La despolitización de la educación es una exigencia legítima de muchos sectores de la población ante la concurrencia de múltiples violaciones al Estado de derecho, como las que observamos, lo que ocurre como responsabilidad de muchos protagonistas políticos y no solo uno de ellos, empezando con los de más arriba. En momentos de convulsión, requerimos observar el bosque en su conjunto y no sólo un árbol.
El torbellino que parece solamente sindical y faccioso es también gubernamental y partidista atizado con intereses privados sostenidos desde arriba; su fuerza es tal que arrastra con la precaria estabilidad del país y desafortunadamente, causa sus peores estragos en la población más desfavorecida y vulnerable, los niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas.
En la arena de confrontación se observa la violación del derecho a la educación de la niñez, de la violación a los derechos laborales de quienes protestan y de todos los demás que son afectados de manera indirecta,de la violación del derecho al libre tránsito, de la violación del derecho a la información provocado por los monopolios de la televisión comercial que atizan los ánimos de sus audiencias; de manera particular, de la violación del derecho a la información, orquestado desde la cúpula del poder gubernamental, sobre el verdadero sentido de las reformas emprendidas, sin la demagogia propagandística.
Nadie en su sano juicio quiere el conflicto y la violencia provocado por esa maraña de intereses, por lo que es importante identificar las responsabilidades de los actores involucrados, sin la simplificación de buenos contra malos.
La despolitización de la educación, entendida como politiquería, chantajes, control y coacción, implica una tarea titánica y de profundo compromiso social, de arriba hacia abajo y de todos lados, de todos los grupos de presión y de interés que han medrado durante décadas del trabajo educativo con el respaldo de los distintos gobiernos en turno.
Implica cortar los hilos desde lo más alto del sistema, del sindicalismo charro y toda la estructura de beneficios y prebendas del SNTE, que enriqueció a dirigentes como Elba Esther Gordillo, hoy encarcelada, pero que mantiene intacta toda su estructura de corrupción y sus redes de control político y electoral.
Es claro que la operación se centró en castigar la deslealtad al PRI de la ex dirigente, y alinear a toda su corporación a los dictados del grupo gobernante; lo redituable era el acontecimiento mediático para festejar el regreso al poder del partido de Estado.
Además, el encarcelamiento de la lideresa sirvió como mensaje a todos los opositores, de que el régimen puede tolerar abiertamente la corrupción, más no la deslealtad partidista.
La despolitización de la educación, parece una vaga utopía si reconocemos que las raíces mismas del sistema educativo son políticas, que se centraron en el control y la incorporación de los maestros a la gran corporación del partido de Estado en sus distintas versiones, del Partido Nacional Revolucionario (PNR) al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y de éste al PRI. Durante décadas, los maestros han estado allí para controlar, al servicio del régimen, no para educar.
Con esa gran complicidad, el SNTE se convirtió en el sindicato más grande y uno de los más poderosos de América Latina. El auge de la relación se observó a partir del salinismo, cuando Elba Esther se encumbró en el sistema, y con la alternancia al panismo, la profesora recibió todas las mieles del poder. El PRI ya se lo ha cobrado.
Hoy, el engendro político sindical, mezcla de intereses y complicidades de todo tipo, herencia de los gobiernos posrevolucionarios, esta reventando en pedazos con una de las grandes rupturas desde el interior de la corporación y las acciones de la CNTE.
Con sus acciones, la Coordinadora, de la cual se exaltan sus vicios hasta el cansancio como la única responsable, esta revelando el lado oscuro de las reformasy las contradicciones del mismo régimen.
Cortar los hilos desde arriba implicaría mermar el poder de la propia CNTE, de quienes están en las calles perturbando las conciencias de los acomodados, pero sobre todo afectaría también al SNTE, al tipo de política emprendida por el gobierno federal, a los legisladores afines y los intereses privados que se encuentran instalados en un nivel más superior y quienes dictan el sentido de las reformas constitucionales y las políticas públicas.
La exigencias de cortar los hilos desde arriba es válida para otras corporaciones como PEMEX en donde ha anidado uno de los sindicatos más corruptos del país. No se pueden emprender reformas en la paraestatal sin tocar los intereses de la camarilla encabezada por Carlos Romero Deschamps y sus complicidades con el viejo partido de Estado; menos se podrán realizar reformasa favor del país en condiciones de falta de transparencia del destino de los recursos que la empresa genera, con propaganda simplista, como pretende el partido en el gobierno.
Por supuesto que la oligarquía priista no tendrá disposición de cortar los hilos desde arriba de los sindicalismos de partido, porque implicaría la caída de los soportes de su dominio.
De cortar esos hilos se vendrían abajo las alianzas usureras necesarias para las reformas neoliberales, perderían el control de los recursos públicos y de la discrecionalidad del gasto, y provocarían un verdadero harakiri al régimen.
En síntesis, la única salida al conflicto actual es cortar los hilos desde arriba y despolitizar la educación, solución que a la clase gobernante y a la mayor parte de los involucrados no les interesa ni mucho menos les conviene.
*Investigador del IISUABO/ Integrante del Sistema Nacional de Investigadores
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