MÉXICO, D.F., marzo (SEMlac).- Veinte años después de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, persisten en México resistencias ideológicas y económicas que afectan la política pública para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Ello se evidencia, especialmente, en gobiernos locales o estatales, a los que las autoridades federales dirigieron recursos que crecieron 10 veces en los últimos seis años, al pasar de 160.000 dólares anuales a un millón 600.000 dólares que recibirán en 2014.

Esos gobiernos y sus diputados locales se han resistido a legislar sobre asuntos cruciales como la discriminación, la igualdad y la trata con fines de explotación sexual. Incluso, donde han legislado, no hay reglamentos o instancias para cumplir las normas.

Por ejemplo: no obstante que la federación ha auspiciado la creación de sistemas de igualdad, la tercera parte de las entidades no lo ha hecho ni canalizan suficientes recursos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Esos gobiernos, a los que hoy se juzga por muy diversos desvíos de recursos, son los que se oponen sistemáticamente a las medidas de emergencia que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin violencia, llamada Alerta de Género, y no rinden cuentas, como señalaron legisladoras que preparan un informe sobre el tema para Naciones Unidas.

La información circuló durante una reunión a la que asistieron 32 gobernadores de la República, todos hombres, al celebrarse en Puebla -a 150 kilómetros de esta capital- la XLVI Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), una instancia creada hace 13 años para el diálogo de ejecutivos locales con la Presidencia de la República, cuyo propósito es dialogar cada cuatro meses sobre la marcha del país y adoptar acuerdos generales.

A diferencia de otros países de la región latinoamericana, los gobiernos estatales en México son autónomos y forman una federación que hace que cada gobierno (32) despliegue políticas autónomas en varios asuntos, entre ellas la referida a la igualdad. Cada uno puede legislar a su modo, sin contravenir la Constitución General del país.

SEMlac tuvo acceso a esa información, conocida en la reunión que presidió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien preside el órgano de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), instancia rectora de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Por primera vez, la CONAGO recibe propuestas directas de INMUJERES para fortalecer las instancias estatales de las mujeres y el diagnóstico preciso de sus pendientes.

Para la coordinadora de la Red por un Milenio Feminista, Magdalena García, en los organismos de la mujer en los estados existe una asimetría inexplicable. Agregó que hay institutos municipales que operan con una persona y un escritorio; institutos estatales con un personal de ocho o 10 personas y otros que llegan a 300, todo ello en dependencia del interés de cada gobierno, los recursos y la voluntad política.

Se informó que a esta reunión asistió, por primera vez, la presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz, quien hizo notar que urge el fortalecimiento de las instancias estatales de las mujeres y acelerar lo que se llama armonización legislativa; es decir, crear, donde faltan, leyes acordes a las leyes generales.

Por ejemplo, solamente 30 de las 32 entidades del país han decretado una Ley de Igualdad, o 20 entidades han creado sistemas de igualdad, pese a los compromisos firmados.

De la misma manera, instó a los gobernadores a reforzar las leyes y las políticas públicas con suficientes presupuestos. Según el análisis de Magdalena García, muchos gobiernos estatales apenas aportan 10 por ciento de los recursos.

En muchos casos se han opuesto a las políticas nacionales. En Guanajuato, por ejemplo, se han quemado libros de textos que explican la sexualidad o las instancias de las mujeres funcionan con ideas o políticas del siglo XIX, como sostiene el centro Las Libres, que preside Verónica Cruz, además de que en muchos casos esas instancias no cuentan con estructuras sólidas y permanentes.

En cuanto a la política para aminorar y eliminar la violencia contra las mujeres, todas las entidades del país han creado el sistema estatal de prevención de la violencia, pero sólo invierten los recursos federales y no propios, lo que hace más lentos los resultados. Ahora está por resolverse una modificación legal federal para centralizar la justicia. No se sabe si estarán de acuerdo los gobernadores.

De acuerdo con las participantes de un foro organizado por el grupo Feminista Socialistas sobre la Alerta de Género, el 22 de febrero en esta capital, no hay suficientes expertas para construir análisis o diagnósticos confiables.

La Comisión Independiente de los Derechos Humanos, en el Estado de Morelos, tiene datos contundentes sobre violencia contra las mujeres, que sistemáticamente contraviene el gobierno local que preside Graco Ramírez, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Actualmente, solo 30 de las 32 entidades tienen una Ley de Igualdad; apenas 22 han legislado sobre discriminación, pese a que la convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) fue reconocida en México hace 33 años; y únicamente 25 han legislado sobre la trata.

Para comprender lo que la doctora Marcela Lagarde llama resistencia a cada avance que consiguen las mujeres, luego de participar hace 12 días en un balance sobre la conferencia Beijing 1995, habría que mencionar un solo ejemplo: en 26 estados se castiga más el robo de ganado que el abuso sexual, en cuatro todavía se exculpa el estupro y en nueve el rapto se resuelve si se contrae matrimonio.

De ahí el llamado en CONAGO a que los gobernadores tomen conciencia, responsabilidad y cumplan con dos de las novedades comprometidas por el gobierno federal: la tercera línea del Plan Nacional de Desarrollo, relativa a transversalizar la perspectiva de género en todos los programas de gobierno de la República; y el Programa Nacional de Igualdad 2012-2018, que establece claras responsabilidades de los gobiernos para favorecer la igualdad sustantiva, abatir la violencia contra las mujeres y destinar recursos para políticas públicas.

A las leyes centrales de Acceso a una Vida Sin Violencia de 2007; la de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006; la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, que no se cumplen, habría que agregar modificaciones a la Constitución de 2011 por la que se obliga el Estado mexicano a respetar y promover los derechos humanos sobre la base de las convenciones y acuerdos internacionales.