OAXACA, OAX., julio 16.- Luego de que la diputada del PAN, Martha Patricia Campos Orozco, acusará que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hay una serie de irregularidades en la implementación del programa de Cocinas Comunitarias, la directora de esa dependencia, Fátima García León, rechazó las imputaciones y negó que existan adjudicaciones negociadas.

La esposa del Subsecretario de Desarrollo Municipal, Fausto Díaz Montes, aseguró que está dispuesta a comparecer ante el Congreso del Estado, para exhibir contratos y cada uno de las convocatorias para el proceso de licitación.

Aseguró que toda la información sobre las licitaciones y asignación de recursos está disponible como información pública. “Yo no entiendo el afán de la diputada. Sus acusaciones no tienen fundamento. Yo ya la invité a revisar el tema pero no se ha acercado”, declaró.

En lo que va de la administración de Gabino Cué Monteagudo, operan como Cocinas Comedor Nutricional, 2 mil 173; beneficiando a 360 municipios y a 213 mil 204 personas.

Fue más allá, al asegurar que no conoce al empresario Hugo Scherer, a quien presuntamente le fueron adjudicadas las cocinas comunitarias por un monto de 600 millones de pesos.

García León, indicó que la empresa contratada para el programa de Cocinas Comunitarias es Serel SA de CV. “Es totalmente infundado lo que dice la legisladora. Ella tiene cierta información pero creo que no la entiende, yo todavía le doy el beneficio de la duda”, se defendió.

En diversas ocasiones, expuso, la legisladora solicitó información al DIF pero sólo en relación al número de beneficiarios y cocinas en la entidad, y no sobre los procesos de licitaciones.

Aclaró que la licitación se hace de manera pública nacional acompañados por Contraloría, Finanzas y Administración a través de un comité de licitaciones, “nada se hace fuera de la ley”, asentó.

Lucrar o aprovecharse de este programa social, dijo, sería inhumano, inmoral e injusto, sostuvo. La operación del programa marca que el beneficiario sólo aportará diez pesos al mes por los insumos alimentarios. “Lo que tratamos es resolver un problema de alimentación”, dijo.

“No sé si un director general debe comparecer pero no tengo ningún problema para comparecer. Si la cámara de diputados en algún momento decidiera que yo lo tengo que hacer lo hago sin ningún problema, no estamos escondiendo nada”, asentó.