Las protestas poselectorales que observamos en este 2012 remiten a buscar el sentido de las expresiones de inconformidad en el largo plazo, considerando que la construcción de la democracia amerita un esfuerzo constante de revisión de los avances, de lo que queda pendiente, de los obstáculos en el camino, de las causas de las derrotas.

En varios medios se registra que quienes protestan repiten lo mismo que hace seis años y que sus denuncias vienen de tiempo atrás, que son testarudos y no se cansan.

Habría que apuntar que los problemas que señalan son los mismos, pero que no han tenido solución, que los fraudes son más sofisticados, que se ha diseñado una nueva ingeniería de la corrupción y nuevas redes de complicidad.

Aunque en esencia, los vicios del sistema se repiten, como el clientelismo desbordado en tiempos electorales y la manipulación de la pobreza como terreno fértil para la compra masiva de votos baratos por parte de los partidos políticos.

Así, el Movimiento Progresista denunció el exceso de recursos en la campaña del PRI a la Presidencia; un fenómeno visible para los ciudadanos pero invisible a los ojos del IFE, la FEPADE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estos últimos, el pasado jueves 30, tras varias horas de incontinencia discursiva llegaron a la conclusión de que no hubo compra del voto, ni encuestas manipuladas ni financiamiento ilícito.

Desafortunadamente, la invisibilidad de los vicios asumida por el tribunal, sienta un precedente para que estos vuelvan a repetirse por parte del PRI o de cualquier partido político, puesto que brinda carta de impunidad.

Además, la estrategia mediática del PRI va en el sentido de que sus acusadores son iguales, que también tejieron redes de intereses.

Nuevamente, desde las instituciones se da más materia para la protesta social; para los jóvenes del #132 que con justa razón “no quieren cargar con eso”, y para todos quienes se sienten agraviados en sus derechos y encuentran empatía en el llamado a la desobediencia civil de AMLO.

La revisión de lo que hace falta por hacer, la talacha por la democracia, no puede reducirse a momentos electorales; el trabajo es de todos los días y a todas horas, puesto que tiene que ver con la construcción de una nueva cultura política.

El esfuerzo no puede quedar solamente en manos de los dirigentes de los partidos políticos, de los nuevos gobernantes y de las dependencias que tienen la responsabilidad de observar el proceso.

En la talacha por la democracia no hay lugar para el conformismo; hay mucho camino por andar. Así se entiende en los planteamientos de las múltiples agrupaciones #132, de las asociaciones civiles y de diversos actores del movimiento social quienes denuncian las atrofias del sistema político e incorporan sus propuestas al debate público.

Oaxaca misma es una muestra de los valiosos aportes que se han dado desde la sociedad civil. Un ejemplo es la Ley de Participación Ciudadana, aprobada por la LXI legislatura el pasado 17 de agosto, que pondrá en operación siete mecanismos como plebiscito, referéndum, revocación de mandato, audiencia pública, cabildo en sesión abierta y Consejos Consultivos Ciudadano, y se indican procedimientos para su operación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).

Esta ley es una demanda añeja del movimiento social que fue adquiriendo forma en el 2006, en el contexto de la crisis política, que se articuló como iniciativa de Ley gracias al trabajo de un conjunto de asociaciones civiles.

De la misma manera puede observarse la aprobación de las reformas al Código Electoral (CIPPEEO), que consideran la paridad de género, el debate público, el reconocimiento a los sistemas normativos internos y el fomento a la participación de los pueblos indígenas, entre otros aspectos, no se explican sin el activismo de las organizaciones, pueblos y comunidades de Oaxaca.

En términos normativos no hay comparación con lo que ocurría hace 20 años, cuando la Secretaría de Gobierno se hacía cargo de organizar y supervisar todo el proceso electoral, en momentos en que se observaba la desmesura del poder del gobernador y su vínculo estrecho con el partido de Estado; cuando los municipios que fueron identificados como de usos y costumbres se registraban como municipios del PRI.

En la actualidad tenemos organismos ciudadanos, al menos en términos formales, mayor competencia partidista, aunque los partidos dejen mucho que desear, pues no se puede ocultar que se han convertido en grupos de interés y en agencias de colocaciones; se tiene también, el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas, por mencionar ejemplos.

Estos pequeños pasos muestran que las reformas legislativas no son concesiones de las burocracias gubernamentales y partidistas, sino que son producto del trabajo intenso y permanente de diversos actores que se han organizado desde mucho tiempo atrás bajo condiciones adversas y la descalificación de los medios informativos.

Y es que a pesar de lo logrado, puede insistirse que los resultados son insuficientes, que es necesario trabajar más, tanto en términos legislativos en donde faltan mecanismos para la rendición de cuentas de los partidos políticos, así como dar mayor peso a las iniciativas ciudadanas.

Además, hace falta lo más difícil, las condiciones sociales y políticas para el cumplimiento efectivo de las reformas y la construcción de la confianza de los ciudadanos en la autoridad.

Es decir, que todos los ciudadanos crean en la vigencia del Estado de derecho y que los encargados de garantizar el cumplimiento de la ley no defrauden la confianza ciudadana.

Los alcances no hubieran sido posibles sin el intenso trabajo de varias décadas de movilización colectiva fuera de las instituciones, lejos de los intereses de los líderes partidistas o en los márgenes de las organizaciones; los pasos no se hubieran dado sin los aportes de muchos activistas anónimos que quedaron en el camino.

En este sentido se puede apuntar que el tiempo del cambio político es mucho más amplio que un momento electoral; el sistema de pesos y contrapesos no solo depende de las alternancias y de los gobiernos divididos, sino de una formación ciudadana más responsable y exigente del cumplimento de derechos.

Investigador del IISUABJO

sociologouam@yahoo.com.mx