A RESERVA.- Hace poco más de año y medio se creó la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), después de azarosos transes legislativos, desafortunados arrebatos presidenciales y una acción de inconstitucionalidad resuelta por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modifica los artículos 5 fracción VII y 12 fracción II, de la Ley Orgánica de la Prodecon, en relación a la información de datos y transparencia y en el segundo caso a la forma de elegir consejeros.

La creación de esta institución se propuso hace ocho años, pero fue hasta septiembre de 2011 que empezó a desarrollar sus funciones, el debate que ocasionó la citada ley y las observaciones que en su momento emitió el Ejecutivo Federal, contribuyeron a mejorar y enriquecer el marco orgánico a efecto de que pudiera contar con los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con su misión de proteger y defender los derechos e intereses de las y los contribuyentes de manera eficiente y funcional.

Por ello, se da importancia al hecho de que en muy poco tiempo esta institución se ha consolidado como un organismo público que otorga a los contribuyentes una eficaz asesoría, representación y defensa de sus derechos sustantivos y adjetivos en materia fiscal.

La Prodecon es el primer Ombudsman fiscal mexicano, cuyo fin es la revisión y mejora permanente de las acciones y prácticas de las autoridades fiscales federales. Su fundamento deviene de la reforma que actualiza el artículo 1 constitucional que en su último párrafo reza:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Este contenido respalda la creación y funciones de un organismo en defensa del contribuyente en un país como México que se distingue por tener una legislación tributaria compleja formada por leyes y reglamentos fiscales complicados y muchas veces confusos, con vigencias cortas que propician frecuentemente situaciones desfavorables para las y los contribuyentes, lo que hacía necesaria la existencia de una instancia del Estado que garantice la protección de los derechos fundamentales de las y los pagadores de impuestos.

La Prodecon se establece como organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.

La Prodecon tiene competencia para conocer de cualquier acto en materia fiscal federal, ya sea emitido por el SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA o autoridades fiscales coordinadas (entidades federativas y municipios que por convenio sean recaudadoras de impuestos federales).

Las facultades sustantivas que tiene la PRODECON son las siguientes:

• Dar asesoría y atender Consulta legal.
• Ofrecer representación legal y defensa.
• Atender procedimientos de quejas y reclamaciones.
• Investigar y analizar problemas sistémicos.
• Proponer al SAT modificaciones a su normatividad interna.
• Emitir opiniones técnicas a petición del SAT.
• Convocar a reuniones con las autoridades fiscales.
• Proponer modificaciones a las disposiciones fiscales.

De las anteriores facultades se podría pensar que la más relevante o representativa de sus funciones es la de atender procedimientos de quejas y reclamaciones, es decir, actuar como Ombudsman fiscal.

La Prodecon se constituye como abogado defensor de los contribuyentes ante las autoridades fiscales o los Tribunales Federales. En estos casos, hay un monto máximo del crédito fiscal que no debe exceder de treinta veces el salario mínimo en el DF elevado al año (709 mil 122 pesos) para efectos de que proceda a la representación legal en defensa del contribuyente.

En virtud de esas atribuciones, la Prodecon recibe toda clase de quejas por actos de autoridades fiscales federales, para verificar que los mismos no vulneren los derechos de los contribuyentes.

Tiene, además, amplias facultades de investigación; puede requerir informes a cualquier autoridad y nombrar observadores que verifiquen las actuaciones de las autoridades fiscales.

Las quejas o reclamaciones fundadas dan lugar a la emisión de recomendaciones públicas no vinculatorias.

La recomendación pública contiene un señalamiento directo respecto del actuar ilegal o inapropiado de la autoridad fiscal federal y propone las medidas correctivas conducentes.

Esta semana se abrió la delegación estatal en Oaxaca de la Prodecon, la novena en el país, y tendrá como reto representar a las y los pagadores de impuestos que soliciten sus servicios, garantizándoles la defensa de sus derechos ante los actos y disposiciones de autoridades fiscales federales que afecten su esfera jurídica y patrimonial y, sobre todo, a las personas que carecen de recursos económicos que no pueden contratar los servicios de un abogado en la defensa de sus derechos.