+ El dictamen aprobado, a iniciativa del diputado Flavio Sosa Villavicencio y del gobernador Gabino Cué, establece que la Comisión de la Verdad estará integrada por 11 personas que gocen de alto prestigio intelectual en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos, con independencia económica y política

SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, septiembre 25.- El pleno de la LXI Legislatura del Estado aprobó la noche de este miércoles el dictamen con proyecto de decreto que contiene la Ley que crea la Comisión de la Verdad para investigar los hechos que motivaron las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007.

Esta iniciativa, propuesta por el diputado Flavio Sosa Villavicencio, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), establece que el respeto y la salvaguarda a los derechos humanos es uno de los indicadores más claros del grado de avance civilizatorio de una sociedad.

Sostiene que nadie puede dudar que un componente importantísimo son las medidas que la propia sociedad toma para ver por quienes han sido vulnerados en sus derechos humanos, pues los hechos que sucedieron en Oaxaca representan un retroceso en el avance de nuestra incipiente democracia.

Aprobado con 24 votos de los legisladores presentes, ante la ausencia de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el dictamen respectivo fue emitido por las Comisiones Unidas de Administración de Justicia; de Derechos Humanos, y de Atención a Movimientos Sociales, en la sesión que presidió el vicepresidente de la Mesa Directiva, Héctor Lorenzo Inocente, del PAN, ante la ausencia del priista Maximino Vargas Betanzos.

En el texto de la iniciativa del diputado Sosa Villavicencio se recuerda que los años 2006 y 2007 en Oaxaca se caracterizaron por una persistente violencia institucional selectiva contra todas aquellas manifestaciones críticas que fueron abriendo una brecha entre éstas y el gobierno estatal.

En este periodo, señala el documento, fueron notables dos frentes bien definidos: por un lado un Estado que, asumiéndose “garante del Estado de Derecho”, no estaba dispuesto a permitir que nadie cuestionara su legitimidad ni sus acciones; por otra parte, una sociedad marginada de la política, cuyas aspiraciones de lograr una convivencia democrática se vieron frustradas por un régimen autoritario, incapaz abatir la disminución de los sectores populares en la participación del ingreso.

El dictamen establece que la Comisión de la Verdad estará integrada por 11 personas que gocen de alto prestigio intelectual en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos, con independencia económica y política.

También se señala la creación de una Secretaría Técnica, limitada jurídicamente en sus acciones frente a los integrantes de la referida Comisión.

Indica que las Comisiones de la verdad son organismos no jurisdiccionales que han surgido en un intento por conocer hechos acontecidos en el pasado; su finalidad es determinar las violaciones a los derechos humanos ocurridas precisamente durante periodos que han marcado de forma traumática a las sociedades inmersas en regímenes autoritarios o dictatoriales.

Las facultades de dicha Comisión se estipulan claramente, dotándola de las que permiten a los comisionados tener pleno acceso a los archivos que le sean de utilidad y que sirvan para llegar a la verdad buscada.

En la parte expositiva del mismo dictamen se incluye la iniciativa propuesta por el gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, donde se indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación documentaron e investigaron conforme a sus facultades los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007 en Oaxaca.

Recuerda que el titular del Poder Ejecutivo impulsó la creación del Plan Integral de Reparación de Daños Ocasionados a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, emitiéndose la recomendación 15/2007 y el Informe de Investigación 1/2007, respectivamente.

Señala que pese a diversas acciones legales, la sociedad oaxaqueña exige su derecho de conocer la verdad, por lo que resulta necesaria la creación de un órgano independiente, imparcial y autónomo, cuyo objetivo sea acopiar, documentar e investigar hechos históricos de naturaleza social, política y jurídica desde una perspectiva sociológica.

Cita que el Adéndum del 4 de junio del 2012, como respuesta a las demandas del Magisterio Oaxaqueño en materia de justicia, el Gobierno del Estado se comprometió a presentar una iniciativa de Ley para la creación de la Comisión de la Verdad que investigue los hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 2006 y 2007.

Para este proceso, las Comisiones Unidas de la LXI Legislatura tomaron como referencia el contenido de la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, en virtud de que se trata de un tema que en su estudio ha sido motivo de tratados internacionales.

Al inicio de la sesión rindió protesta como diputado local Enrique Rojas Espinoza, quien reemplaza al recientemente fallecido legislador Everardo Hugo Hernández Guzmán.