OAXACA, OAX., marzo 27.- Con 26 votos, la Sexagésima Primera Legislatura declaró como improcedente el Juicio Político promovido por la presidenta de la Unión de Gestores e Intermediarios del Estado de Oaxaca, Lucila Fernández Ruiz, en contra de los titulares de la Secretarías de Finanzas (SF), Gerardo Cajiga Estrada; de Seguridad Pública (SSP), Marco Tulio López Escamilla y el de Vialidad y Transporte (Sevitra), José Antonio Estefan Garfias, por duplicidad de funciones, abuso de autoridad y omisión.

En la última sesión ordinaria del primer periodo ordinario del tercer y último año de la Sexagésima Primera Legislatura, los diputados del PAN, PRD, PT, MC y del PRI avalaron el dictamen de la Comisión Instructora del Congreso del Estado para que no procediera el Juicio de Procedencia o también llamado Juicio Político contra López Escamilla, Cajiga Estrada y Estefan Garfias.

La Comisión Instructora encabezada por la diputada del MC, Ángela Hernández Solís, argumentó que con forme a ley se realizaron las transferencias de las áreas administrativas de Tránsito del Estado a la Sevitra, y además se acreditó con copias certificadas de las actas de entrega recepción, en cumplimiento a las reformas a la ley orgánica del Poder Ejecutivo.

“Del estudio, análisis y valoración de las documentales, permite a la comisión instructora arribar a la conclusión de que los servidores públicos denunciados, de ninguna manera ha realizado actos que atenten contra el orden constitucional y legal, y menos conculcan garantías individuales y derechos ciudadanos o trastornan el funcionamiento normal de las instituciones, ya que los actos administrativos se han ceñido a lo ordenado por su superior jerárquico, quien resulta ser el titular y responsable directo de la administración del Poder Ejecutivo”, establece el dictamen.

Fue el pasado 11 de octubre del 2012, cuando la presidenta de la Unión de Gestores e Intermediarios del Estado de Oaxaca, Lucila Fernández Ruiz, presentó el Juicio de Procedimiento ante la Sexagésima Primera Legislatura, López Escamilla, Cajiga Estrada y Estefan Garfias.

Fernández Ruiz ha sido activista del Partido Movimiento Ciudadano (MC). Víctor Hugo Alejo Torres, consejero jurídico del gobernador Gabino Cué Monteagudo, ha presentado a Fernández Ruiz, a ex candidatos a cargos de representación popular, hoy legisladores de ese instituto político y del PRD.

Fernández Ruiz aseguró en su solicitud de juicio que los titulares de la SSP, SF y Sevitra cometen delitos porque en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que la única dependencia autorizada para entregar placas, engomados, tarjetas de circulación y licencias de conducir es Sevitra.

Para la denunciante, la SSP y Finanzas incurrieron en delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, mientras que a Sevitra se le configuraba el delito de omisión por no ejercer sus funciones.

Argumentó también que con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en abril de 2012, todos los documentos expedidos por las dependencias acusados son nulos y no tenían valor legal, por tanto se incurrieron en fraude a la ciudadanía por tramitar y recibir pagos a los derechos vehiculares.

Fue hasta el pasado 21 de noviembre del 2012, cuando la Sexagésima Primera Legislatura, dio entrada a la solicitud de inicio de Juicio Político contra los titulares de la SSP, Sevitra y Finanzas. La Comisión Instructora inició el Juicio Político, confirmaron fuentes legislativas, porque ante la dilación del procedimiento a los funcionarios públicos, Fernández Ruiz interpuso un juicio de amparo y acto seguido fue notificado el Congreso.

De acuerdo con documentos de la Comisión Instructora, los argumentos presentados por Fernández Ruiz son procedentes para iniciar el juicio político contra los titulares de la SSP, SF y Sevitra porque se infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

En tanto, al director de Tránsito del Estado, Óscar Noé Martínez Morales, a quien también le entablan Juicio Político, la Comisión Instructora determinó que éste no era sujeto y sólo turnó el caso a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

La solicitud de inicio del Juicio Político sólo fue firmada por tres de los cinco diputados que integran la Comisión Permanente Instructora, Hernández Solís y los diputados del PRI, Daniel Cuevas Chávez y Mercedes Rojas.

Mientras que el diputado, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez del PAN y Aleida Serrano Rosado, del PRD, se desistieron de signar ese documento que dio pasó al inicio de Juicio de Procedimiento a los titulares de la SSP, SF y Sevitra.

Aprobados todos los dictámenes, la mesa directiva clausuró el primer periodo ordinario del tercer y último año de la Sexagésima Primera Legislatura y decretó un receso legislativo.