SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, febrero 6.- Por mayoría, la sexagésima primera Legislatura del Estado reformó la Constitución estatal en sus artículos 59 y 113 para dar paso a la Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas (APP) y con ello facultar al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que pueda ejecutar esos esquemas de financiamiento que ya tiene previstos por un monto inicial de más de 35 mil millones de pesos, aún cuando signifique más deuda pública para Oaxaca.

Con 32 votos a favor de los diputados del PRI, PAN, PRD, MC, PT y PUP, y sólo uno en contra del diputado priista Marco Antonio Hernández Cuevas, los Legisladores cambiaron en su sesión ordinaria de este miércoles dos artículos de la Carta Magna estatal para que la administración estatal pueda acceder a sus AAP, lo que permitirá al Estado comprometer como pago de deuda pública el 10 por ciento de las participaciones federales que recibe cada año.

La mayoría legislativa aprobó también reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca para hacerla complementaria con la reforma constitucional y la probación de la Ley de APP.

Así, aprobada la reforma Constitucional estatal, las APP y la Ley de Adquisiciones en su Programa Estatal para el Financiamiento y Desarrollo, el gobernador Cué Monteagudo contemplan ejecutar con APP 10 proyectos estratégicos con un costo de 35 mil 612 millones de pesos, entre los cuales resaltan el Corredor Turístico del Valle Central por dos mil 513 millones de pesos.

Además, el Sistema Integrado de Transporte Urbano por 1 mil 84 millones de pesos; Desarrollos Urbanos Integrales por 800 millones de pesos; Gestión Integral de Residuos sólidos de la zona conurbada a la capital por 700 millones.

Figuran también nueve mil 318 millones de pesos para el proyecto carretero Mitla-Tehuantepec; Barranca Larga-Ventanilla por cinco mil 347 millones de pesos; autopista Oaxaca-Tuxtepec por ocho mil 750 millones de pesos y Centro de Readaptación Social por cuatro mil 494 millones de pesos.

Igualmente, el Acueducto Paso Ancho por 1 mil 606 millones de pesos y la mejora integral de gestión del proyecto Paso Ancho por 1 mil millones de pesos, lo que hace un gran total de 35 mil 612 millones de pesos.

Las APP también son conocidas como “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS), cuyo esquema fue ejecutado con graves críticas de quienes hoy gobiernan Oaxaca por el ex gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz en la construcción de los complejos gubernamentales de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, del los cuales a la fecha cobra una renta millonaria.

SON PASIVOS, NO DEUDA PÚBLICA: RODRÍGUEZ SOTO

En entrevista, el presidente de la Comisión de Hacienda de la LXI Legislatura estatal, Guadalupe Isaac Rodríguez Soto, defendió la reforma constitucional y aún cuando admitió que los recursos que se comprometen son pasivos para las finanzas de Oaxaca, aseguró que “habrá más transparencia porque se informa al Congreso y se pide permiso al Legislativo para ejecutar las APP”.

Refirió que el primer proyecto con el esquema de APP, que es prioritario para la administración de Cué Monteagudo, es el del Libramiento Norte y la Presa Paso Ancho.

Confirmó que las participaciones federales que recibe Oaxaca anualmente y se comprometerán hasta en un 10 por ciento, al ejecutar los APP, ascienden aproximadamente a 1 mil 500 millones de pesos.

“La ley estatal de deuda contempla como compromiso de pago a largo plazo y constituye un pasivo el APP; no se llama deuda, pero sí se reconoce como pasivos”, atajó el Legislador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) al justificar la reforma y evitar negar que signifique más deuda pública para Oaxaca.

Rodríguez Soto comentó que dependiendo de los proyectos que se ejecuten bajo el sistema de APP, los plazos para comprometer las participaciones federales podrían ir desde 10, 15, 20 ó 25 años.

Explicó que el PPS, a diferencia de la APP, significa más riesgo para las finanzas públicas porque la inversión pública es muy cara, mientras que en las APP el Estado estará “muy cómodo en su inversión para lograr más infraestructura pública”.

APP DE GABINO CUÉ PARA EL DESARROLLO

Durante la justificación de las reformas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXI Legislatura estatal, Emmanuel Alejandro López Jarquín, del PRD, resaltó que “es la primera iniciativa preferente que se dictamina en el marco de la nueva constitucionalidad”.

Recordó que en el 2005 se modificó el Artículo 59 fracción XXI bis de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, así como la Ley de Adquisiciones y la Ley de Deuda Pública, con el objeto de crear un marco constitucional y legal mínimo para el desarrollo y ejecución de las ciudades Administrativa y Judicial.

“Hoy no estamos innovando ni creando esta modalidad de financiamiento en Oaxaca; al contrario, perfeccionamos el marco constitucional con el objeto de que el marco legal ya no esté disperso en diversos ordenamientos, sino en un sólo ordenamiento específico”, agregó el también Coordinador de la fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En efecto, como sabemos, el Estado de Oaxaca presenta rezagos históricos de justicia social, por lo que una de las estrategias para empezar a remontarlos es la construcción de infraestructura social y básica, así como la provisión de servicios de mayor calidad, justificó.

Agregó que frente a la prudencia en la deuda y la falta de recursos financieros, las asociaciones público privadas surgen como una alternativa de financiamiento para evitar la parálisis de inversiones en infraestructura.

Afirmó que los proyectos de prestación de servicios a largo plazo no constituyen técnicamente deuda; sin embargo, conforme a la Ley de Deuda Pública sí representan obligaciones de pago prorrateadas a horizontes largos.

López Jarquín insistió en que “con el nuevo marco constitucional tendremos una Ley Reglamentaria que vendrá a darle más certeza y legalidad tanto a los inversionistas que quieran ser desarrolladores de proyectos PPS en Oaxaca, como al sector público y a la ciudadanía oaxaqueña”.

Estamos abriendo la posibilidad de que en Oaxaca se concluyan los tramos de la supercarretera de Mitla a Tehuantepec, Barranca Larga a Ventanilla y Oaxaca a Tuxtepec, así como la construcción del acueducto de Paso Ancho a la Ciudad de Oaxaca, y el manejo integral de los residuos sólidos del área conurbada de la Ciudad de Oaxaca, entre otros proyectos prioritarios ya ubicados que vendrán a detonar el crecimiento económico y a mejorar las condiciones de bienestar de la población de Oaxaca, insistió.

NECESIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO

En la Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas que este miércoles aprobó el Congreso del Estado, a propuesta del gobernador Cué Monteagudo, se establece que se dotará al Estado de Oaxaca de una política clara y decidida que permita unir esfuerzos del sector público, estatal y municipal, con integrantes de los sectores social y privado interesados en desarrollar proyectos de infraestructura para satisfacer necesidades de la colectividad.

Contrario a lo que el Mandatario estatal cuestionaba cuando era Senador de la República y candidato al Gobierno del Estado, hoy justifica que “en la inminente necesidad de impulsar el desarrollo de la entidad es indispensable modernizar el marco jurídico en materia de infraestructura e incorporar la amplia experiencia que se ha acumulado tanto a nivel nacional como internacional”.

Asegura que se ejecutarán los proyectos de manera eficiente para mejorar la calidad de la infraestructura, así como la cobertura de los servicios, con lo que se satisfacen las necesidades de un mayor número de personas y de una forma más eficaz.

Afirma que en la ley el inversionista privado tiene la obligación de financiar el proyecto, así como la de asumir los riesgos de construcción y operación del mismo, que es posible distribuir la amortización de las inversiones en el largo plazo, lo cual evita que el sector púbico destine, de entrada, grandes cantidades de recursos para construir infraestructura, y ello se traduce en un uso más eficiente de los recursos públicos.

En contra parte, argumenta que la necesidad de recurrir al endeudamiento público directo disminuye y genera una mayor flexibilidad financiera al combinar adecuadamente recursos presupuestales deuda e inversión privadas.

En su iniciativa, el Gobernador del Estado reconoce que “Oaxaca fue uno de los primeros Estados en la interpretación de esquemas de asociación público privadas mediante la incorporación en su marco jurídico de los contratos para prestación de servicios a largo plazo”.