“La presencia de la minería ha provocado conflictos graves al interior de las comunidades en las que se ha otorgado una concesión sobre su territorio”, registra el Informe de la Misión Civil de Observación, “Justicia para San José del Progreso”, con la participación del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.
El informe detalla los conflictos y divisionismos políticos y sociales en la localidad de San José, que ha derivado en situaciones de violencia y dos homicidios de integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, opositora a la empresa minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines, que se estableció en la región desde el 2006 y que ha logrado concesiones con una vigencia de cincuenta años.
El proyecto minero se desarrolla en un clima de desinformación sobre impactos ambientales, ausencia de consulta a las comunidades involucradas, compra-venta de tierras a precios raquíticos, aprovechándose con ello, de la situación de pobreza que persiste en la región. Los testimonios de habitantes recabados por la Misión Civil refieren la disminución de los niveles de agua y contaminación de la misma, los excesos de ruido por el uso de maquinaria pesada y conflictos al interior de las familias y de la localidad.
Casos como el de San José, que al parecer van en ascenso, reflejan una tendencia a la conflictividad política y social, por la imposición de megaproyectos y rechazos de comunidades en donde se pretende su implantación, situaciones que ocurren en medio de vacíos de mecanismos y estrategias de conciliación; las posiciones se asumen en pugna, de lógicas confrontadas, y no hay puntos intermedios.
Por una parte, las transnacionales e instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal que impulsan proyectos de minería en menoscabo y deterioro de la vida de las comunidades afectadas, y por el otro comunidades que cada vez se articulan más entre sí para la defensa de sus territorios.
Otro documento que refiere la expansión de la actividad minera en Oaxaca es “El Informe Ciudadano, una deuda pendiente, Los derechos humanos en Oaxaca 2009-2012”, elaborado por un conjunto de asociaciones civiles. Éste registra que en el transcurso de una década se han entregado en la entidad 344 títulos de concesión minera, cubriendo una superficie total de 742,791.02 hectáreas que representan el 7.78% del territorio estatal.
Contra el supuesto de los beneficios socioeconómicos de ese tipo de proyectos en materia de generación de empleos, desarrollo de obras sociales y de mayor bienestar, encontramos estudios como el publicado por la Comisión Económica para América Latina a fines del 2013, titulado “Desarrollo minero y conflictos socioambientales”, de la Serie Macroeconomía del desarrollo, el cual registra que México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos socio- ambientales provocados por la minería.
El estudio indica que las empresas mineras generan contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa.
El organismo atribuye los conflictos a la falta de una legislación que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales entre otras, así como también a la falta de firmeza de los gobiernos en el monitoreo y las sanciones ante la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible.
Sobre México, el diagnóstico de la CEPAL enlista casos por minería abierta, pero también por exposición a metales pesados, conflictos territoriales, disputa por la ocupación de tierras o problemas de precios en la compra de terrenos. Justamente lo que reporta el Informe de San José.
En este marco podrían leerse también los trabajos emprendidos en Tlamanca, Puebla, para la resistencia en contra de la minería a cielo abierto, en el que participan más de 500 activistas en defensa de la tierra y del agua de pueblos indígenas, entre ellos nahuas y otomíes de esa entidad, además de otros provenientes de Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Colima, Guanajuato y Oaxaca, así como de Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras (La jornada, 15/03/14).
La causa compartida es frenar el deterioro ambiental de los proyectos mineros que se ejecutan en condiciones desventajosas en territorios rurales e indígenas, provocando deforestación, contaminación de terrenos de cultivo, de ríos y arroyos por el uso de sustancias químicas.
La organización que promueven los colectivos emergentes es por la defensa de la salud y el desarrollo de estrategias para exigir el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1990 y que 24 años después, aún sigue como letra muerta.
Investigador del IISUABJO
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