OAXACA, OAX., octubre 15.- Nuevamente la vida de la defensora de derechos humanos del Istmo de Tehuantepec, Bettina Cruz Velásquez ha sido amenazada de muerte además de las comuneras ikojts de San Dionisio del Mar por mantenerse en contra del megaproyecto eólico en la barra de Santa Teresa que pertenece a San Dionisio del Mar.
La Red Nacional de comunicación y acción urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México, condena las amenazas de muerte en contra de Cruz Velázquez y las comuneras ikojts de San Juan Dionisio del Mar también por parte de las autoridades locales, estatales y personal de la empresa transnacional que insiste en ingresar a la población para continuar con los trabajos de construcción.
Recordaron que el 6 de octubre se dio a conocer en un comunicado por distintas organizaciones en resistencia contra el proyecto eólico, que un grupo de priistas y de integrantes del sindicato CTM realizaron una marcha por las calles de San Dionisio, donde hicieron amenazas públicas específicamente contra Bettina Cruz Velázquez y Carlos Beas, además anunciaron que impedirían a cualquier costo la entrada de la Caravana de Solidaridad con la Resistencia del Pueblo Ikjots programada para el pasado 10 de Octubre.
Bettina Cruz Velázquez es una reconocida defensora del derecho a la tierra y al territorio y co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea ha acompañado a una serie de campañas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellas la organización comunitaria de los pueblos zapotecos e ikoots en resistencia a los proyectos eólicos de la región y al pueblo zapoteco de Xadani en contra de la alza de las tarifas eléctricas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Nos preocupa sumamente la situación de la defensora de derechos humanos Cruz Velázquez, pues no es la primera vez que es amenazada y víctima de agresiones, el pasado 22 de febrero de este año, fue detenida arbitrariamente por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec y continua con un proceso judicial, pues fue acusada de delitos del orden federal como privación ilegal de la libertad y daños a los bienes nacionales, configurados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), criminalizando así su labor de defensora de los derechos humanos.
Hacemos un llamado urgente, pues estas amenazas de muerte en contra de la defensora Bettina Cruz, se dan en el marco de un aumento de agresiones en la región en contra de personas que defienden los derechos humanos, como el intento de asesinato al defensor Isaúl Celaya, la brutal agresión en contra Moisés Juárez Muriel que fue emboscado por dos hombres y golpeado con piedras hasta quedar desfigurado.
Precisaron que a mediados del mes de septiembre pasado, después de haber concluido el “Primer Encuentro de la Nación Ikojts en Resistencia contra el Megaproyecto Eólico”, individuos fuertemente armados, en un claro acto de provocación y hostigamiento, arribaron al palacio municipal, resguardado por comuneras, comuneros y pobladores de San Dionisio del Mar, encañonando, fotografiando e intimidando a quienes se encontraban montando guardia.
Es lamentable que después de haberse realizado el Foro Internacional de Energías Renovables en la capital del estado, donde el gobernador Gabino Cué declaró que no permitiría el desarrollo de un proyecto eólico sin el consentimiento de los pueblos originarios”, a la fecha hay una serie de irregularidades y actos violentos en contra de los pueblos que se oponen al megaproyecto eólico.
El último de ellos registrado el pasado 10 de octubre cuando la Caravana de Solidaridad con la Resistencia del Pueblo Ikojts que se dirigía a entregar alimentos a los comuneros de San Dionisio del Mar que se mantienen en resistencia en contra de la imposición del megaproyecto eólico, y que estaba integrada por 13 vehículos que transportaron a unos 150 representantes indígenas integrantes de organizaciones sociales y observadores internacionales, y quienes fueron agredidos por al menos unos 80 individuos que portando piedras, palos, garrafas de gasolina, machetes e incluso armas de fuego, impidieron de manera violenta el paso de la caravana.
Por ello pidieron al gobernador Gabino Cué, garantizar la integridad física y emocional de la defensora de los derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez y comuneras ikojts de San Juan Dionisio del Mar.
Exigimos a las autoridades alto a la impunidad y dejar de minimizar los actos de violencia que se registran en el estado en contra de defensoras y defensores de los derechos humanos.
