En el año 2006, Oaxaca fue el epicentro de un sismo político que sacudió las estructuras del régimen, dejando grietas que siete años después siguen haciendo crujir al aparato de dominio. Grietas, por seguir la metáfora de John Holloway, por donde el régimen político se observa ya no solo como dominación hermética, sino también como resistencias, rechazos, luchas y una infinidad de movilizaciones de protesta.
La fractura fue de un aparato de dominio encabezado por un poder personal centralizado, en donde los poderes constitucionales no habían funcionado de manera horizontal, como lo marcan los clásicos de la teoría política, es decir, los poderes como contrapesos el uno del otro. Por el contrario, se superponían de manera vertical, el ejecutivo subsumía al legislativo y al judicial, y hacia abajo, los controles corporativos sobre las instituciones, los sindicatos y las organizaciones.
En las calles de Oaxaca, la gente decía que después de la experiencia del 2006, nada iba a ser igual, y efectivamente, el aparato estatal oaxaqueño quedó hecho pedazos. Recordemos los meses, de junio a noviembre de 2006. En la vieja estructura nada quedaba fuera del control ni del mando del ejecutivo en turno. Sin embargo, después del sismo sociopolítico del 2006, los armazones quedaron dañados y sus vestiduras agrietadas.
Bajos los escombros brotaron muchas cosas, desde aspiraciones legítimas por cambiar el estado de cosas y muchas iniciativas de asociaciones civiles que han pretendido reconstruir el tejido social desde abajo. Si por un lado, la represión cortó de tajo algunas iniciativas ciudadanas, también puede decirse que otras iniciativas más se dispersaron e invisibilizaron ante los lentes de los medios masivos de información; aún ahora esta iniciativas continúan germinando en diversos ámbitos de acción ciudadana.
Fue así como adquirieron mayor visibilidad agrupaciones por la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la defensa del territorio, la búsqueda del comercio justo, la educación para la liberación, en fin, un conjunto de proyectos autogestivos que dieron pie a una agenda amplia de incidencias del conflicto del 2006 aterrizados en nuevas iniciativas ciudadanas que se desenvuelven a ritmos distintos.
La alternancia del 2010 no puede explicarse sin el antecendente del 2006 con su estela de desastres gubernamentales, en contraste con la búsqueda de alternativas por parte de los ciudadanos, cuyo hartazgo se canalizó a la expulsión del PRI a partir de expectativas de un mejor gobierno, con la espera de justicia y reparación de daños. Asunto aún pendiente.
Bajo los escombros también han concurrido pugnas facciosas e intereses personalistas que siete años después seguimos observando. No olvidemos que el aparato estatal fue devastado por la acción desde afuera, de quienes protestaban por la acumulación de agravios, pero también desde adentro, por la propia corrupción que socavaba las estructuras, por el rompimiento de los vínculos clientelares entre el gobierno y diversas organizaciones y de las tácticas tradicionales de cooptación de líderes.
Tras la sublevación popular y el desvanecimiento del poder gubernamental vino la intervención policiaca, apuntalada desde el centro federal, que también estaba expuesto a otra sacudida por el conflicto poselectoral del 2006 por la presidencia de la República. El derrotero político de Oaxaca no podría explicarse fuera de la intervención de los poderes centralizados y su propia reorganización.
Desde la lógica de la clase política nacional había que sostener lo que se estaba derrumbando, independientemente que sus intereses conciliaran o no con el grupo de poder local, el instinto de sobrevivencia más elemental de la clase política, de las cúpulas de todos los partidos, marcaba que había que levantar los destrozos del aparato estatal oaxaqueño y restablecer el orden.
Así llegó la reconstrucción del aparato estatal, volver a juntar y pegar los pedazos de una vieja estructura que ya no volvió a quedar igual, al grado que en estos primeros siete años del conflicto, por las grietas hemos podido observar los golpes entre las facciones de poder local, que a muy pocos importa porque persiguen intereses personalistas y facciosos.
También observamos grietas en las cupulas de los partidos políticos y de las organizaciones que han compartido los vicios del sistema, de la separación y la incomunicación entre los líderes y sus bases sociales, de quienes no ven otra verdad que la suya y se enfrascan en soliloquios, así com de todos quienes hacen de la violencia y el chantaje sus métodos de negociación.
Recordar el 2006 no es para tomar las calles con grandes movilizaciones, sino para elaborar una revisión crítica y mejorar lo que sea necesario, de admitir lo malo que ya no debe seguir ocurriendo, como el personalismo, la coacción y la corrupción gubernamental.
También de recuperar aspectos positivos que deben servir de lecciones para renovar la agenda pública, como la solidaridad y la participación ciudadana con perspectiva pacifista. Al día de hoy, queda mucho que estudiar y aprender de lo ocurrido hace siete años.
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