En lo inmediato, lo que se realice en materia de cambio del modelo de seguridad púbica en Oaxaca, particularmente de la prevención del delito, depende prácticamente de las iniciativas de los actores locales, tanto institucionales como de la sociedad civil, ya que la entidad se encuentra desdibujada en las acciones que esta emprendiendo el gobierno federal en la materia.

Lo anterior se deduce de la lectura del documento “Bases del Programa Nacional para la Prevención de la violencia y la delincuencia”, que de acuerdo a la Secretaria de Gobernación “es el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria”.

Aunque el documento no es más que un conjunto de generalidades referidas al trabajo de coordinación y de participación ciudadana; nada nuevo, puesto que son los componentes básicos de toda política pública desde por lo menos hace tres décadas. El texto se encuentra en http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf

El cambio del modelo de seguridad pública tiene que ver con el paso de un régimen centrado en el despliegue y concentración de fuerzas policiales centradas en estrategias punitivas a otro modelo que se articule en acciones de inteligencia policial, coordinación gubernamental y encauzamiento de la participación ciudadana para la prevención de las violencias y de los delitos.

La tarea no es fácil; requiere un cambio cultural y de una profunda voluntad política que en la pasada presidencia no ocurrió ni en la mentalidad de Felipe Calderón. Este personaje disponía de una Ley General para la Prevención de la violencia y la delincuencia, en donde se hablaba ya del “cambio de paradigma del modelo de seguridad”, el mismo que esta proponiendo Peña Nieto, pero el panista nunca entendió la mencionada Ley aprobada en su propia administración. Tal vez, como suele ocurrir con muchos gobernantes, ni siquiera la leyó.

Es decir, en términos legales se disponía ya de algunas bases que esbozaban cuestiones de inteligencia para la prevención, pero en los hechos, el gobierno nunca las aplicó; sin contar las abiertas contradicciones discursivas de Calderón, quien nunca dejó de hablar que su gobierno se encontraba librando una guerra frontal contra el crimen.

El fracaso de esa política se reflejó en el aumento de los homicidios dolosos en 202%, de los secuestros en 388%, de la extorsión en 209%, del robo con violencia en 160%, del robo de automóviles en 220%; de la acumulación de más de 60 mil muertos, aún cuando ese gobierno dispuso del presupuesto más alto de la historia para combatir a la delincuencia. El centro de monitoreo y análisis, México Evalúa, ofrece muchos datos más en http://www.mexicoevalua.org

En balances, la organización reportó que en el transcurso de la década pasada, el 80.6% de los homicidios dolosos se mantenía impune; en sentido contrario, el aumento de los delitos que si fueron sancionados, se clasificaron como “delitos menores”. Es decir, las cárceles se llenaron de pequeños infractores, mientras los delincuentes peligrosos permanecieron sin castigo.

Además, podría indicarse que otro de los saldos de la pasada administración es la raquítica confianza en la policía. Por ejemplo, según datos de México Evalúa, a nivel país la confianza de los mexicanos en su policía era de 2.8% mientras que la media en países de Iberoamérica era del 9%. En ese mismo lapso España se mantuvo como el país con mayor confianza por parte de sus ciudadanos hacia su policía con 20.7%. Así las cosas, podría apuntarse que la falta de confianza es consecuencia de la misma impunidad.

La coordinación gubernamental, si acaso ha sido en el papel, porque los resultados no se ven por ningún lado; mientras que la participación ciudadana, ha sido repetida y manipulada hasta el cansancio por gobernantes de todos los partidos políticos en todos los niveles, federal, estatal y municipal, cuando ni siquiera la han entendido. En las bases del nuevo programa, en materia de participación ciudadana tampoco se descubre el hilo negro.

La participación ciudadana no tiene que inventarse cada nuevo periodo de gobierno según los tiempos de los grupos políticos, sino que simple y sencillamente tendría que observarse que es lo que ya esta ocurriendo, con la humildad de aprender sobre las experiencias de los grupos organizados que han operado en las localidades desde hace años.

No se trata de inventar nuevos consejos o comités ciudadanos a modo y conveniencia de los grupos gobernantes que se quedan como fotos para la prensa. Si en Oaxaca tenemos claro que las soluciones no van a venir de arriba, como se infiere del nuevo programa de gobierno, tan solo queda voltear hacia abajo y hacia los lados para reconocer en donde están nuestras fortalezas organizativas; muchas agrupaciones sociales tienen ya camino andado.

Al grupo gobernante local le queda abrir ojos, oídos y mente para entender y atender a una sociedad más exigente y participativa, y que la prevención de los delitos y las violencias no se quede nuevamente en el papel.

sociologouam@yahoo.com.mx