La desigualdad social derivada de un modelo económico injusto y excluyente, la partidización de la vida pública, la falta de una estrategia en la guerra contra el narcotráfico que combata las causas y no las manifestaciones, la debilidad de las instituciones y del entramado jurídico, han llevado a México a una crisis política y social, que se manifiesta en un país en movilización constante, con una dinámica de presión política y de tensiones diversas entre municipios y comunidades, de confrontación de grupos sociales con el Estado mexicano y que prefigura escenarios de ingobernabilidad.

Oaxaca no sólo no está al margen de esta crisis sistémica nacional, sino que aquí tiene sus expresiones más profundas y se presenta de forma más cruda la descomposición política y social. La entidad constituye una ínsula de rezagos políticos, económicos y sociales; es heredera no sólo de la dominación colonial, sino también de la estructura de explotación posrevolucionaria que encontró aquí el espacio para reproducirse y mantenerse, aún cuando ese esquema se transformara en el resto del país.

La cultura de la presión política, de la negociación por intereses particulares, prevalece sobre la posibilidad de fortalecer las instituciones y construir un estado democrático. Tan sólo entre enero y octubre de 2012, principalmente en la zona conurbada a la capital oaxaqueña, se habían sufrido 695 marchas y 424 bloqueos. En ese periodo se presentaron 35 huelgas, 132 plantones, 467 tomas de oficinas públicas y 104 paros de labores. Entre julio y diciembre de 2011 se presentaron 249 bloqueos y 235 manifestaciones (información de la Secretaría General de Gobierno: http://newsoaxaca.com/index.php/ciudad/12104-oaxaca-rompe-records-de-marchas-y-bloqueos).

En promedio cada mes en Oaxaca se desarrollan entre 50 y 80 acciones de protesta que vulneran el derecho al libre tránsito de miles de oaxaqueños. La media de bloqueos mensual es de entre 40 y 47. La estadística muestra una comparación entre Oaxaca y el Distrito Federal, entidad con altos niveles de afectaciones por manifestaciones sociales a la cual la entidad oaxaqueña supera por mucho.

Más allá de ello, es importante destacar dos cosas. Primero, la persistente dinámica de movilización social, que puede tomarse como una expresión de la pluralidad política, pero que también se puede interpretar como la preeminencia de intereses sectarios, particulares, que va en detrimento de una cultura de la pluralidad democrática y de la construcción de la ciudadanía.

En segundo lugar, lo mismo se puede apreciar como una tolerancia gubernamental a las expresiones de protesta social, o como una muestra de desatención gubernamental y de su incapacidad de afrontar esta problemática y las causas que la motivan.

Analizar esta situación es pertinente cuando hablamos de gobernabilidad democrática y de gobierno eficaz. La democracia y la gobernabilidad son dos temas que pocas veces coinciden. En la primera, la democracia, siempre hacemos énfasis en las formas de acceso al poder, en los esquemas de representación política y en los procesos electorales. La segunda tiene que ver más en cómo el gobierno puede hacer frente a los problemas en el ejercicio de su gestión, atender a las demandas de la sociedad y mantener el rumbo para la mejora constante del bienestar colectivo. Pero ambos temas debieran ser eje de todo gobierno, la falta de uno de ellos puede conducir al autoritarismo o a la anarquía.

El fundamento de un Estado que goza de gobernabilidad democrática es su sistema político consolidado por la justicia, la equidad, la paz social, la soberanía y la seguridad. Un Estado que disfruta de gobernabilidad democrática mantiene una política de desarrollo inclusivo, en el que las prioridades del Gobierno son:

• Una distribución más equitativa de los recursos materiales de la sociedad, que garantice la provisión de servicios básicos como salud, educación y vivienda en beneficio de todos sus ciudadanos.
• El fortalecimiento de los medios de control ciudadano, sobre la manera como se administran y distribuyen dichos recursos, en el mismo nivel de importancia que la primera.

La gobernabilidad democrática no es solo estabilidad y ausencia de conflictos sino también que el Estado garantice a su población los derechos más elementales.

Por ello, y justo cuando se está construyendo el plan nacional de desarrollo, habría que marcar algunos ejes que deben revisarse para la mejor atención de los conflictos y para un eficaz cumplimiento de la misión gubernamental:

1. Federalismo y particularidades locales. Una de las causas de conflictividad en Oaxaca es el enfrentamiento entre agencias y cabeceras municipales por la disputa de los recursos de los ramos 28 y 33. En el fondo es un cuestionamiento a la institución municipal y a las políticas que no consideran las particularidades regionales y estatales en su elaboración. El reconocimiento pleno a la diversidad, que tiene garantía constitucional, no parece ser comprendido en la práctica. Situación que impacta en todos los ámbitos de la vida pública: los tribunales electorales mismos, que afirman respetar la diversidad, se niega a aceptar las prácticas distintas que la hacen posible.
2. Despartidización de las relaciones intergubernamentales. La llegada de la competencia real en las elecciones en México, ha derivado en que sea la lógica electoral la que prevalece en las relaciones inter-gubernamentales y en la partidización de la vida pública y las políticas gubernamentales. Así los programas de gobierno, como los distintos esquemas de cooperación colaboración, son medidas con el sentido de la oportunidad política y la rentabilidad electoral; situación que debe eliminarse para dar paso al fortalecimiento de las instituciones y a la construcción de relaciones intergubernamentales con el objetivo único de servicio a la ciudadanía, alejado a intereses de los partidos políticos.
3. La defensa de la nación, expresada en la defensa de lo local. El discurso de la soberanía nacional, es olvidado en la práctica concreta. En los grandes proyectos de desarrollo, particular pero no únicamente los que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales, se mira en una lógica estrictamente de rentabilidad macro-económica. Los casos de las concesiones mineras y el aprovechamiento de la energía eólica, son claros ejemplos. Se desestima el impacto sobre las comunidades y su razón de ser, su identidad cultural y su derecho a la defensa de su hábitat. Voltear la mirada hacia experiencias exitosas de la política gubernamental federal/estatal, como la respuesta a la defensa de los recursos forestales en los 80s del siglo pasado, pasando por una evaluación de sus resultados, positivos como lo muestra la experiencia oaxaqueña, podría apuntalar a gestar una nueva concepción en el rumbo que en este tema debe tomarse.
4. La coordinación intergubernamenal. La conflictividad política y social (e incluso en materias como la seguridad pública) en México y Oaxaca, se atienden en la coyuntura, con los actores políticos-sociales movilizados, considerando las manifestaciones de los problemas y únicamente por el área involucrada en las demandas específicas visibles (educación, elecciones, recursos de programas sociales, cuestión agraria, etc.). No se han construido las bases institucionales para encauzar la conflictividad social. Necesitamos una coordinación intergubernamental, entre los tres niveles de gobierno y con la concurrencia de los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y organismos autónomos (IFE, IEEPCO) para lograr una atención anticipada y preventiva de la conflictividad; que establezca lazos con los actores políticos/sociales afectados; que busque resolver las causas de la inconformidad social; y que por tanto, de una atención integral, derivada de una coordinación interinstitucional e intergubernamental.
5. La gobernabilidad democrática debe sustentarse al menos en los siguientes principios: a) la inclusión, la participación, y la representación efectiva de los ciudadanos y sus preferencias; b) la responsabilidad política, tanto vertical como horizontal, y por lo tanto la capacidad de respuesta de las políticas públicas a la diversidad y las diferencias regionales y estatales; c) la trasparencia en la acción publica, la obligación de rendir cuentas, y de castigar severamente la corrupción; y d) el Estado de derecho y la independencia efectiva de los poderes, en particular el poder judicial, para garantizar la aplicación consistente e imparcial del derecho; así como la real independencia (de gobiernos y de partidos) de los organismos autónomos.

La gobernabilidad democrática, requiere del concurso pleno y comprometido de todos los actores sociales: partidos políticos, organizaciones sociales, organismos civiles, sindicatos, empresarios y por supuesto los gobiernos.

Si bien el pueblo es la fuente de todo poder democrático, las elecciones no garantizan que un gobierno esté al servicio del interés general, ni que vaya a estarlo en el futuro (Pierre Rosanvallon, La legitimidad democrática, Paidós). Por tanto, el veredicto de las urnas no puede ser el único parámetro de la legitimidad de los gobiernos.

El poder democrático debe someterse a mecanismos de control y validación que contribuyan a hacer realidad la voluntad mayoritaria. Para lograrlo, el gobierno debe distanciarse de las posiciones partidistas y de los intereses particulares; tener en cuenta las expresiones plurales del bien común; y, reconocer todas las singularidades. De ello deriva el desarrollo de instituciones, así como una forma de gobernar cada vez más atenta a las situaciones particulares, a los ciudadanos y a la sociedad. Sólo así podrá ejercerse un gobierno eficaz y una gobernabilidad democrática.

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