El conflicto entre la agencia municipal Álvaro Obregón y la cabecera municipal de Juchitán está lejos de ser un caso aislado o restringido a un asunto local; por el contrario, se muestra con un conjunto de características propias de los movimientos por la defensa del territorio ante elites rapaces, que se multiplican cada vez más en otros lugares de Oaxaca, del país y de América Latina.
Entre las múltiples aristas del caso encontramos que se trata de la intervención de la población nativa para detener un proyecto de Mareña Renovables, una de las empresas transnacionales dedicadas a la construcción y explotación de parques eólicos. Esta interrupción seguramente afectó una cascada de intereses que van desde los dueños del negocio y sus subordinadas burocracias gubernamentales, hasta los operadores locales.
En esta trama se revela el desgaste del cabildo juchiteco sometido al personalismo del presidente municipal y anclado en la vieja idea de subordinación de las agencias municipales a la cabecera. Esta situación, generó la protesta de la Asamblea Comunitaria de la Agencia Álvaro Obregón ante el desconocimiento de la elección que realizaron el pasado mes de diciembre y una pretendida imposición a la conveniencia del presidente juchiteco.
La COCEI, que con sus luchas marcó un hito en la historia municipalista del país en la década de los ochenta, muestra tres décadas después la otra cara de la moneda, su semejanza con los actores que en su momento combatió. En pleno neoliberalismo, los vínculos coceístas no son únicamente con los gobernantes en turno, sean del PRI o de la alternancia, sino que también responden a los intereses del capital depredador que una organización de izquierda debería combatir.
EL anquilosamiento de esa organización en el poder municipal se puede notar en las limitaciones de los dirigentes en alentar procesos de renovación de cuadros, puesto que vemos a los mismos de siempre; tampoco les importa la atención de sectores desfavorecidos, como los habitantes de las agencias, y mucho menos les interesa promover la participación de las mujeres en puestos de dirección. Treinta años después las mujeres coceístas, muy activas en las movilizaciones, bien harían en exigir cuotas de representación por género a sus eternos dirigentes.
Como podemos observar por la cantidad de ingredientes, lo que observamos en Juchitán no es una disputa más entre una agencia y su cabecera, sino que este municipio es el reflejo de los vicios del régimen político mexicano, ahora recargado con su forma neoliberal. Si hablamos del desgaste de los partidos políticos de derecha, no hay más que decir puesto que su naturaleza es el servilismo a intereses privados, pero cuando se habla de los partidos políticos de izquierda que dan cobijo a la COCEI, resulta preocupante, pues dada su historia esta organización tendría que estar en la lucha por las causas sociales.
Así podemos entender porqué la asamblea de Álvaro Obregón se deslinda de los partidos políticos y defiende sus sistemas normativos internos como resistencia ante las complicidades políticas de las transnacionales que pretenden el despojo de sus territorios. No podemos dejar de observar que los mayores niveles de conflictividad se observan en aquellos lugares en donde esas empresas privadas tienen presencia, como son La Ventosa y Playa Vicente, así como en el municipio huave de San Dionisio del Mar, en donde los habitantes se dicen “cansados de que por ser indígenas y hablar nuestra lengua materna quieran imponernos a un gobierno que no merecemos” (La Jornada, 19/01/14).
En esta agencia de Juchitán, la población ha indicado que no permitirá ningún tipo de propaganda partidista ni que las elecciones se realicen por el sistema de partidos, pues por acuerdo de asamblea a partir de este año elegirán a sus autoridades por usos y costumbres. Esta actitud muestra dos aspectos, la crisis de la representación partidista y el ascenso de los reclamos autonómicos que la clase política todavía no alcanza a comprender.
En términos económicos y contra los supuestos de que los megaproyectos traen consigo más empleos, mejores remuneraciones y condiciones de bienestar para la población nativa, las experiencias latinoamericanas revelan lo contrario, trátese de presas, minas o parques eólicos; en la red se pueden encontrar testimonios de la Confederación Nacional de Comunidades de Perú o los Mapuches de Chile, por mencionar algunos.
Por no ir tan lejos, podríamos considerar el reclamo de la asamblea de Unión Hidalgo en el Istmo de Tehuaantepec a la empresa Demex, operadora del parque eólico en esa municipalidad, al indicar que “tiene tres años generando electricidad sin ningún beneficio para el pueblo” (La Jornada, 6/03/14). Al respecto, es claro que esas empresas no van a invertir en obra social; el capital tiene su lógica centrada en la acumulación y la máxima ganancia.
Mientras tanto, el conflicto juchiteco continúa como uno de los nudos del régimen, con fuertes ataduras desde sus raíces locales que obstruyen cambios democráticos debido a la persistencia de cacicazgos históricos protegidos por partidos políticos y ahora, fertilizados por los intereses del capital transnacional en la región.
Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx
