OAXACA, OAX., noviembre 19.- Una familia de desplazados de ejidos el Camarón, San Carlos Yautepec, instalaron una protesta con una cárcel simbólica frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por los daños que sufrieron, acusando a la actual delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Sofía Castro, de ser la autora intelectual del caso en su contra.
Alejandro Rojas, refirió que en el 2009 fueron desalojados con violencia y el 11 de enero del 2010 los encarcelaron por el presunto delito de daños, y fueron puestos en libertad el 18 junio del 2012, después comprobar que eran inocentes.
Además, dijo, les quemaron sus palapas y pertenencias durante el tiempo en que estuvieron presos. Alejandro Rojas, indicó que eran más de 10 las familias que habían conformado un proyecto de pesca en sus predios, pero cuatro huyeron por la violencia en su contra, dos fueron ultimados; otros dos abandonaron Oaxaca, uno se fue a radicar a Santo Domingo Tehuantepec y uno más ya radica en Santana Tavela.
El origen del problema, fue cuando recibieron un proyecto de pesca por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) del Gobierno Federal, del cual el ex agente municipal, Ismael Cortés Manzano y el alcalde Antonio Cortés Manzano pidieron un porcentaje de 500 mil pesos, al creer que las familias habían recibido varios millones de pesos.
Al negarse a entregar la cantidad de dinero al edil, fueron hostigados y finalmente acusados de daños, mientras que al estar presos les retiraron los predios y finalmente fueron desplazados.
Alejandro Rojas, señaló directamente a la delegada de la Sedatu, de ser la autora intelectual de los hechos en su contra, por el control que quiere mantener en la zona de San Carlos Yautepec.
“Teníamos presencia en la zona, y Sofía (Castro) fue la autora intelectual, contrataron a pistoleros, mandaron quemar nuestras casas y ahora somos desplazados”, señaló.
Comentó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI), les ofreció la cantidad de 80 mil pesos para comprar un terreno, pero no les ofrece alternativas para trabajar en el campo, que es lo único a lo que se dedican para su sustento.
