OAXACA, OAX., febrero 8.- El ex líder de la APPO y actual diputado local del PT, Flavio Sosa Villavicencio, exhibió un contrato aún vigente entre comuneros de Santa María del Mar y la empresa Preneal México, mediante el cual los campesinos ceden a la compañía el uso de dos mil hectáreas para la instalación de una planta eólica a cambio del pago de 115 pesos anuales por hectárea; es decir, nueve pesos con 58 centavos al mes por cada 10 mil metros cuadrados.

Con información de la propia empresa, el legislador local refirió que en marzo de 2011, ésta vendió sus dos proyectos eólicos en Oaxaca a un consorcio multinacional integrado por el grupo empresarial FEMSA y Macquarie Capital, en una transacción con un valor de 89 millones de dólares, que equivalen a mil 130 millones 300 mil pesos, lo que consideró como una explotación injusta de los recursos de los campesinos.

Ante ello, demandó al gobernador Gabino Cué encabezar un diálogo entre comuneros de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, en Juchitán, y la empresa Mareña Renovables, en conflicto por la instalación de un parque eólico en tierras comunales del Istmo de Tehuantepec, con el fin llegar a acuerdos en beneficio de todas las partes.

El legislador exigió también al mandatario estatal, asumir su obligación de vigilar que los acuerdos entre indígenas e inversionistas para la instalación de generadores eléctricos no sean francamente desventajosos para los oaxaqueños, como ha ocurrido en contratos establecidos previamente por otras empresas.

“Se debe oír primero a las y los indígenas mareños y después a la empresa multinacional” y establecer una mesa de diálogo con el fin de cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos indígenas, y ventilar públicamente el conflicto por el parque en la barra de Santa Teresa, pidió.

Sosa Villavicencio urgió a revisar las condiciones en las que los indígenas huaves firmaron dicho acuerdo, pues han manifestado que no les fue leído en su idioma, que fueron engañados y presionados para firmarlos.

El activista del conflicto sociopolítico del 2006, citó un estudio de la UNAM que menciona “la cooptación de representantes de las comunidades y la simulación de asambleas ejidales con firmas de personas fallecidas y otras que no aparecen en el padrón ejidal para agilizar la firma de contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el fin de excluir a las asambleas ejidales”.

Frente a ello, cuestionó: “¿qué hace para evitar que las y los indígenas de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón sean explotados de la misma manera? ¿Qué hace nuestro Gobierno para asegurarse de que Mareña Renovables establezca un trato justo con las y los ciudadanos oaxaqueños?”

No obstante, Sosa Villavicencio admitió que está a favor de la inversión privada en Oaxaca, pero a través de contratos justos. “Jamás apoyaré la explotación de nuestros pueblos disfrazada como ‘oportunidad de negocio’; jamás estaré de acuerdo en el trato abusivo, injusto e ignominioso que dan las empresas, nacionales o extranjeras, a los campesinos pobres de nuestra tierra”, advirtió.

“Estoy a favor de la instalación de parques eólicos, estoy a favor de la inversión productiva que beneficie a las y los habitantes de nuestro estado, que es riquísimo en recursos, ha sido “empobrecido por la mala administración de gobernantes que generación tras generación han venido a servirse de los dineros del pueblo”, afirmó el petista.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco García López, se pronunció a favor de la inversión privada en Oaxaca, pero rechazó la explotación de comunidades y campesinos mediante contratos ventajosos de las empresas nacionales o extranjeras en Oaxaca.

El priista apuntó que los contratos de Preneal, exhibidos por Sosa Villavicencio, son los que se enteraron al principio, porque esta empresa tuvo información privilegiada de donde se iban a generar estos proyectos y engañando a los istmeños, llegaron a fomentar ese tipo de convenios. “Preneal eran los coyotes que ayer le vendieron a Femsa la cartera y hoy se la venden a Mareña”, acusó.

“Esa es la verdad, Preneal llegó promoviendo que ellos iban a ser constructores y generadores de energía cuando lo que traían era información relevante y sabían cuáles eran los polígonos y tenían bien identificadas las áreas donde la calidad del aire era la mejor”, reveló.

Aclaró no obstante, que un convenio en Juchitán en la agencia de la Venta no es lo mismo que en la agencia de La Ventosa, o en la agencia de Santa Rita en Espinal, o en Santa María del Mar que es agencia de Juchitán, por la calidad del aire de cada uno de los polígonos identificados.

Ante ello, coincidió con su par petista, de revisar el convenio y las empresas que hoy están. Sin dar nombres, señaló que hay funcionarios del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, que sí están cobrando con las empresas que instalaran los aerogeneradores. “Hay funcionarios también que están del otro lado oponiéndose a las empresas, lo hemos dicho y lo ratificamos”, asestó.

Cuestionó la posición del gobernador, porque por un lado va promueve y hace llegar las inversiones y por otro, gente de su propio gobierno, “que cobra en su gobierno, que no se si son sus funcionarios o como que cobran pero cobran, o son beneficiados con proyectos como el de UCIZONI para capacitación, se opongan de manera sistemática y no es la primer práctica”, lanzó.

Del mismo modo exigió al activista de origen chileno, Carlos Beas Torres y al integrante del magisterio, Rodrigo Flores Peñaloza, sacar las manos de esa zona, porque las tienen metidas con los mareños. “Que no me digan que son es mareño porque no es cierto”, reprochó.

Bajo esa perspectiva, exigieron al Gobernador del estado asuma su responsabilidad y que se refleje en los hechos mediante el diálogo, la concertación, para aterrizar los proyectos. “Pero si el diálogo y la concertación no pueden, que se aplique la ley para que vivamos en un estado de derecho”, exigió el priista.

El priista que apoyó abiertamente la instalación del parque eólico en la zona del istmo, sin daños a los oriundos de la zona, refirió que muchas de esas tierras eran ociosas, salitradas, arenosas, y afirmó que no es cierto que eran productivas en un 90 por ciento, “y que desde ese momento les pagan a muchos nueve, diez, doce y 15 pesos, dependiendo de la calidad de las tierras”.

Comentó una etapa es la renta de las tierras para 30 años. La otra etapa, cuando se empieza la construcción y hay otra etapa en que se pagan cuando ya se empieza a generar energía.

Destacó que hay pobladores en el istmo que hoy ganan más de 40 mil pesos mensuales que son dueños de las tierras en las que por alguna razón están instalados dos o tres aerogeneradores, por lo cual recibirán 40 mil pesos mensuales durante 30 años. Otros que únicamente porque el camino pasa por su terreno, vienen ganando mensualmente arriba de 12 mil pesos.

Admitió que no es suficiente, comparado con la ganancia que las empresas puedan tener, por ello, reconoció la importancia de revisar los contratos junto con las empresas, el gobierno y hacer un replanteamiento real, la aplicación de la ley.

No obstante, dijo que si hay una inversión y que si hay un compromiso, el gobierno de Cué Monteagudo, no puede estar con manos blandas lastimando el Estado de Derecho.

Al final, coincidió con su homólogo petista, de no lucrarse con la ignorancia y las necesidades de los campesinos istmeños que han firmado contratos con empresas aerogeneradoras que obtienen ganancias millonarias con la explotación del aire.