La ONU y el Coneval presentaron hace algunas semanas el estudio “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010” que revela que la mitad de los menores en el país, padece algún tipo de pobreza. Los datos siguen ubicando a Oaxaca Guerrero y Chiapas como los lugares en donde la pobreza se concentra, particularmente entre la población indígena.
En el caso oaxaqueño se registra que siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza, y quienes resienten mayor vulnerabilidad son las niñas por un conjunto de inequidades históricas acumuladas. La pobreza implica incumplimiento del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a los servicios básicos y a la alimentación. El estudio indica que existen más niños y adolescentes pobres que adultos en la misma condición.
En este sentido cobra relevancia la idea de “que el éxito o el fracaso de la política de desarrollo social se observaría en el cumplimiento de derechos de las niñas y niñas de sectores indígenas y de zonas desfavorecidas”, apuntada por Sergio Salazar, experto en proyectos de UNICEF.
Efectivamente, si los derechos pensados como indivisibles e integrales no se cumplen entre la población infantil y adolescente, el presente y el futuro de discursos oficiales es mera retórica, puesto que las omisiones y la falta de compromiso con este sector anticipan desde ya un futuro plagado de incertidumbre.
En términos legales e institucionales, podría admitirse que Oaxaca ha tenido avances en el cumplimiento de la Convención de los derechos del niño, a través de la Ley de Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la Ley de Justicia para adolescentes, con todas las insuficiencias que aún registran.
Además por la integración y operación desde el 2010, del Consejo Estatal para los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Cednna), instancia de coordinación institucional para la promoción de los derechos de la infancia que cuenta con representación gubernamental y de la sociedad civil.
Una de las acciones promovidas desde el CEDNNA, en coordinación con la UABJO y la sociedad civil que participa en el Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni), es el diplomado con enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este programa académico contribuyeron representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Ciesas Pacífico- Sur, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, de Incide Social, de los Centros de Integración Juvenil y de la Asociación civil Servicios para una Educación Alternativa Educa.
Un mérito del mismo es que es un proyecto participativo que involucró a universitarios, asociaciones civiles y de instancias gubernamentales, sin precedentes en México y en América Latina. A pesar de iniciativas tan importantes como ésta, todavía es mucho lo que hace falta por hacer.
El enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes aplicado a las políticas públicas es relevante y necesario si consideramos que las políticas predominantes heredadas de décadas atrás tienden a la dispersión y la desarticulación de acciones gubernamentales. Cabe considerar que todas las evaluaciones de políticas públicas y programas gubernamentales coinciden en indicar que debe existir menos dispersión y más coordinación de las distintas acciones que se emprenden.
Los datos mencionados para el caso de Oaxaca que registran que el 38 por ciento de la población se concentra en la niñez y adolescencia, marcan la relevancia acerca del enfoque de derechos para los niños, niñas y adolescentes como un tema urgente e impostergable, pues como se menciona en el documento “los derechos de la infancia y la adolescencia en Oaxaca”, se requiere que este sector se coloque en el centro de la política pública, del compromiso político y de la inversión financiera.
Investigador del IUABJO.
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt
