OAXACA, OAX., agosto 17.- Abuso sexual y maltrato privan en Albergues Escolares Indígenas en Oaxaca, donde entre otras cosas, obligan a las niñas a bañarse a la vista de los maestros, que pertenecen a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y ser la novia de alguno.

En medio de ello, autoridades municipales y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) son omisos y cómplices silenciosos.

La delegada en Oaxaca de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Concepción Rueda Gómez, reveló que en “Albergues Escolares Indígenas”, operados por la Sección 22 del SNTE y autoridades municipales, existen 4 casos de violencia física y abuso sexual contra menores que ahí pernoctan.

De esos casos, se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Además de los cuatro casos de abuso sexual, hay múltiples episodios de discriminación, castigos, maltrato físico y psicológico, los cuales son cometidos en los Albergues Escolares Indígenas de Oaxaca, refirió.

Fue durante una evaluación realizada por la CDI a los albergues escolares que se detectaron casos graves de acoso sexual cometido por parte del personal o miembros del comité, así como accidentes con consecuencias fatales por descuido y negligencia.

Ese diagnostico fue presentado este jueves ante más de 100 autoridades municipales del Estado.

Aún cuando los abusos contra los infantes persisten como una constante en los 365 albergues escolares y comunitarios, no hay una sola denuncia interpuesta por las autoridades municipales o del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

No obstante, la titular de la CDI, refirió que ha interpuesto una denuncia ante la PGJE recientemente y hay otras tres quejas ante la DDHPO, por omisión de las autoridades responsables de los albergues en la violación de dos niños y una niña en las comunidades de Tamazulapam, Atitlán y Ayutla Mixe.

Sin dar detalles en nombres de las localidades, personal de los albergues involucrados, sólo se limitó a decir que el último caso se presentó en el Albergue de Ayutla Mixes, donde abusaron sexualmente contra un niño de 7 años.

Aclaró que la operación de los albergues no es responsabilidad exclusiva de la CDI, en virtud de que estos son operados por maestros de la Sección 22 del SNTE, bajo la supervisión de las autoridades, pero en la mayoría de los casos por posiciones políticas, estos dejan de atenderlos.

En el esquema de operación de los “Albergues Escolares Indígenas”, dijo, que la Sección 22 del SNTE, destina a profesores y directores, autoridades forman comités de padres de familia, y son avalados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPÖ).

Comentó que algunos casos, al ser denunciados, las partes llegan a acuerdos, por lo tanto la CDI y las autoridades judiciales ya no pueden seguir actuando.

No obstante, del último caso, envió una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue y se actué en consecuencia o en su defecto que se pronuncie para cerrar albergues donde no son operantes.

Actualmente la CDI opera 262 “Albergues Escolares Indígenas” en las 8 regiones del Estado, con la modalidad de dormitorios y comedores; otros 103 sólo son comedores con bachillerato. En total atiende a más de 20 mil menores de comunidades y pueblos indígenas a lo largo y ancho de Oaxaca.

La titular de la CDI, refirió que el caso del niño de 7 años que fue violentado en el albergue escolar indígena de Ayutla Mixes, pertenecía a la misma comunidad. Este fue abusado en tres diferentes ocasiones por tres diferentes personas.

Mientras que en un albergue el director obligaba a las niñas a bañarse en el patio, en otro caso las adolescentes eran obligadas a servir como novia de algún miembro del personal, y en otro más se registró la muerte de un niño que no era parte del albergue, detalló Ana Gazga Pérez, Subdelegada de Desarrollo Social de la CDI, al presentar la evaluación.

Esta refirió que el abandono de los padres como de las autoridades de los albergues, ha permitido que durante el trayecto los niños sufran accidentes o sean violados.

Por la poca responsabilidad de las autoridades municipales y de los encargados de los albergues, hay registros fantasmas, carencia de servicios médicos, no hay control del número, entrada, salida y origen de cada niña, niño y adolescente en el albergue, anotó.

“Esto nos ha puesto en una disyuntiva de cerrar los albergues porque la situación de los niños es lamentable”, advirtió ante cientos de autoridades.

Y es que en busca de los recursos que otorga la CDI, los niños son anotados en las estadísticas de beneficiarios sin que físicamente se encuentren en los albergues, o durante las asambleas comunitarias se decide que los infantes vivan ahí obligatoriamente.

Lejos del fin para el que fueron creados, “los albergues se han constituido en lugares de riesgo y violación a los derechos de los niños”, concedió Gazga Pérez.

Agregó que la expulsión o dejarlos sin alimentos son otras formas de castigo aplicadas por los maestros y directivos. Además hay discriminación hacia las niñas, quienes son levantadas una hora antes que los niños para la realización de actividades de la cocina como la elaboración de tortillas y preparación de los alimentos, aunque existe personal destinado para esta actividad.

Gazga Pérez, cuestionó a las autoridades que los recursos que mensualmente destina la CDI para la compra de artículos de higiene no son aplicados, en virtud de que los albergues carecen de papel sanitario, cepillos de dientes o jabón.

Sin embargo hay facturas de compra firmadas por las autoridades municipales. “No sabemos que están pasando con los recursos”.

En la alimentación, los platos que consumen los niños son pobres en calidad y cantidad, además de que se privilegia la alimentación a los docentes, las autoridades municipales o los médicos de la comunidad.

Hasta las últimas consecuencias.

Bajo esa perspectiva, la delegada de la CDI, advirtió a las autoridades que llegará hasta las últimas consecuencias para castigar los abusos en contra de los niños. “El tema no se puede quedar debajo del colchón y en la oscuridad”, anticipó.

103 albergues comunitarios

5 mil 142 jóvenes

2 mil 540 mujeres

2 mil 602 hombres

262 albergues escolares

13 mil 229 niños

49 % de las ecónomas duerme con las niñas y los niños

24 % de los jefes duerme con los niños

26 % de los albergues ningún adulto duerme con los niños

Bajo esa perspectiva, Rueda Gómez, apeló a concretar un acuerdo entre el Sistema para del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión, con el Consejo de Tutela de los Mejores, “porque los niños no se quejan, no votan, no toman calles, a muy poca gente le interesa”.

“No puedo callar lo que pasa en los albergues escolares indígenas. Necesito el ancla de las autoridades, para que no sigan siendo violentados y abusados sexualmente. En los albergues escolares es cruda la realidad y no lo voy a permitir”, sentenció.

Para la operación de los albergues escolares indígenas, existe un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y lo que era el Instituto Nacional Indigenista. En su mayoría, los albergues son atendidos por personal de IEEPO y la Sección 22 del SNTE, mientras que la CDI proporciona los recursos para la operación.

En los albergues escolares en donde pernoctan los niños, la CDI destina en promedio 30 pesos diarios por niño y 21 pesos en donde sólo son comedores, pero también destina recursos para la compra de útiles escolares y compra de artículos de limpieza mensual.

En este 2012, la CDI destinó más de 30 millones de pesos para 103 albergues comunitarios en donde los escolares sólo toman sus alimentos, y 112 millones de pesos para los 262 albergues escolares en donde pernoctan los niños.