a la ley, con la complicidad de personal médico. Principalmente, jóvenes mujeres han enfrentado cárcel, persecución, y sentencias de hasta más de 20 años de cárcel, existen expedientes abiertos, en Veracruz, Baja California, San Luis Potosí  y sobre todo en Guanajuato, sin que las buenas conciencias se alteren.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el número de abortos inducidos en un país donde se practican en la clandestinidad y viven una sistemática restricción por ley, según  dice el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), al advertir que durante décadas se han utilizado distintas técnicas para medir la cantidad de abortos clandestinos, datos confusos, no verdaderamente científicos.

Sabemos, porque hace años que se hace investigación, que las instituciones privadas y públicas registran sólo parte de la información o en ocasiones ninguna, dice otra vez GIRE, porque se les registra como espontáneos o “sin especificar”.

También ello se debe a que  muchas mujeres se niegan a admitir que se han practicado un aborto; el personal de salud no suele reportar como tales los abortos inducidos y existe temor a las implicaciones legales.

Una cosa llama la atención, el proceso en contra de las mujeres es tremendo en los estados de la República y no puede esperarse un cambio porque quienes toman o quieren tomar decisiones, no toman posición alguna, antes al contrario.

Datos reveladores  en San Luis Potosí, son ejemplo de lo que está sucediendo, como para preocuparnos. La Procuraduría de Justicia informó al diario Pulso de aquella entidad, que son muchas las mujeres denunciadas, podríamos suponer que por médicos: 17 en 2009; en 2010 otras 15 y el año pasado 11. En total sumaron 43 las acusaciones en tres años. Del total de las mujeres acusadas seis fueron procesadas, tres de ellas en 2009 y otras tres el año anterior.

De la media docena de procesadas, dos fueron sentenciadas. Una fue absuelta y la otra condenada a 20 años de prisión. Se trata de una joven soltera de 20 años de edad, con estudios  de  bachillerato. Eso ha sido posible, porque el artículo 16 de la Constitución Política de esa entidad refiere que en San Luis Potosí se reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos humanos, “por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción”.

Pero no sabemos  qué pasa con la práctica del aborto, solamente en el Distrito Federal a partir de 2007, cuando se aprobaron las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud del D.F.,  que permitieron la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, se ha conseguido obtener un  flujo de información más preciso, transparente y con datos consistentes.

La opinión guardiana de “las buenas costumbres” decía se iban a disparar las cifras, pero las cifras  son evidencia de todo lo contrario.

Lo que la ILE permite es salvar muchas vidas y abrir la posibilidad de que hospitales oficiales, privados, médicos particulares, pueden realizar una interrupción, garantizando todos los cuidados.

De acuerdo con esta información, difundida y ordenada por GIRE, entre el 24 de abril de 2007 y el 29 de febrero de este año, 75 mil 176 mujeres se han practicado un aborto legal en buenas condiciones. En promedio mil doscientas al año y sólo en 2008, la cifra reportada es de casi 4 mil.

En los Hospitales de la Secretaría de Salud del D.F. han sido atendidas mujeres de todo el país: el 73.9 por ciento de esos más de 75 mil abortos son mujeres que viven en esta ciudad, una de las más pobladas del mundo; al Estado de México corresponde el 22.9 por ciento y, de acuerdo con la información, más de cien mujeres provenientes de Puebla,  Veracruz, Querétaro, Oaxaca y el conservador estado de Guanajuato.

Cifras nada espectaculares, si consideramos que hace algunos años se hablaba de medio millón de abortos clandestinos y hoy, la autoridad reconoce entre 120 y 250 mil, según quien los difunda.

Es importante saber que las mujeres que se practicaron la ILE en la capital, el 83 por ciento son católicas, principalmente de entre 16 a 30 años de edad, 52.9 por ciento son solteras y 45 por ciento tienen pareja (casadas o en unión libre). Es decir, un grueso volumen de mujeres que ya tuvieron hijos o sus parejas estuvieron de acuerdo. Tampoco hablamos de eso que decían los conservadores, mujeres sin responsabilidad.

Es evidente que la ILE sería una puerta ancha para acabar con el problema de salud pública que significa el aborto clandestino. Sería un camino que parece todavía lleno de obstáculos. Quienes aspiran a dirigir el país -candidatos y candidata- no se comprometen a nada, ni a disminuir la violencia contra las mujeres ni ha acabar con verdadero compromiso con la discriminación de la mitad de la población, y mucho menos, a reconocer este derecho de las mujeres para dejar de arriesgar su vida al acudir a la práctica clandestina del aborto.

A la candidata y candidatos menos les aflige que muchas mujeres, miles indígenas, campesinas y pobres, sean perseguidas por las fuerzas carceleras vestidas de jueces, policías, médicos y ministros del culto que las condenan antes que escucharlas.

Cinco años de libertad en el Distrito Federal, hace la diferencia, conservar éstas libertades parece lo más urgente, lo más importante para no perder todas las esperanzas en un país, calificado como inviable.