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La pobreza en Oaxaca ¿Y el cambio?

A RESERVA.- Paul Spicker (1999) identifica once maneras diferentes de interpretar la pobreza sobre la base de: necesidades insatisfechas, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, múltiples privaciones, exclusión, desigualdad, pertenencia a una clase social, dependencia y padecimientos inaceptables.

Tradicionalmente la pobreza se ha entendido como la insuficiencia de ingresos y muchas de las interpretaciones del fenómeno enumeradas por Spicker encuentran sustento en esta concepción, que ha quedado corta ante la realidad social.

Referirse en la actualidad a la pobreza es referirse no solo a la falta de ingreso suficiente, mas ampliamente, a la carencia de capacidades vinculadas a los procesos de crecimiento humano, tales como educación, salud, trabajo, género, grupo etáreo y posibilidad de participación política, entre otros.

La lucha contra la pobreza debe procurar la solución de los problemas económicos y elevar las condiciones de vida que impacten necesariamente el desarrollo humano mediante eficaces políticas de estado, desde la institucionalidad democrática.

En un estado como Oaxaca, con alto índice de comunidades indígenas, con rezagos mayúsculos que aún y a pesar del “cambio” se encuentra tasada en los últimos lugares nacionales de crecimiento y desarrollo, las poblaciones rurales no son preocupaciones que estén presentes en la actual agenda gubernamental del actual gobierno.

Tampoco son temas muy presentes en las acciones de gobierno los procesos educativos y de la salud.

Los acuerdos políticos-financieros del gobierno gabinista con la descalabrada sección 22 del SNTE al frente de la educación oficial en Oaxaca han sido más importantes que el impulso “en función del desarrollo”; son inexistentes las campañas de alfabetización y casi nula o en retroceso la calidad de la educación quedando a la deriva en este rubro el rico potencial humano de nuestros pueblos frente al posible aporte al desarrollo económico, social y cultural.

En cuanto a generar posibilidades educativas en niveles superiores, se tendría que crear una propuesta que diversifique los estudios tecnológicos y universitarios “incorporando nuevas carreras y oficios indispensables para el desarrollo económico y social”.

Solo basta voltear a las regiones más pobres de la entidad –la sierra, la mixteca- para corroborar los índices de atraso educativo, que como siempre se agudiza en la población femenina.

Respecto de la salud, fundamental en el desarrollo de los pueblos, no se adjudica el estado oaxaqueño como tarea fundamental ningún programa de abastecimiento de agua potable y de otros servicios de saneamiento. Tampoco se encuentran referencias a dos grandes preocupaciones, -consecuencia inmediata de la pobreza- la desnutrición y la protección de la salud materno infantil.

El gobernador y sus amigos, aquellos que ostentan por designación puestos de poder casi monárquico, no hacen referencia directa a la lucha contra la pobreza o a las inequidades que afectan la distribución de la riqueza en nuestro estado, sino apenas una imprecisa referencia a “elevar el nivel de vida”, argumentando cínicamente los avances del gobierno de la prosperidad, inventando cifras y estadísticas que ofenden a la ciudadanía, afirmando la creación de miles de empleos o la disminución de la migración o difundiendo programas inaccesibles que generan esperanzas golpeadas.

Una de las más importantes ausencias de acciones serias es la pobreza y la discriminación. Resulta políticamente intolerable y moralmente inaceptable que algunos sectores de nuestra entidad se encuentran marginados y no participan de facto en acciones que además son anunciadas con platillos y tambora, pero que no llegan a ser realidad ni en su mínima expresión.

Tal es el caso de la inacción política que asegure la certeza jurídica y seguridad del pueblo loxicha, que aún se encuentran presos sin un debido proceso desde hace 16 años, autoridades municipales de ese tiempo.

O la cacareada paz en la región Triqui, cuando siguen persiguiendo y asesinando a sus dirigentes históricos y continúa desplazamiento de hombres y mujeres, y donde ellas siempre son las más afectadas.

O el tan anunciado año de la no violencia hacia las mujeres, cuando el número de feminicidios mayor que en los peores años del autoritarismo de Ulises Ruiz, precedente necesario de una alerta de género.

Un tema fundamental resulta la protección de los derechos humanos. No deja de llamar la atención las constantes declaraciones que al respecto hace Gabino Cué Monteagudo en un excesivo alarde mediático:

“Reafirmamos nuestro compromiso de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad o marginalidad…”

¿Será precisa esta aclaración? ¿es necesario seguir poniendo de manifiesto que todas las personas gozan de los mismos derechos humanos?

La asignatura de acciones frente a la violencia, implícita en la actualidad en el contexto nacional y su réplica en las entidades federativas, que se excusan algunos gobiernos locales y otros más como Oaxaca niegan el fenómeno o cuando menos lo minimizan.

De cualquier forma la violencia permea en las capas de la geopolítica oaxaqueña y viene acompañada del fenómeno de criminalización de la pobreza y actúa como otra de las cargas que los pobres llevan sobre sus espaldas.

En sociedades en las que la violencia está generalizada, esconderla con discursos soeces no la disminuye solo genera más corrupción y mayor impunidad.

No se nos debe olvidar que de acuerdo a los tratados y postulados internacionales, de los que el gobierno mexicano forma parte, de cuya responsabilidad son subsidiarios los gobiernos estatales, la eliminación de la pobreza es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común de los gobiernos.

Sin duda, existe una relación cierta entre la superación de la pobreza y la gobernabilidad democrática, sin embargo, la base del razonamiento de la lucha contra la pobreza es la más elemental dignidad humana que justifica por sí misma su erradicación, más aún cuando se la califica como crítica, lo que sucede hasta hoy ineludiblemente en Oaxaca.

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