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¿Qué tan legítimas son las policías comunitarias?

En primer lugar, habría que plantear que para responder la pregunta no se deben buscar respuestas que generalicen la diversidad de experiencias que están ocurriendo en México, ni calificarlas con adjetivos de “buenas” o “malas”, sino procurar su explicación a partir de circunstancias específicas.

De entrada, es importante apuntar que la legitimidad de las policías comunitarias podría entenderse cuando existen acuerdos y la participación activa de las comunidades para procurar la seguridad colectiva con perspectiva pacifista ante situaciones de carácter adverso.

Esto ocurre en algunos casos, aunque no en todos; de ahí la importancia de considerar para su análisis, el contexto y el conjunto de factores que intervienen en el.

Por ejemplo, si consideramos como contexto la grave crisis del sistema de seguridad nacional que ha llevado que varias regiones del país se encuentren bajo el dominio de organizaciones criminales. Una situación que generó alrededor de 70 mil muertos en el transcurso del pasado sexenio.

Los alcances de la violencia desatada, fueron calificados ya como “una crisis humanitaria” en términos oficiales. El pasado 10 de abril, el subprocurador de la PGR, Ricardo García Cervantes, dijo que “México enfrenta los estragos de una política de seguridad que dejó una crisis humanitaria en la que aumentaron el índice delictivo, el número de grupos criminales, las desapariciones forzadas y dejó instituciones debilitadas” (El Universal, 10/04/13).

El sub Procurador dijo que México vive un “momento inédito de desgaste institucional, de quebrantamiento del tejido social y de la vulnerabilidad de los derechos humanos”. Criticó la carencia de una visión integral de la pasada política de seguridad, la cual tuvo el único objetivo de combate a la criminalidad, con resultados desastrosos.

Ello ocurrió aún cuando México es uno de los países de América Latina que ha gastado más en seguridad pública y que en el transcurso del sexenio pasado el presupuesto aumentó en 800 por ciento en ese rubro, de acuerdo con lo publicado en el Atlas de la Seguridad de México (2012), por parte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C.

Los recursos que se regatearon a la educación en todos sus niveles, a la ciencia y a la tecnología, así como a los programas de combate a la pobreza, se canalizaron a la seguridad.

Aunque los resultados fallidos revelaron que la solución no es un asunto solamente de dinero ni de más policías, ni de más armamento, sino del replanteamiento de la estrategia en su conjunto.

Por ello, cuando el funcionario de la PGR habla de una crisis humanitaria, se refiere a la ausencia del Estado de derecho, del incumplimiento de obligaciones y responsabilidades de las autoridades competentes, autoridades de todos los niveles, principalmente de los de arriba, quienes concentran mayor responsabilidad, desde los Secretarios de Estado, hasta los ministerios públicos, los jueces y los jefes de la policía.

Las experiencias de policías comunitarias no son nuevas ni las razones de su surgimiento son las mismas; hay experiencias que se asocian a la organización de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otras entidades del país desde hace cientos de años.

Estas prácticas se explican dentro del entramado de formas de organización tradicional para actividades religiosas, festivas, económicas, políticas y sociales y su comprensión amerita una explicación de carácter histórico y cultural.

Hay otras experiencias en donde los llamados grupos de autodefensa carecen de legitimidad, cuando no se vinculan con sus comunidades y se encuentran al servicio de grupos de poder, como organizaciones paramilitares o al servicio de delincuentes o caciques, que se explican como consecuencia del rio revuelto.

El riesgo de generalizar todas las experiencias como acciones delincuenciales es que lleve a que esas expresiones reciban el mismo tratamiento, criminalizando a los indígenas que defienden sus territorios y sus recursos naturales, a los jóvenes, a los pobres, a los migrantes, a los activistas políticos y a los defensores de los derechos humanos, con el argumento del orden en abstracto.

No hay respuestas fáciles y sin duda que la comprensión de este tipo de problemas amerita mayor profundidad de análisis para una disciplina como la sociología y mayor perspectiva y sensibilidad por parte de las autoridades que toman decisiones al respecto.

Cabe señalar que temas como este y muchos más de la compleja realidad global se discutieron en aulas, pasillos y patios de nuestra Universidad, durante el congreso de la Red Nacional de estudiantes de Sociología, que se realizó en la UABJO del 6 al 10 de mayo, con la asistencia de jóvenes de más de 30 escuelas que imparten esta disciplina en el país.

Enhorabuena para todos quienes participaron y, particularmente, por el entusiasmo de los estudiantes del Instituto de Investigaciones Sociológicas de nuestra Universidad.

sociologouam@yahoo.com.mx

 

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