A RESERVA.- Hace 50 días fue pública la convocatoria que llamaba al Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia para el estado de Oaxaca, propuesto por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, lo que implicó expresamente el reconocimiento -a año y medio de su gobierno- que a pesar de su legítimo triunfo, ha venido desacreditándose día a día por el desorden que impera en su gabinete, su falta de autoridad frente a los grupos coaligados que cada vez piden más prebendas y privilegios actuando sin control y sin rumbo, totalmente desarticulados, sin eficiencia alguna, en concreto, un gabinetazo que no ata ni desata y las diversas reacciones de los sectores sociales, que manifiestan su descontento y hartazgo con el valido argumento de la falta de gobierno y el cuestionamiento per se ¿dónde está el cambio?

La tan publicitada convocatoria al Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia pareció un acto de debilidad y un desesperado llamado a los diferentes grupos sociales a fortalecer al “gobierno democrático” frente a su cada vez más disperso y desafiante equipo administrativo que rebasa cualquier intento o buena voluntad –si es que hubiere- de cumplir las promesas de cambio y transición democrática.

Por supuesto este llamado a la concordia social no tuvo de ninguna manera eco entre los grupos más ríspidos de la entidad, que lejos de agruparse alrededor del “gobierno ciudadano” vieron una coyuntura para alcanzar, bajo presión, mayores y mejores canonjías.

Lo que parecía un llamado a cesar las hostilidades de estos grupos que se manifiestan con movilizaciones callejeras, bloqueos y paro de actividades, resultó a contrario sensu, la oportunidad de demostrar su fuerza frente a la debilidad gubernamental, generando incluso un caos social mayor, lo que ha incidido, por un lado, en más poder de los grupos políticos al interior del gobierno y, por el otro, el descaecimiento de la envestidura del gobernador al separar del cargo a funcionarios de primer nivel sin explicar las razones -que sin duda hay de mas-, dando la impresión que solo acata los designios de una tropa que decide avasallando a la ciudadanía.

Claro es que algunos sectores sociales dieron cuenta mediática del apoyo al gobernador, solo citaré al rector de la Universidad Vasconcelos por sus argumentos específicamente excluyentes de cualquier responsabilidad de su amigo gobernador, afirmando que el acuerdo es claro, pues en él se expresa que las personas y organizaciones tienen derecho a manifestarse, hacer peticiones, criticar, esto ante los diversos rezagos históricos que registran la entidad, -como si la ingobernabilidad fuera un fenómeno histórico sin temporalidad expresa y sin implicaciones políticas determinantes y adjudicables-.

Así algunos organismos empresariales y muy pocos de aquellas organizaciones sociales, que incluso alguna vez le juraron lealtad y vistieron al gobierno de la paz y el progreso como ciudadano y democrático.

Desde entonces, casi dos meses después es obvio que la ingobernabilidad permanece asentada en actos y eventos que solo remozan la falta de estructura en el ejecutivo, fortalecen la impresión de autoritarismo y la sensación de desencanto social, deslegitimizando al gobierno del “cambio”.

Me refiero a múltiples casos concretos, solo algunos ejemplos palpables:

1. El desatino intermitente en la obra del paso a desnivel en Cinco Señores en la capital del estado, que polariza ánimos y manifestaciones que pretende, por una parte, consensar opiniones lo que no ha podido lograr fundamentalmente por la negativa del poderoso Alfredo Harp y del cuestionamiento permanente del grupo PRO-OAX, y por otra, la manifestación brutalmente reprimida de los trabajadores oaxaqueños de la construcción que legítimamente exigían su derecho al trabajo.
2. La amenaza cumplida de la sección 22 de la SNTE que a pesar de las súplicas de Gabino Cué, su oferta sin límites, su discurso público que exalta los “valores democráticos” y afanes por la “educación de excelencia” en Oaxaca; que burla, es realmente una afrenta a la población y al derecho fundamental de la niñez a la educación.
3. El terrible desatino al asignar en un proceso viciado como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a un personaje oscuro impuesto por Sergio Castro, sujeto perverso que juega todas las cartas con cuantiosas apuestas para permanecer impune y tener influencia política frente a cualquier color de gobiernos estatal y municipal.

Esta afrenta que conjuntamente con la Cámara de Diputados se cometió en principio contra la representación democrática y la participación ciudadana, ha deteriorado aún más la relación con la sociedad civil, esa que presumía Cué como signo de legitimidad.

4. La permanente ineficacia de la y los integrantes del “gabinetazo del cambio” que frente a los pomposos anuncios y la implícita publicidad de actos contundentes e históricos, han decepcionado sistemáticamente la confianza ciudadana con resultados insólitamente negativos y perjudiciales que son síntoma de ingobernanza.
5. La falta de aptitud en el gasto público que incumple con los compromisos y genera inconformidad permanente ante la cínica ineptitud de funcionarios como es el caso más escandaloso de Salomón Jara Cruz, secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca , militante petista y pejista, quien irresponsablemente regresó millones de pesos del ejercicio 2011 por su aberrante ineficiencia y descomunal prepotencia, y como él mismo dice a voz en cuello: “aquí estoy porque Gabino se lo debe al López Obrador y si algo no le gusta pues que se lo diga a AMLO, a ver si se atreve…” y por lo que se ve Gabino Cué no se atreve.
6. El último suceso que llama la atención es el reciente Acto de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado en Hechos del 2006-2007, derivado de la recomendación 15/2007, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Informe de Investigación 1/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los eventos políticos-sociales suscitados en la entidad durante este periodo.

Acuerdo que nuevamente refrenda sus características de culto a su personalidad y el exceso mediático al hacer de una obligación que, además fue punto medular de su campaña, la panacea que pretende remediar la ingobernabilidad reconocida y el deterioro evidente de su “gobierno del cambio”.

En este acto como monarca justiciero el gobernador pretende convencer de un nuevo proceso integral de reconciliación y reconstrucción del tejido social entre la sociedad oaxaqueña, -a ver si este si le pega- otra vez recurriendo y encumbrando al origen de todos los males que no ha podido ni castigar ni revertir las condiciones político-sociales que heredó.

Ante solo algunas víctimas del 2006, algunos funcionarios públicos y la espuria institución defensora de Derechos Humanos, el mandatario oaxaqueño afirmó, en airado discurso, que ahora sí asume el firme compromiso para hacer justicia y ofrecer garantías para evitar que estos hechos se repitan y queden impunes. Al parecer se le olvidó la exoneración que la justicia federal a los malos ulisistas por inconsistencias de la Contralora y del Procurador de justicia.

Y otra vez hace un llamado exasperado “a la reconciliación de la sociedad oaxaqueña, a las organizaciones, partidos políticos, sindicatos y líderes sociales. Juntos debemos construir las condiciones de paz y concordia social, que hagan propicio el progreso del estado” y, amorosamente, recurrió a sacar enconos del corazón y pretendiendo la ciudadanización de su gobierno remitió inconsistentemente a la sociedad la protección de los derechos humanos, que es solo debe garantizar un verdadero Estado de Derecho.

Hubo en este “magno e histórico” evento grandes ausencias, tanto en la representación de las y los afectados por la brutal represión de Estado en el 2006, considerando que la APPO tiene escisiones precisamente en el rubro de restituciones e indemnizaciones lo que seguramente ocasionará próximas inconformidades traducidas otra vez en manifestaciones callejeras; tampoco hicieron acto de presencia las organizaciones sociales que venían acompañando al gobierno democrático y ahora se sienten traicionados por la franca utilización en materia precisamente de derechos humanos y la imposición del “defensor”.

Por supuesto, como siempre se encontraban flanqueando al gobernador Alfredo Lagunas Rivera presidente del Tribunal Superior de Justicia, también designado a modo en agradecimiento a su suplente en el senado, y claro, la Comisionada de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, quien hasta ahora sigue fungiendo sin competencias legales establecidas y más parece que sirviéndole a Cué Monteagudo de máscara frente a terribles atropellos que violentan derechos humanos flagrantemente.