OAXACA, OAX., julio 13.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de su Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), cumplimentó la mañana de este viernes la orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en contra de MARITZA ESCARLET VÁSQUEZ GUERRA, dirigente de la Organización de Mujeres Priistas (OMPRI).

La Averiguación Previa refiere que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su apoderado legal, presentó formal denuncia en contra de la indiciada, pues por adeudo de cuotas patronales que tenía la Empresa NOVOPAN DE MÉXICO S.A. DE C.V., se embargaron cuatro bienes inmuebles que fueron puestos en remate, y ante la falta de postores se adjudicaron al IMSS.

Sin embargo, Vásquez Guerra, en su carácter de directora General de Notarías del Estado, expidió certificación de documentos presumiblemente alterados en favor de un particular.

El monto de los bienes inmuebles referidos es por la cantidad de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

El proceso transcurrió y el 8 de agosto del 2011 el IMSS fue notificado de que el Juzgado 4º. de Distrito en el Estadoconcedió el amparo y protección de la justicia federal a un particular, dejando así insubsistentes los embargos decretados a NOVOPAN DE MÉXICO, pues el quejoso manifestó que dichos bienes eran de su propiedad, exhibiendo copias certificadas de diversos instrumentos notariales, las cuales se encuentran presumiblemente alteradas.

La PGJE manifestó en este contexto que en este caso como en el resto se dio cumplimiento a un mandato judicial y descartó cualquier sesgo partidista o personal, dado que se trata de una querella presentada por una institución federal.

Agregó que la detenida Vásquez Guerra fue remitida a una clínica particular toda vez que al momento de su detención presentó una “crisis hipertensiva” que ameritó el traslado a un nosocomio, donde cuenta con vigilancia y quedó a disposición del Juez, quien resolverá sobre su situación jurídica.

Cabe señalar que el delito que se imputa a la lideresa del PRI no es grave y, por ende, procede la libertad provisional bajo caución.