+ La LXI Legislatura del Estado entrega a la sociedad oaxaqueña un instrumento normativo que servirá para fortalecer a las instituciones y abatir viejos vicios que es necesario erradicar, sostiene el diputado Francisco Martínez Neri

SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, septiembre 25.- La LXI Legislatura del Estado, en sesión ordinaria efectuada la noche de este miércoles, aprobó con 22 votos el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

En tribuna, el diputado perredista y presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, Francisco Martínez Neri, quien presentó el proyecto junto con la diputada Ángela Hernández Solís, de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que “se trata de reformas a la ley más importante del Estado en materia de responsabilidades de los servidores públicos”.

El dictamen que avaló el pleno fue emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Administración de Justicia e Instructora, que presiden los diputados Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN, y Ángela Hernández, del MC.

La sesión nocturna de Congreso fue encabezada por el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado panista Héctor Lorenzo Inocente, quien tomó la protesta a Enrique Rojas Espinoza como nuevo legislador en lugar del fallecido Everardo Hugo Hernández Guzmán, del PRD.

Ya en tribuna, el diputado Martínez Neri señaló que en términos generales la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca fortalece la vida democrática del Estado porque propiciará el control y la supervisión de la función que desempeñan los servidores públicos.

“Se establece la pertinencia de exigirles el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el correspondiente respeto a los derechos humanos y a los intereses de la sociedad, con lo que se garantiza la vigencia del Estado de Derecho”, señaló.

Durante la sesión que se llevó a cabo con la ausencia de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, el legislador Martínez Neri sostuvo que “una transición con miras al mejoramiento de la vida democrática de un Estado o de un país no puede concebirse sin que el Poder Legislativo propicie el fortalecimiento de las estructuras normativas que establecen las responsabilidades que asumen los gobernantes en el cumplimiento de sus funciones”.

Señaló que “la reforma contiene elementos fundamentales para considerar que estamos en el camino tendiente a fortalecer a nuestras instituciones y procurar un gobierno estatal y municipal que debe comportase éticamente y generar resultados favorables para la sociedad, porque esa es su obligación”.

Explicó que con la reforma aprobada se subsanan lagunas jurídicas y de procedibilidad que a lo largo de la vigencia de la ley han constituido obstáculos para la impartición de la justicia administrativa.

También se amplían los plazos de la prescripción para iniciar el procedimiento administrativo, lo que se traducirá en que las autoridades competentes contarán con un lapso de tiempo mayor para sustanciar y resolver los procedimientos a que haya lugar, homologándolo con los plazos federales.

Se armoniza el contenido de la ley con la reforma de la Constitución estatal efectuada en el año 2011, señalando en forma coherente quiénes se consideran como servidores públicos.

Igualmente, se incorporan los principios que regirán el servicio público: eficiencia, honradez, imparcialidad, idoneidad, lealtad, legalidad, probidad y responsabilidad, porque constituyen los ejes rectores de la Administración Pública del Estado.

También se designan nuevas autoridades competentes para aplicar la Ley: la Auditoría Superior del Estado, así como los Órganos de Control Interno en los Municipios y en los Órganos Autónomos, con la finalidad de que la actividad de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno sean supervisados por las autoridades encargadas de verificar su comportamiento institucional.

Martínez Neri detalló que se incorpora como sujeto obligado a toda persona física o moral que tenga vínculos con el recurso público. Y por vez primera se crea el Registro de Seguimiento y Evolución de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos en los Órganos de Control Interno, para que exista un control sistemático de los bienes que integran el patrimonio de los servidores públicos.

En materia de la presentación de la declaración patrimonial, este documento cobra particular relevancia para determinar la situación económica y la evolución patrimonial de los servidores públicos, por lo que se especifican los órganos de control interno competentes para recibirla.

Resalta la creación de un nuevo Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, donde se anotará a quienes hayan sido sancionados administrativamente y estará a cargo de los Órganos de Control Interno.

Indicó que se incorpora como nueva obligación de los servidores públicos, señalar domicilio legal en el Estado de Oaxaca para dotar de certeza jurídica a los procedimientos y evitar la sustracción de la acción de la justicia de quienes resulten responsables.

Otra obligación de las instituciones públicas es proporcionar la información bancaria, fiscal y mobiliaria relacionada con los servidores públicos a las autoridades competentes para aplicar la ley, y la Comisión Nacional Bancaria la proporcionará previa solicitud de la autoridad competente.

Entre otros puntos importantes, se amplía el catálogo de obligaciones que deberán observar los servidores públicos, con lo que se fortalece la entrega recepción del cargo, se inhibe el tráfico de influencias, se evitan los subejercicios, se garantiza el cumplimiento de las resoluciones y observaciones que expidan autoridades como los organismos encargados de la defensa de los derechos humanos y de transparencia.

La reforma adiciona, dentro de las medidas de apremio que pueden hacer valer las autoridades competentes, el aseguramiento precautorio de los bienes, documentación, información y demás elementos que se consideren pertinentes, porque los ejecutores de la ley deben allegarse de todos los medios probatorios que orienten en la resolución de los procedimientos administrativos.

Además, se incorpora la homologación con la legislación federal para que las sanciones puedan ser impuestas hasta en tres tantos de los beneficios o lucros obtenidos, o de los daños o perjuicios causados por el sujeto responsable.

El diputado Martínez Neri reconoció el trabajo legislativo que realizaron las Comisiones Permanentes que presiden los legisladores Martínez Ramírez y Hernández Solís, para impulsar la elaboración del dictamen aprobado.

“Con ello, la LXI Legislatura del Estado entrega a la sociedad oaxaqueña un instrumento normativo que servirá para fortalecer a las instituciones y abatir viejos vicios que es necesario erradicar”, puntualizó.