A RESERVA.- La contribución actual y potencial de las mujeres al desarrollo político es una realidad, las mujeres en México participamos en todos los ámbitos y los niveles de la función pública. A codazos y empujones literalmente. ¿Qué falta entonces? Sólo procesos de igualdad, condiciones equitativas normativas y estructurales –ya sabemos: los estereotipos, la familia, los espacios preestablecidos, la violencia de género, también institucional; el pichicateo de nuestros derechos humanos, incluso los fundamentales, precisamente como los políticos -que a final de cuentas, han limitado aún ahora el acceso a posiciones de decisión de carácter público ya que subsiste una cultura política discriminatoria en el aparato público y no se diga en los partidos políticos.
Algunas cifras: En los ámbitos públicos y sociales, políticos, económicos, financieros, académicos y religiosos, ideológicos, científico-tecnológicos, culturales, militares y de representación social, las mujeres no alcanzan ni el 10%. Indicador de la participación de mujeres en puestos públicos de alto nivel 8.76 De casi 2 mil 500 municipios que tiene México, sólo 129 son gobernados por mujeres.
El centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género en su tomo “la participación política de las mujeres en el ámbito municipal” (2008-2012) refiere la limitada participación de las mujeres en espacios de poder y representación política da cuenta, entre otros, de los siguientes problemas:
a) La persistencia de una cultura política autoritaria y masculina.
b) La falta de democratización al interior de las instituciones del Estado.
c) La baja prioridad de la clase política para resolver los problemas y obstáculos que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones respecto a los hombres, lo que refleja una resistencia a integrarlas como sujetos políticas.
d) La falta de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y autoridad, lo que les impide traspasar de las necesidades prácticas a los intereses estratégicos de género, a fin de transformar la cultura política.
De tal forma que, aun aquéllas mujeres que logran llegar a ocupar ciertos espacios de poder suelen sufrir aislamiento y ser excluidas de la toma de decisiones fundamentales, si no cuentan o no logran obtener el apoyo mayoritario de los hombres.
Generalmente las mujeres son tratadas como minoría, ignoradas, intimidadas, predominando un ambiente masculino en el que la competencia y la agresividad son elementos básicos, características que deben ser desarrolladas por quienes aspiren a formar parte de la clase política con poder para definir y tomar las decisiones centrales de la agenda pública.
Por ello, es preciso subrayar que las restricciones en la participación política que padecen las mujeres no están determinadas por sus cualidades individuales (aptitudes, personalidad y habilidades personales), sino que son expresión de una cultura política androcéntrica que realza los valores masculinos y establece oportunidades desiguales en el ejercicio de la ciudadanía, cuyo resultado es la tendencia general de una participación política de las mujeres que se concentra en las posiciones de base, mientras que las de liderazgo, aquéllas de mayor estatus y altamente valoradas, sean ocupadas en mayoría por hombres.
Ni duda cabe que la función pública ha sido el espacio de poder que el patriarcado ha defendido con mas ahínco por lo que implica el poder de decisión desde el ámbito normativo y el mando como atributo de imperio que ha permitido determinar las acciones y políticas públicas, marginando la participación de las mujeres pretendiendo conservar su estatus de sometimiento a partir de la condición jurídica y social de la mujer y los procesos demográficos y de desarrollo. Ambigüedad, menosprecio y ocultación respecto de las mujeres.
El ejemplo más claros en la historia lo tenemos durante la revolución francesa con Olympe de Gouge al cuestionar la declaración universal de los derechos del hombre ¿y los de las mujeres? Como respuesta de “los iluminados” la condenaron a muete en la guillotina.
En México las mujeres no ostentábamos ciudadanía plena sino hasta 1953, la restricción legal no derivaba de una prohibición expresa, simplemente no se las nombraba respecto de sus derechos políticos; por fin después de una larga lucha feminista se modificó el texto del Artículo 34 Constitucional: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. A todo esto, todavía hay quien afirma que nombrar en femenino no es trascendente.
E una mayoría de casos, son las mujeres -cuando literalmente logran colarse en los escaños públicos- las que instan a los gobiernos a que destinen una mayor proporción de los gastos del sector público a los sectores sociales, concentrándas en particular en la erradicación de la pobreza en el marco del desarrollo sostenible, para alcanzar los objetivos de intensificación del desarrollo social. (Compromiso frente a la feminización de la pobreza).
Innovar democráticamente, desde los gobiernos municipales significa readecuar las estructuras de administración, los mecanismos de interacción con la ciudadanía, y el marco institucional de gobierno a un nuevo escenario, de tal forma que los resultados sean mejores tanto en la calidad de las acciones y servicios del gobierno local, como en la gobernabilidad democrática y en la confianza de la ciudadanía. La fuerza de una experiencia innovadora está en el compromiso responsable de las autoridades y en el impacto social de las acciones.
La importancia decisiva de la transición democrática y la alternancia política reviste posibilidades para introducir desde el nivel municipal la innovación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la institucionalización de programas de acciones afirmativas, como medidas dirigidas a remover las discriminaciones existentes y a impedir la realización de nuevas discriminaciones.
La perspectiva de género en las políticas públicas locales facilita una nueva forma de mirar y pensar los problemas, las necesidades y demandas, los procesos sociales y los objetivos del desarrollo local. Significa, entonces actuar firmemente por y con las mujeres, si con argumentos pero con la seguridad que dan las alianzas, fundamentalmente con la sociedad civil organizada, con otras mujeres que respalden y legitimen la representación pública de la o las funcionarias.
Se requiere cuando menos:
- Una metodología de trabajo a favor del principio de equidad de género y en contra de la discriminación-subordinación de las mujeres.
- El reconocimiento de la heterogeneidad de las necesidades y demandas de la población, considerando las de los hombres y mujeres sin confundirlas como lo mismo, así como el reconocimiento de las consecuencias diferenciales de las políticas y programas en la vida de las mujeres y los hombres.
- La posibilidad de establecer una nueva relación de calidad entre el gobierno local y las mujeres, que privilegie la identidad ciudadana de las mujeres, sus derechos humanos y su papel de actores estratégicos del desarrollo local.
Así la innovación democrática en este sentido hará una gestión municipal diferente con enfoque de género, solo entonces podrá lograrse la ampliación real y permanente de las opciones de las mujeres respecto de su acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo, a la vez que potencia también a las organizaciones sociales bajo sus condicionantes socioeconómicos, culturales, étnicos, etc., como actores estratégicos de la política pública local.
La incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal, y la institucionalización de las políticas públicas en todas las áreas y componentes de la organización política-administrativa municipal contribuye a romper barreras culturales y a redistribuir el poder entre los géneros en un esfuerzo decidido por fortalecer la equidad social y lograr las metas del desarrollo humano.
Combatir el problema de la desigualdad corresponde a todas las autoridades municipales, y no sólo a las que se encargan de las cuestiones relacionadas con las mujeres. Las políticas de igualdad son efectivas cuando implican a todas las personas con responsabilidad política y técnica, y cuando pretenden atacar los distintos aspectos de la desigualdad.
Perspectiva de género, transversalidad e institucionalidad, triada que debe cubrir ciertos requisitos básicos:
- Un posicionamiento de jerarquía dentro del organigrama, con el propósito de evitar la marginación y el aislamiento de la instancia específica de las mujeres, con el fin de que pueda ejercer influencia y desarrollar la capacidad de sensibilización, coordinación y transversalidad, sobre las áreas y órganos de la institución municipal.
- Un piso de recursos propios garantizado dentro del presupuesto municipal, de manera que inserte a las políticas y acciones de equidad de género tanto para la instancia en particular como la creación de un presupuesto con perspectiva de género debidamente transversalizado.
- Una cultura institucional de género dispuesta a la articulación de consensos abierta al pluralismo político y a las alianzas por encima –y a pesar– de las divisiones partidarias, las contiendas electorales, los desacuerdos y distanciamientos de militantes feministas.
Las políticas públicas locales de equidad de género han cosechado los logros de las múltiples luchas de las mujeres a lo largo de más de un siglo, por lo que deben asumir el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aún sufren las mujeres más o menos de acuerdo a las tradiciones municipales.
Todo lo logrado y todo lo que falta por avanzar, se expresa desde la esfera municipal marcando la diferencia, algunos, con el enfoque y relación tradicional de los gobiernos municipales hacia las mujeres, concebidas solamente en sus roles de madre, esposa, ama de casa, como beneficiarias pasivas de la asistencia social y como incondicionales voluntarias sacrificadas por el bien de los demás; cuyas acciones van de la ‘protección’ a la mujer que se encuentra en grave precariedad personal y social, protección con un fuerte contenido paternalista, imbuido de concepciones morales y religiosas tradicionales y planteada más desde la salvaguarda de la familia que desde los intereses propios de la mujer.
Otros ayuntamientos menos de los que quisiéramos, pasan al concepto de ‘igualdad de oportunidades’ y a la articulación de una política de carácter integral, dirigida a todas las ciudadanas y que tiene como base la consideración de las mujer como sujeto de pleno derecho en todos los ámbitos de la vida social.
Ahora, resta reflexionar de qué tipo de instancia municipal formamos parte o en todo caso en que rango se encuentra nuestro gobierno municipal…
