OAXACA, OAX., marzo 15.- El diputado local del PT, Flavio Sosa Villavicencio presentó una ley que obligaría a todas las instancias de los Tres Poderes del Estado a utilizar software libre y desarrollar sus propios programas de cómputo, y con ello, prohibir al Gobierno usar programas de Microsoft, entre otros.

La propuesta de Ley para la Autonomía sobre los Recursos Informáticos del Estado de Oaxaca prevé que sólo se adquirirán programas de código cerrado cuando no exista software libre dedicado a la función que se requiera y no sea económica o técnicamente viable el desarrollarlo o contratar su desarrollo como fuente abierta.

En la propuesta que fue turnada a comisiones, Sosa Villavicencio plantea prohibir que la administración pública solicite cualquier requisito en software privativo, “pues esto favorece a una empresa ya de por sí monopólica: Microsoft”. La propuesta implica a los tres poderes del Estado, a los institutos autónomos, a las universidades públicas y a los ayuntamientos.

A su juicio se debe establecer que la información puesta a disposición del público deberá estar en algún programa de formato abierto, explicó el legislador al defender su iniciativa. Sosa Villavicencio, detalló que su proyecto incluye que el software desarrollado o modificado por o para cualquier instancia de la administración pública estatal se ponga a disposición pública como software libre.

También, dijo, se crearía una instancia dedicada a desarrollar el software apropiado a las necesidades del Gobierno y un sistema único para la operación de todas las instancias públicas bajo el mismo estándar de código abierto, lo que permitirá el intercambio, la cooperación, la interconexión y la integración de la información sobre una plataforma común.

“Esto definitivamente fortalecerá enormemente la eficiencia de la gestión gubernamental”, expresó, y subrayó también que la iniciativa disminuiría radicalmente las erogaciones del Gobierno para la compra de programas de cómputo.

“La inmensa mayoría de los programas de cómputo que utilizamos cotidianamente en todos los ámbitos fueron desarrollados y son propiedad de una sola empresa, Microsoft, que posee 90.5 por ciento del mercado mundial del software”, expuso.

Más allá del beneficio a un monopolio, agregó, el uso de esos programas implica una serie de problemas graves para las administraciones gubernamentales, como la dependencia respecto de un proveedor único, con la consiguiente incapacidad de obtener opciones distintas en cuanto a costo y servicio, salvo las que puedan ofrecer los distintos intermediarios.

Entre los problemas del software privativo mencionó también sus altos costos o la comisión del delito de obtenerlo de manera ilegal mediante copias de las llamadas “pirata”, y la dependencia de programas estandarizados que no necesariamente se ajustan a las necesidades específicas de la gestión pública.

El propósito de esta ley, continuó, es salvaguardar la autonomía del Estado sobre la posesión, el desarrollo, el control y aprovechamiento de los recursos informáticos necesarios para su operación, así como motivar el desarrollo tecnológico a favor del mejoramiento del desempeño gubernamental en todas las entidades públicas.