OAXACA, OAX., octubre 17.- A pesar de ser uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca sigue sin traducirse en un cambio tangible el respeto a los derechos humanos, y no se ven reflejados en la creación de una política pública que transversalice toda la administración pública, señala el informe “Los derechos humanos en Oaxaca 2009-2012. Informe ciudadano: Una deuda pendiente”.
Será el 23 de octubre próximo cuando el Gobierno mexicano sea evaluado en Ginebra, Suiza, por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de un mecanismo conocido como Examen Periódico Universal (EPU), el cual consiste en revisar cada cuatro años las prácticas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los 193 países miembros de la ONU.
En conferencia de prensa, activistas de derechos humanos encabezados por Yesica Sánchez Maya presentaron el informe “Los derechos humanos en Oaxaca 2009-2012. Informe ciudadano: Una deuda pendiente”.
Ahí dijo que de las 91 recomendaciones emitidas al Estado Mexicano, sólo una ha sido evaluada como totalmente cumplida y hasta el día de hoy la mayoría han sido plenamente incumplidas.
En el escenario nacional, refirió que México es uno de los países que presenta mayor grado de desigualdad y el índice del noreste del país es similar a los países europeos, mientras que Chiapas y Oaxaca tienen IDH similares a Palestina.
“La situación del Estado de Oaxaca es particularmente preocupante”, dijo Sánchez Maya.
Refirió que el informe suscrito por 46 organizaciones ha sido enviado a Naciones Unidas y es parte de una de las 43 contribuciones de la sociedad civil tomadas en cuenta en la compilación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En él se coloca a Oaxaca en primera posición a nivel nacional en cuanto a ataques a personas defensoras, con una particular vulnerabilidad de las mujeres defensoras, de las y los defensores comunitarias y de las y los periodistas.
Las agresiones más frecuentes han sido agresiones físicas, allanamientos a casas y oficinas, intimidaciones, amenazas de muerte, asesinato, robo, detenciones arbitrarias, campañas de difamación y hostigamiento.
En los dos primeros años de la era de Gabino Cué se han documentado 40 ataques a periodistas en el Estado y tan sólo en el 2012 se han documentado 48 agresiones en contra de 30 mujeres defensoras.
Las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas se relacionan en el Istmo de Tehuantepec, donde existen 14 parques eólicos en función, seis más están en construcción. En la región de la Costa se proyecta la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reina.
En relación con el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en ninguno de los niveles educativos se garantiza su cumplimiento, al menos en cobertura.
Y es que según datos del último censo de población en cuanto a cobertura, sólo el 53 por ciento recibe educación preescolar, el 95.9 por ciento educación primaria, 90.4 por ciento educación secundaria, y apenas el 38.3 por ciento reciben educación media superior y superior.
De la violencia feminicida, dijo que esta va en aumento, pues del 2008 al 2012 se han registrado 9660 casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, feminicidios y desaparecidas. De los responsables sólo el 3 por ciento han sido sentenciados, del 2009 a 2012 se tienen registrados en diversos informes ciudadanos elaborados por organizaciones feministas 274 feminicidios, síntomas de la permisibilidad que ha generado la impunidad.
Lamentó que la tortura sigue siendo usada como un mecanismo de castigo contra los opositores políticos. Y es que en 2012, la sistematización de información hemerográfica en el Estado de Oaxaca registró 37 posibles casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En su mayoría estos hechos fueron cometidos contra activistas sociales por diversos cuerpos policíacos, esto reafirma la tendencia de criminalización de la protesta.
Refirió que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los años 2009 al 2012 iniciaron 22 averiguaciones previas por el delito de Tortura, sin embargo, hasta la fecha sólo una ha sido consignada, pero no por el delito denunciado, sino por el delito de “lesiones calificadas”, esto es, al realizar la consignación reclasificaron el delito.
Bajo esa perspectiva, se establece que “si bien los derechos humanos en Oaxaca pretenden ser uno de los ejes transversales del quehacer gubernamental, como está establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, del actual gobierno, sigue sin traducirse en un cambio tangible”.
“Si bien, se aprecian avances legislativos, estos no se ven reflejados en la creación de una política pública de derechos humanos que transversalice toda la administración pública”, agrega.
El informe fue elaborado por el Centro de Apoyo a la Educación y Creatividad A.C. (CALPULLI), Comité para la Defensa de los Derechos Humanos Gubixha A.C. (CODIGODH), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (CONSORCIO OAXACA), Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) y Servicios para una Educación Alternativa A.C (EDUCA).
